El Senado le dio seis meses al Ministerio de Transportes para que regule esta normatividad que se está aplicando en muchas ciudades del país, con múltiples denuncias y abusos denunciados por los conductores, aquí sus alcances.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya Martínez, celebró este jueves la aprobación del Proyecto de Ley 212 de 2016 en el Congreso de la República que busca darle facultades al Ministerio de Transporte para regular las condiciones para la implementación de los dispositivos de fotomultas en todo el país.

Este Proyecto de Ley, aprobado en plenaria de la Cámara en cuarto debate, le dará mayor importancia a la prevención en sitios que estadísticamente registran un alto índice de accidentalidad, los que además deberán contar con suficiente señalización para los usuarios de las vías.

“Las fotomultas van a continuar, pero con un concepto distinto: con un concepto técnico, de seguridad vial y no con un concepto lucrativo como se venía presentando en algunas ciudades del país. Es un paso muy importante esta decisión del Congreso de la República”, manifestó el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, al cierre del debate.

El viceministro afirmó que en lo sucesivo, las fotomultas tendrán que cumplir requisitos técnicos como, por ejemplo, ser instaladas donde exista riesgo de accidentalidad vial y estar señalizadas a 500 metros, con el fin de que los conductores sepan que van a llegar a una zona con alto riesgo.

Así mismo, aclaró que los alcaldes de las ciudades que decidan instalar este tipo de elementos deberán solicitar autorización al Ministerio de Transporte, de acuerdo a la reglamentación que expedirá la Entidad para tal fin, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la República.

Maya confirmó que la aprobación de este proyecto de ley no tiene efecto retroactivo, es decir, no incide sobre los comparendos ya realizados. Las nuevas fotomultas que se generen deberán ajustarse a los parámetros de la nueva ley.

De esta forma, se pone en cintura las fotomultas, consideradas por muchos ciudadanos como ‘tramposas’, quienes se quejan permanentemente  de la existencia de cámaras escondidas o incorrectamente señalizadas, y cuya implementación  deja una alta rentabilidad a favor de los operadores privados y no a los entes territoriales.

Las concesiones que ya tienen cámaras instaladas para este fin en las vías del país, una vez el Ministerio expida la reglamentación, tendrán un plazo para adecuarse a los sitios donde deben estar ubicadas y a los criterios técnicos definidas en la misma, o de lo contrario deberán proceder a desinstalarlas.