El proyecto de ley de tierras que busca poner en marcha el punto agrario acordado con las Farc, en La Habana, ha levantado un polvorín. Aunque se anticipaba que la propuesta del gobierno tendría un amplio debate, dada la sensibilidad que despierta el tema, la verdad es que la reacción ante la iniciativa ha ido mucho más allá. Para empezar, a la izquierda no le gustó el enfoque y cuestionó su contenido pues lo considera contrario al acuerdo de paz, ya que propicia la mayor concentración de la tierra. Por su parte, sectores de la derecha pusieron el grito en el cielo y se declararon en máxima alerta porque, en su opinión, pone en riesgo el derecho a la propiedad privada.
El hecho de que los dos extremos del espectro político se sientan inconformes con el proyecto podría verse como positivo, pues significaría que la ley es equilibrada, ya que una reforma agraria toca muchos intereses. Sin embargo, en este caso es preferible lograr el mayor consenso posible, pues como dice Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la implementación del punto uno de La Habana “no puede convertirse en una fuente de nuevos conflictos”.
Hay que reconocer también que un sector de la opinión lo ha encontrado balanceado, sin desconocer que pueda ser objeto de mejoras en algunos puntos específicos. Lo cierto es que el proyecto de la llamada Ley de Tierras –según el gobierno van más de 30 borradores– ha desatado una reacción en cadena en los últimos días. Algunas de ellas, la declaración del Consejo Gremial Nacional, la carta de congresistas y organizaciones no gubernamentales, varios artículos de opinión en los diarios, debates en la radio y un fuerte editorial en La República, que califica la iniciativa de ser “la venezuelanización del agro”.
VÍA DECRETO
Antes de entrar en la minucia del articulado, hay que señalar que el gobierno sacará esta ley por vía de decreto y no la tramitará en el Legislativo –ni siquiera por fast track– lo que también ha generado críticas. La razón, según el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, es que las facultades extraordinarias, que el Congreso le dio al presidente de la República, le permiten expedir decretos con fuerza de ley en los casos donde no haya cambios en normas de carácter orgánico o reformas constitucionales.
Sin embargo, la decisión tiene más de cálculo Gobierno sacará esta ley por vía de decreto y no la tramitará en el Legislativo –ni siquiera por fast track– lo que también ha generado críticas político pues en el Congreso es difícil tramitar una reforma agraria, ya que, como sucede con la tributaria, una cosa es la que entra al Legislativo y otra la que sale. No es un secreto que en este asunto los parlamentarios tienen demasiados intereses.
Hay quienes creen que para desarrollar el punto uno de La Habana no se necesita una reforma tan ambiciosa como esta, que tiene 166 artículos. Para avanzar en las dos metas centrales del acuerdo con las Farc, es decir, sobre los 3 millones de hectáreas para el fondo de tierras (para darles a los campesinos) y la formalización de 7 millones de hectáreas (equivalentes a 8 millones de predios) en los próximos 15 años, bastaría con modificar algunos temas de la actual legislación. Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), no piensa así. Cree que sí se requiere una cirugía de fondo para simplificar más de 50 trámites, para adjudicar baldíos y para transformar la forma como opera la institucionalidad en este sector.
Hoy en la práctica, adjudicar un baldío puede tomar entre tres y cuatro años. También es cierto que el gobierno quiere –antes de que se le agoten las facultades extraordinarias– expedir una nueva legislación agraria, derogando la actualmente existente (Ley 160 de 1994). Su idea es despejar la incertidumbre jurídica en torno a la propiedad de la tierra, lo que ha engavetado muchos proyectos agroindustriales y congelado cuantiosos recursos, principalmente en la altillanura. Al despejar el panorama podría retornar la inversión al campo y Colombia aprovecharía su potencial de ser una verdadera despensa agrícola.
LAS PREOCUPACIONES
En el alboroto armado con la propuesta del gobierno hay de todo, desde preocupaciones válidas y algo de desinformación hasta interpretaciones sesgadas de algunos sectores. En todo caso, el gobierno ha ido recogiendo las recomendaciones surgidas en el proceso de socialización por todo el país. Según el ministro Iragorri, los gremios han presentado 35 observaciones y asegura que todas se tendrán en cuenta.
Uno de los temas más controversiales tiene que ver con el derecho a la propiedad privada, contemplado en el artículo 58 de la Constitución. Hay quienes sostienen que se ha puesto en riesgo este principio base del modelo económico del país, aunque el gobierno prometió que no sería negociable en La Habana. A algunos dirigentes gremiales y analistas les preocupa que no ven claras en el proyecto la compensación económica ni la indemnización en los casos de expropiación, por lo que lo han calificado de ser una ley confiscatoria. El gobierno ha descartado de plano esa posibilidad.
El ministro de Agricultura asegura que nada ha cambiado frente a la normatividad vigente en lo que tiene que ver con la propiedad privada. Afirma que si es necesario serán redundantes en el articulado, para que ello quede claro y harán los ajustes pertinentes. “Es falso que estemos copiando a Venezuela. Este no es un proyecto de ley para expropiar tierra, sino para darles más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y poner a producir el país”, dijo Iragorri.
En los casos de expropiación por interés público sigue operando la compensación económica, como lo dicta la legislación actual, y la Agencia Nacional de Tierras no la decidirá, sino los jueces. Ahora bien, el gobierno corrigió un tema que tenía muy preocupados a los empresarios.
El proyecto decía que el concepto de interés público podría incluir los acuerdos de La Habana. El temor radicaba en que esta causal era muy general y podría prestarse a mil interpretaciones, por lo tanto el gobierno prefirió eliminarla del articulado. Atendiendo las observaciones del Consejo Gremial Nacional, el gobierno también acogió las sugerencias que señalaban que no era conveniente darles tantas facultades a la Agencia Nacional de Tierras, especialmente las jurisdiccionales.
En cuanto a la extinción de dominio, cabe anotar que nunca ha habido indemnización y tampoco la habrá. Esta es una figura extrema que ha existido de tiempo atrás en la legislación agraria, con la idea de poner a producir la tierra, pero la verdad es que en la práctica nunca ha funcionado.
Se espera que ahora lo logre. El cambio hecho a esta figura, según Miguel Samper, consiste en ampliar las garantías en los casos de extinción de lotes de engorde o de uso especulativo de la tierra. Se dará aviso al afectado con seis meses de anticipación, para que pueda corregir su circunstancia y explotar su tierra. Ahora bien, la extinción estará en cabeza de la Rama Judicial y no de la administrativa, aclara el funcionario. Frente a las fincas de recreo, que son tierras improductivas, el gobierno hizo ajustes para sacarlas de la extinción de dominio. La nueva legislación precisará que serán improductivas solo las que excedan una extensión que será definida más adelante.
Pero las anteriores son solo las observaciones de un sector de la opinión. A los congresistas del Polo Democrático, como el senador Iván Cepeda, el proyecto les dejó un mal sabor. Afirman que va en contravía de lo planteado en La Habana, al privilegiar el derecho al uso de la tierra en los baldíos sobre el objetivo de dotar de tierra a los campesinos. Consideran que la propuesta propicia la acumulación de tierras para fines empresariales, lo cual, dicen, “reducirá la superficie disponible destinada para el campesinado y para la producción alimentaria”.
En síntesis, la controversia en torno a este proyecto de ley ratifica que la implementación de lo acordado en La Habana no sería una tarea fácil, pues pondría a muchos nerviosos y pisaría muchos callos. No en vano el conflicto que ha vivido Colombia tiene su raíz en la tierra.
