La mala noticia del momento es que ya no hay 96.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, que era la cifra oficial de 2015. En el gobierno los más optimistas calculan que hoy abarcan 150.000 hectáreas, y los pesimistas que pueden ser 200.000. Esto es una bomba de tiempo, y el factor potencialmente más negativo para consolidar la paz. La buena noticia es que ya están en marcha dos estrategias: la erradicación forzada y la sustitución de cultivos tal y como se pactó en La Habana.
La meta en 2017 es reducir en 100.000 hectáreas el área cultivada. Un objetivo loable, pero ambas estrategias avizoran dificultades poco halagüeñas. Para empezar el gobierno no se decide del todo a cambiar de paradigma en cuanto a cómo tratar el problema.
A pesar de que en La Habana se pactó un nuevo enfoque, por el cual habrá que concertar la sustitución con las comunidades en un marco de desarrollo rural, la erradicación forzada empezó ya con ímpetu. El Ministerio de Defensa se comprometió a erradicar 50.000 hectáreas este año, cuando el año pasado apenas logró hacerlo con 18.000. Esta vez el esfuerzo es mucho mayor. La Policía seguirá usando el glifosato, pero no por vía aérea sino en la superficie, mientras los militares arrancarán directamente las matas.
El general Alberto Mejía, comandante del Ejército, anunció que ya están creando nueve batallones de erradicación. Pero será un camino de espinas. Primero porque la erradicación forzada encenderá la chispa de la protesta social. Solo el año pasado, según el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, hubo 500 bloqueos a las tareas de erradicación.
En un país donde las manifestaciones han subido de temperatura, hay riesgos enormes de enfrentamientos violentos, como los que ya se han presentado. Una segunda dificultad es que los propios militares reconocen que no basta con erradicar si no hay un verdadero desarrollo rural eficiente y, sobre todo, duradero.
Sin embargo, la experiencia pasada en esta materia ha sido frustrante. “No vamos a negar que nos hemos sentido solos”, dijo Mejía, al admitir que las instituciones civiles han intervenido en forma precaria y lenta. Una tercera dificultad será establecer en tiempo real cuáles regiones serán objeto de erradicación y cuáles de sustitución, sin que una y otra estrategia se pisen las mangueras.
EL CAMINO DE LA SUSTITUCIÓN
Ahora, el gobierno toma la medida desesperada de erradicar ante el crecimiento de los cultivos, pero en realidad su gran apuesta es la sustitución voluntaria según lo pactado en La Habana. Esta es la primera vez que Colombia se juega sus principales cartas en esta materia. No obstante, la idea funciona mucho mejor en el papel que en la realidad, y aun en el papel ya tiene sus falencias.
El objetivo es que 72.000 familias firmen pactos voluntarios de sustitución en un plan a dos años, para el cual se destinarán 36 millones por familia. El primer año las familias recibirán algo más de 24 millones en seguridad alimentaria, insumos, asistencia técnica y proyectos de corto rendimiento. En el segundo año, el resto del dinero irá a proyectos de mayor envergadura que les garanticen un ingreso sostenible. Todo acompañado de la implementación del punto sobre reforma rural integral pactado en La Habana, que incluye los Planes de Desarrollo con enfoque territorial.
El quid del asunto es la manera como se hará la sustitución. Para empezar, el Congreso debe tramitar una ley, mediante el fast track, que suspenda por un año la persecución penal a los cultivadores. Durante ese año los campesinos deben manifestar su interés en sustituir, y el gobierno, en cabeza de Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, debe liderar unas mesas de diálogo regionales conducentes a firmar acuerdos para sustituir cultivos. Pasado ese año, regresa la persecución.
Sin embargo, los tiempos son el talón de Aquiles del acuerdo de La Habana. El líder agrario César Jerez dice que se trata de cambiar una economía por otra, y que eso no toma menos de diez años. En la misma línea, el también líder social Andrés Gil dice que sin un apoyo real de la empresa privada para crear cadenas productivas fuertes será muy difícil que la sustitución tenga éxito.
LOS COCALEROS SE ORGANIZAN
A ese panorama de buenas intenciones se suma que 7.000 cultivadores, organizados por veredas y municipios, crearon la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Su intención, según Jerez, es que la entidad sea una interlocutora válida para la implementación de los acuerdos. Esta Coordinadora inquieta al gobierno. Por un lado, teme que una de sus banderas sea bloquear la erradicación, algo que sus voceros niegan tajantemente. Por otro lado, que no asuman lo pactado en La Habana como definitivo, sino que eleven las demandas sociales por encima de lo posible.
A eso hay que sumarle un elemento nuevo. Si bien las Farc incidían fuertemente en las regiones cocaleras pues regulaban el mercado ilegal, otros grupos armados han copado ese lugar de manera acelerada. Los incentivos para seguir cultivando son altos en la medida que las bacrim, el ELN y las disidencias actúan a sus anchas y el dólar sigue por los cielos. Ya por lo menos en tres lugares los pactos con los campesinos no se han podido firmar por presiones de grupos mafiosos como los Sombrereros en El Tambo, Cauca; en Puerto Concordia, en el Meta, por presiones de la disidencia de las Farc; y en Caucasia donde las amenazas a los líderes de la sustitución están al rojo vivo.
Aun con todas las dificultades enunciadas, el país tiene en 2017 una pequeña ventana de oportunidad para probar un camino diferente en la fallida lucha contra las drogas. El éxito depende de que lo haga bien, de que se logren coordinar las dos estrategias, y de que todos los actores involucrados tengan conciencia del riesgo que tiene la paz globalmente si la implementación del punto cuatro llega a fracasar.
La meta en 2017 es reducir en 100.000 hectáreas el área cultivada.
