Los recientes niveles de informalidad en el transporte público obligaron al Gobierno a revisar estás prácticas que se vienen generalizando en la mayoría de las ciudades del país. Y no sólo por el impacto en términos de competitividad. También por los riesgos, la baja calidad y las limitaciones en términos de cobertura. Un memorando expedido recientemente por el Ministerio de Transporte advierte estas amenazas. Y con razón. El aumento desmedido del mototaxismo, la piratería en rutas y el poco control y vigilancia de las autoridades están agravando la problemática. El grave deterioro de las vías, la desorganización y deficiente gestión del transporte constituyen otras desventajas para competir en medio de los tratados de libre comercio que se abren paso en el país.
El transporte más que una actividad económica es un servicio público esencial. Por mandato constitucional implica en primer lugar la prelación del interés general sobre el particular. Esto significa que el transporte como un servicio público esencial no se limita a la regularidad y continuidad. También la calidad del servicio.
La seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye también una prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte. Y una garantía.
La protección del usuario solo se logra con una industria de transporte regulada y estructurada técnicamente. Cuando no se logra un control efectivo de la informalidad, puede configurarse una falta de la administración en el cumplimiento de sus finalidades y puede configurarse, como ya lo advirtió el Consejo de Estado en los supuestos de responsabilidad del Estado por la falla del servicio.
La operación del transporte público en Colombia es un servicio público, inherente o la finalidad social del Estado y como tal está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades competentes.
En estas condiciones el servicio debe ser prestado únicamente por empresas de transporte públicas o privadas, legalmente constituidas, autorizadas y habilitadas para tal fin. Pero además que cumplan con requisitos relacionados con la organización, capacidad técnica y económica, accesibilidad, comodidad y seguridad, necesarios para garantizar a los usuarios una óptima, eficiente y continua e ininterrumpida prestación del servicio de transporte público.
Mientras persista la informalidad como viene ocurriendo en Neiva y en muchas regiones del país, las posibilidades de implementar sistemas de transporte integral seguirán en la cuerda floja. El Gobierno y los alcaldes tienen la potestad para ejercer los controles y la vigilancia. Y para adoptar correctivos.
“El aumento desmedido del mototaxismo, la piratería en rutas y el poco control y vigilancia de las autoridades están agravando la problemática”.
EDITORIALITO
El Museo de la Huilensidad, creado en honor y con el aval del maestro Jorge Villamil Cordovez está en peligro de desaparecer. La falta de apoyo oficial para su conservación y mantenimiento está al borde del cierre, en plenas festividades del San Pedro. De confirmarse será un monumento a la vergüenza y al ineficiencia de nuestras autoridades.
