Esta semana dos hechos marcaron la política del país. El jueves fue radicado en el Congreso una de las iniciativas más esperadas, la Reforma Política y Electoral que busca combatir la corrupción, la politiquería y fomentar la transparencia en las elecciones venideras, y que sería tramitada mediante la vía fast track, lo que significaría que solo podría cursar cuatro debates. Sin embargo, este momento estuvo marcado por el fallo que al mismo tiempo emitió la Corte Constitucional que tumbó la obligatoriedad que tenía el Congreso de votar en bloque las leyes que vinieran de la implementación del proceso de paz, pues consideró que esto violaba el principio de separación de poderes.
Alejandra Barrios, directora de La Misión de Observación Electoral, MOE, quien hizo parte de la Misión Electoral Especial, por mandato de los Acuerdos de La Habana, considera que este hecho pondrá a tambalear la reforma y alargará el debate hasta volverla inviable.
¿Cómo estuvo el proceso de consolidación de propuestas por parte de la Misión Especial Electoral de cara a la Reforma Política?
Empezamos el 16 de enero este trabajo en el marco de la Misión Especial Electoral que surge de los Acuerdos de la Habana, en donde se decidió que estaría conformada por 7 personas, seis personas naturales y una persona jurídica que somos nosotros La Misión de Observación Electoral. Nos dieron tres mandatos: en primer lugar, ¿cómo se moderniza el sistema electoral?, el segundo, hacer propuestas que profundicen la democracia y un tercer mandato, los temas de las FARC no son temas de la Misión Especial Electoral, los temas de las FARC son temas del Congreso de la República y se están haciendo de manera directa entre el Ministerio del Interior con el Congreso de la República.
¿En qué radicaron las propuestas?
Se construye sobre un trípode: la arquitectura institucional, ¿cómo mejoramos las instituciones que son las responsables de gobernar y de vigilar los procesos electorales y el ejercicio de la política?; ¿cómo logramos que en territorio tengamos una mejor calidad de la democracia y haya una mayor participación de los ciudadanos?; en tercer lugar, todo el tema de la financiación de la política visto como garantías para que puedan competir los partidos con mayor equidad en términos de acceso a los recursos económicos, pero también desde la financiación y la necesidad de poder tener mayores mecanismos de vigilancia y control sobre los recursos que entran a las campañas políticas.
Son temas bastante gruesos, hablemos de la institucionalidad electoral.
El titular que acompaña la institucionalidad electoral es la democracia local, necesitamos que sean profundamente democráticos en su interior que permitan una selección de candidatos que les brinde a los territorios los mejores hombres y mujeres de cada partido a través de listas cerradas. Necesitamos autoridades con la capacidad de poder controlar el ingreso de los recursos tanto por debajo de la mesa como los que se ponen por encima de la mesa; hoy no tenemos autoridades que tengan ni el músculo, ni los dientes para poder hacer eso; es decir, ¿hoy no sabemos cuánto vale una campaña en Colombia?
¿Pero no existe ya el Consejo Nacional Electoral que ejerce ese control?
Hicimos dos propuestas básicas y sencillas pero que van al corazón de la compra de votos de la trashumancia electoral, de la irresponsabilidad de los partidos cuando entregan avales a personas que posteriormente terminan sancionadas. Necesitamos un Consejo Nacional Electoral que no sea de origen político y que tenga autonomía financiera y administrativa, que tenga los recursos para poder investigar y de manera autónoma controle las diferentes organizaciones políticas y todo el proceso que organiza la Registraduría Nacional. Hoy el Consejo Nacional Electoral no se entiende como mayor de edad porque la plata no la maneja él y si necesita hacer una investigación tiene que ser otro el que la haga. Esto se soluciona con un Consejo Electoral Colombiano que sea de origen independiente, que no venga de los partidos políticos, que tenga autonomía financiera y que tenga una independencia de los partidos y de la Registraduría Nacional.
¿Quiénes deberían integrar el CNE?
Estaría conformado por siete ciudadanos que vendrían de las tres Cortes: La Suprema, La Constitucional y el Consejo de Estado; que tendrían periodos escalonados que se vayan haciendo cada año, se le pone unas inhabilidades muy claras: no pueden haber sido candidatos, ni funcionarios, ni contratistas de ningún partido político.
¿Y la segunda propuesta sobre institucionalidad?
Era la creación de una Corte Electoral que es la que desafortunadamente creemos que no fue acogida por el Gobierno Nacional, el Consejo Nacional Electoral ya se pronunció en contra desde el inicio y lo que queríamos es que los Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado vinieran a conformar esa Corte porque necesitamos una justicia pronta y oportuna. Hoy tenemos una elecciones atípicas porque no se toman las decisiones que se deben tomar antes, y es saber si la persona está habilitada para presentarse o no.
¿Esa Corte Electoral no es quitarle funciones al Consejo de Estado?
Salieron como locos a gritar van a crear algo como Venezuela, van a crear algo como Ecuador y lo que demuestra eso, es una gran cantidad de desconocimiento, Venezuela solo tiene una Corte, que tiene lo electoral, lo constitucional, todo está concentrado en una gran Corte. En Colombia hay una Corte para cada cosa y estamos diciendo que debería haber una Corte Electoral Judicial para inhabilidades, para que tome las decisiones, que sean tomadas por Magistrados, que todas las disputas que hay sean resueltas por la Corte y en muy poco tiempo.
Pero ha habido críticas por parte del Registrador…
El Registrador se opuso a unas propuestas de reforma que teníamos frente a la Registraduría y también frente a la creación de la Corte Electoral, pero quizás uno de los mayores opositores fue Lizcano, Presidente del Senado, quien utilizó como argumentos fuertes que esto era como Venezuela y que los problemas no están en la institucionalidad, que aquí el problema es la compra de votos y la entrega de avales; cuando la realidad es que la institucionalidad que existe, no tiene la capacidad de controlar las 112 mil campañas políticas que tuvimos en las pasadas elecciones, los partidos políticos donde los enemigos son los mismos de la lista de los otros partidos generan una competencia por los recursos y no hay autoridad que pueda controlar eso.
¿La lista cerrada será el instrumento para lograr mayor participación ciudadana?
No puede haber transfuguismo entre los diferentes Partidos. Si tú eres en este momento Senadora del Partido Conservador para las próximas elecciones no podrías ser candidata al Senado por el Partido Liberal si no hubieras renunciado un año antes de las inscripciones, dependiendo de la capacidad de poder político que tienes en tú región quedas ubicado en un puesto, pero acuérdate que yo hago el voto preferente, tú puedes estar en el puesto 100 y quedar en primer lugar porque todos van y votan por el 100 porque tienes un gran electorado, lo que se está diciendo es que ya no se puede hacer eso.
Explíquenos mejor el tema.
El partido hace una consulta interna que define el orden y en ese orden voy y voto por el logo del partido, y de acuerdo al orden interno se escogen las curules. Significa que los partidos tendrían que presentar planchas únicas. Hoy se vota por un candidato y no por una lista. En este sentido, el partido termina siendo el responsable de la financiación. Si hay alguna indelicadez de aceptar dinero de alguna banda criminal o de un narcotraficante se sanciona todo el partido. La responsabilidad política la tiene el partido y la lista. El mensaje es que no podemos cerrar las listas, sería una gran equivocación si no tenemos democracia interna, no podemos cerrar las listas sin generar unos mecanismos para que no gobierne el lapicero y para crear poderes autoritarios dentro de los partidos. Eso significa democracia en las regiones.
Ella es Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE.
¿Cómo combatir la corrupción en el financiamiento de campañas?
Esa es la más dura, esa implica muchísimas cosas para los ciudadanos, empresarios, para el sistema financiero colombiano, para las autoridades de control, para candidatos y partidos políticos. Se están cruzando demasiados intereses ilegales, cuando hablamos de poder local estamos hablando también de poder territorial, y se encuentran diferentes tipos de ilegalidad que van desde bandas criminales pasando por minería ilegal, contrabando, trata de blancas, venta de armas, presencia de grupos armados ilegales, en diferentes territorios. Los costos de las campañas en Colombia han llegado a unos límites que se salen de la imaginación, hoy no sabemos de verdad ¿cuánto vale una campaña política?, no tenemos claro ¿quiénes son los que financian las campañas políticas?, no hay un seguimiento para saber ¿cuál es el retorno en términos de contratación? Entonces, la propuesta es una financiación preponderantemente estatal que vamos a tratar de equilibrar el poder que tienen los partidos más grandes para conseguir recursos como lo tienen los partidos más pequeños. Nadie financia un partido político por hacer una actividad social. Hay un interés, lo que hay que tener claro es ¿quién da la plata? y ¿cuánta plata da?, para saber de manera razonable cómo controlas ese ejercicio de retribución, por eso, a veces encontramos los ‘elefantes blancos’. Tenemos una Ley que dice que quien financia a un candidato en determinado territorio no puede contratar después, ¿dónde está la base de datos y el registro que se hace para eso?
¿Pero no se supone que todos los candidatos registran los montos de sus campañas y de dónde provienen sus recursos?
¡Te mueres, no lo vas a encontrar, eso no existe! Creamos la figura pero nunca se hace. Por eso, lo que señalamos es que el 100% de financiación del Estado es una locura, eso no ocurre, pero se necesita un mecanismo mixto de vigilancia y control a los recursos que entren, tenemos la compilación de las leyes más seguras en el mundo pero no creamos los mecanismos a través de los cuales puedes hacer que sean reales.
Uno de los temas polémicos que se está sugiriendo son funciones de policía a la autoridad electoral. ¿Cuál es la propuesta?
Es de policía judicial que tenga el poder de entrar a las sedes a hacer investigación y expedir los documentos. Hacer interceptación de llamadas, hacer seguimiento de la financiación de las campañas.
Se radicó el proyecto de reforma política por parte del Gobierno Nacional al Congreso, ¿cuál de todas las sugerencias considera que no se tuvo en cuenta?
Hubo una posición muy fuerte del Consejo de Estado de no entregar funciones, lo que señala es que hacer una reforma de la Sección Quinta para obtener una justicia más pronta y oportuna, es una oportunidad perdida para el país; ahora la gente va a saber para qué sirve el Consejo de Estado. Si las ternas y la elección se hacen de manera partidista, no se hizo nada. Si se termina entregando nuevamente al Congreso o al Partido no hicimos nada. Si no tienen presencia en los departamentos no hicimos nada; si no trabajas en la generación de partidos democráticos, más allá de llegar a lista cerrada que es la forma en que pueden materializar propuestas, lo que sigues teniendo son partidos de franquicias, de familias.
¿Todo este esfuerzo no se fue al traste con el fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track?
Ese fallo va a enredar y alargar el debate, creo que va a terminar hundiendo la propuesta de reforma y va a poner a tambalear todo.
¿Y qué cree que va a pasar ahora?
Lo que puede pasar es que empiezan a colgarle al proyecto de reforma como si fuera un árbol de navidad hasta que lo hacen inviable.
Desde la dirección de la MOE, cargo que representa en este momento, ¿qué le dejó esta experiencia?
Descubrí que todos los colombianos podemos coincidir completamente en el diagnóstico, y tú tienes que avanzar en los cambios, pero cuando éstos tocan poderes, no importa que el diagnóstico te haya dicho cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer para salir de ese problema, porque muchos no quieren que los muevan de donde están sentados. Yo hoy siento que cuando hablan de institucionalidad, está diciendo: ¡déjeme quieto, no me toque!
