El presidente Juan Manuel Santos acaba de firmar el decreto con fuerza de ley que crea la Comisión de la Verdad. Esta es parte de los acuerdos de La Habana y pieza esencial del engranaje de justicia transicional diseñado allí. Su importancia se ha visto opacada por el protagonismo que ha tenido el debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, otro de los pilares del sistema para poner punto final a las heridas que ha dejado abiertas la guerra en Colombia.
La comisión tendrá cinco objetivos: Conocer las graves violaciones que ocurrieron en Colombia por cuenta del conflicto. Conocer el impacto desproporcionado que este tuvo en algunos grupos específicos como las mujeres, los líderes políticos o las comunidades étnicas. Apreciar el efecto devastador que tuvo la violencia política sobre la democracia. Entender la complejidad de las dinámicas de un conflicto largo. Reconocer las responsabilidades en las que incurrieron los protagonistas y sentar las bases de la no repetición.
Tal como quedó establecido en el acuerdo de paz, durará tres años, y estará compuesta por 11 personas que deben ser postuladas públicamente y seleccionadas por el mismo comité de cinco expertos que elegirá a los magistrados de la JEP. Adicionalmente, es de carácter extrajudicial, es decir, que lo que allí se consigne no podrá convertirse en prueba judicial, y, finalmente, tendrá audiencias públicas.
La comisión ha generado regocijo entre las víctimas, pues este tipo de entidades nacen pensando en ellas, y forman parte de la reparación a la que tienen derecho. También entre el sector académico y quienes en la sociedad civil consideran que la verdad es una especie de hilo para suturar las heridas que deja la guerra y para hablar de reconciliación. Sin embargo, esto no será tan fácil. La Comisión de la Verdad en Colombia enfrentará desafíos monumentales. De la forma como se aborden pueden remediar muchos males, o, por el contrario, convertirse en metástasis de otros. Por eso también muchos sectores tienen serios interrogantes sobre si este es el momento adecuado para crear este tipo de comisiones y si el país está maduro para ello. La experiencia internacional no es muy halagüeña al respecto. Para empezar, una comisión, justo porque actúa desde una dimensión ética y política, tiene que tener una gran legitimidad. En Colombia ni el acuerdo de paz ni el sistema de justicia transicional gozan de un amplio respaldo.
LOS EFECTOS DEL PLEBISCITO
El plebiscito del 2 de octubre de 2016 significó un daño irreparable al espíritu de reconciliación y convivencia que subyace en el acuerdo de paz. Más grave aún, en el plebiscito se vivió una disputa de narrativas sobre el conflicto: una que defiende el uribismo y que puede resumirse en que los únicos responsables de crímenes graves en Colombia son las Farc. Y otra, la del gobierno, según la cual en la guerra todos los actores cometieron atrocidades, incluidos militares y sectores de las elites. Por eso los opositores de derecha consideran que la Comisión de la Verdad es un cuchillo afilado en La Habana en su contra. En otras palabras, el contexto de polarización política es un enorme desafío para que una comisión pueda trabajar. El otro factor crucial de legitimidad está en la independencia de los comisionados y, en particular, de la figura del presidente de la misma. No será fácil encontrar a personas que le den confianza a todo el mundo, pues el conflicto colombiano, justamente por largo, permeó a muchas instancias, estigmatizó a muchos líderes, y sembró desconfianzas profundas.
Un segundo debate en torno a la Comisión de la Verdad es si la sociedad está preparada para mirar el pasado serenamente. Algunas comisiones se han creado años después de terminar los conflictos, como en Alemania. Eduardo Pizarro cree, por ejemplo, que hay que consolidar ciertos aspectos de la transición de la guerra a la paz, como reincorporar los combatientes, antes de afrontar una tarea como la de la verdad. Sin embargo, ya la comisión tiene vida legal y hacia adelante se trata más bien de establecer cómo evitar que se convierta en un espacio de revancha.
¿SAL A LA HERIDA?
Cómo lograr que no le eche más sal a las heridas, sino más bien ofrezca un espacio para comprender el contexto de la guerra. Esto es particularmente crítico porque las audiencias de la comisión serán públicas, en territorios donde hoy el posconflicto no está consolidado y, por el contrario, asesinan a líderes cada día, hay amenazas permanentes, y signos serios de reciclaje de la violencia.
Un tercer elemento muy particular de esta comisión es que, a diferencia de muchos países, en Colombia ya se sabe bastante sobre lo que aconteció en el conflicto. Por lo tanto, más que descubrir lo que ocurrió, esta comisión deberá buscar que cada sector involucrado reconozca sus responsabilidades. Sobre lo ocurrido se han escrito innumerables volúmenes. Solo el Centro de Memoria Histórica ha publicado más de 50 informes, entre ellos el ¡Basta ya!, un relato exhaustivo sobre medio siglo de guerra desde la perspectiva de las víctimas.
Diversas ONG tienen informes detallados, así como la propia Justicia, especialmente la Unidad de Contexto de la Fiscalía, creada para darles un marco sociológico y antropológico a los procesos de Justicia y Paz. No obstante, los autores no han consultado a los actores del conflicto en muchos de estos informes. Los militares, por ejemplo, han sido abiertamente detractores del ¡Basta ya! porque opinan que nunca les consultaron su visión del pasado. Pero tampoco las guerrillas, que consideran los estudios de contextos fruto de una justicia del enemigo. Los investigadores tampoco han escuchado a las elites del país que se involucraron en la guerra. En cambio, la Comisión de la Verdad tendrá que escucharlos a todos, y atribuir responsabilidades históricas no será una tarea bien recibida.
En suma, la Comisión de la Verdad tendrá en sus manos la posibilidad de construir una narración completa y objetiva de lo ocurrido en Colombia durante el conflicto. Pero lo hará en un escenario muy adverso porque todavía no hay una completa paz material, y mucho menos política. Su trabajo necesita como complemento, o incluso como requisito, un esfuerzo de reconciliación nacional. El informe que emane de sus entrañas puede servir justamente a ese propósito. Por el contrario, si termina por alentar en el país la división entre quienes consideran que en la guerra hubo un solo demonio y quienes creen que hubo muchos, sería alimentar nuevamente la espiral de la violencia.
