El Gobierno, los trabajadores y el empresariado colombiano reanudarán mañana lunes las negociaciones para incrementar el salario mínimo legal. Las cartas están sobre la mesa y las diferencias son abismales. El gobierno tiene el as bajo la manga, para evitar, un fracaso, como ha ocurrido en los últimos diez años.
Aunque no se vislumbra un incremento concertado, el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT) Julio Roberto Gómez Esguerra, insistió en buscar un acuerdo.
“Dejar esto en manos del gobierno, la situación será peor” insistió el dirigente sindical quien estuvo el fin de semana en Neiva en una cumbre con trabajadores del Huila.
El líder sindical analizó la propuesta de revivir las horas extras y los recargos nocturnos, criticó el incremento del IVA en la reforma tributaria y una eventual intervención de Comfamiliar.
¿Cómo avanza la negociación del aumento salarial?
Luego de las primeras tres sesiones, escuchando al equipo económico del Gobierno Nacional (Banco de la República, Ministerio de Hacienda) y habiendo escuchado al sector empresarial y al movimiento sindical las apuestas están de la siguiente manera: Una petición de los trabajadores de un incremento del 14 por ciento que equivale a noventa y seis mil pesos mensuales, esto es 3.200 pesos diarios; una propuesta del sector empleador de un incremento del 6,5 por ciento, lejos de las aspiraciones de los trabajadores. El gobierno aún no ha fijado una posición.
Este lunes vamos a continuar las deliberaciones. Hay que decir que con el actual salario mínimo legal tan solo se compra el 43 por ciento de la canasta familiar para el estrato bajo. Ahí estamos apostándole a un acuerdo porque si quedamos en manos del gobierno la situación no va a ser la mejor para nosotros.
¿Cuáles son los criterios para solicitar el 14 por ciento?
De un lado, la inflación causada; la productividad, que se aproxima a medio punto, según los expertos; y, unos puntos de recuperación para el salario mínimo legal que es de sobrevivencia y que no permite un nivel de vida digno para una familia de cinco personas.
¿Cuál es el impacto que tendrá la reforma tributaria en el costo de vida?
Ese es un ingrediente adicional que nos indica que en este país no se piensa en los sectores más empobrecidos. Llevar el IVA del 16 al 19 por ciento es un absurdo económico que además, castiga a la clase media en unas condiciones absolutamente inaceptables. De tal manera que creo que estamos de cara a un desafío que debemos asumirlo como corresponde, esto es, llevar el salario mínimo a un guarismo que permita que paulatinamente vaya recuperando capacidad de compra. Siempre habrá un pretexto para no incrementar como es debido, los ingresos de los trabajadores.
¿La propuesta de reajuste garantiza la movilidad salarial?
Desde el punto legal contempla esos parámetros. El problema va más allá de lo legal. Es tema de justicia para con los trabajadores, un acto de justicia quienes intentan sobrevivir con un ingreso que no alcanza para cubrir sus necesidades. Es bueno que los empresarios ganen plata, pero que ganen un poco menos y paguen un poco más a sus trabajadores, para mejorar la capacidad de compra, para que haya una mayor demanda de bienes y servicios, un elemento clave para la reactivación del aparato productivo.
¿Habrá concertación o se adoptará por decreto?
Hay que apostarle al acuerdo. Yo le tengo mucho miedo a dejar esto exclusivamente en manos del gobierno porque nos ha ido muy mal. Por eso hay que aproximar, no hay afán, yo he dicho, coloquialmente, es que ninguno de los sindicalistas tiene la pantaloneta puesta. No tenemos afán, el primer plazo vence este 15 de diciembre y el siguiente el 30 de diciembre para fijar el incremento salarial que entra a regir a partir del primero de enero.
Y un elemento adicional: Estamos solicitando que se haga un acto de justicia con los pensionados: que el gobierno cumpla un acuerdo del 30 de diciembre de 2013, donde se pactó que los aportes para salud se reduciría del doce al cuatro por ciento.
Siempre se adopta por decreto. ¿Hizo crisis la mesa de concertación?
Creo que este mecanismo está cada vez más cuestionado por su propia dinámica. Diciembre es un pésimo mes para estar debatiendo este tema, la CGT lo planteó en la mesa porque no lo abordamos en junio o julio. Hay que buscar mecanismos que sean mucho más expeditos para definir los temas del salario mínimo legal.
¿Pero ha fracasado esa mesa de concertación?
Creo que está en crisis, lo que pasa es que es el único mecanismo constitucional que se tiene. Malo con ello, pero peor sin ello. De no existir esa mesa de negociación estaríamos condicionados al arbitrio del gobierno y sería peor. Hay que preservar el carácter tripartito de la comisión permanente de concertación pero variar los métodos.
¿Revivirán las horas extras y el recargo nocturno?
Ese es otro tema de debate en la mesa de negociación. Hay un acuerdo con el gobierno para que la jornada laboral no sea entre las seis de la mañana y las diez de la noche sino entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Hay un principio de acuerdo ya en la Cámara de Representantes para devolverle esto a los trabajadores y se ha negociado en el Senado que inicialmente no sea seis a seis, sino de seis a ocho con lo cual rescataríamos dos horas. Pero hasta el momento, la verdad, temo que este tema en el Senado no está fácil.
¿Es decir, no hay ambiente político para restablecer las horas extras?
Ya en la Cámara de Representantes pasó el proyecto, pero en el Senado, yo veo que la situación está más complicada, hablándolo con toda franqueza. Sería un acto de mediocridad del Senado de la República que no permita que pase este proyecto.
Usted estuvo estudiando la situación de Comfamiliar del Huila. ¿Cuál es su visión?
Lo que tengo claro es que una entidad como Comfamiliar no está para la politiquería ni para pagar favores políticos. La Caja debe estar es al servicio de los trabajadores. Una intervención ‘per se’ de la Superintendencia, como se llegó a plantear, tampoco nos va a garantizar el saneamiento de la Caja.
¿Cómo ve al país sin las Farc?
Con mucha esperanza para que este proceso funcione como el país espera. Nos preocupa que en este momento clave no esté lista la infraestructura para comenzar la desmovilización. Uno no puede estar haciendo ‘conejo’ permanentemente. Este gobierno tiene esa característica que se compromete con los camioneros, hay que hacer paro, lo mismo con los campesinos, los pensionados, y tampoco cumplió. Sino le cumple a los señores de las Farc, esto se nos puede complicar.
¿El premio Nobel debe ayudar a construir ese escenario de paz?
Pues eso esperamos, ahora que ya lo recibió, ahora que ya tienen la estatuilla en las manos esperamos que el premio se lo entregue a las víctimas. Yo se lo dije al Presidente, esperamos un gesto con los sectores más empobrecidos de este país.
Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
Directivos sindicales de Aguas del Huila e instituciones educativas.