En materia de planeación, el primer reto de la actual administración de Neiva, es la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, pues de acuerdo con la normatividad En materia de planeación, el primer reto de la actual administración de Neiva, es la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, pues de acuerdo con la normatividad existente, el POT aprobado en el año 2000, a partir de este año, no está vigente para continuar regulando el desarrollo del municipio. O que a esta altura del 2012 Neiva no cuenta con normas reguladoras de su proceso de crecimiento. Y sin un de plan de esta naturaleza, no solo se viola la ley, sino que resulta imposible tener una visión clara del futuro del municipio, en lo relacionado con el uso del suelo, con lo económico, con lo social y con lo ambiental. Así lo sostuvo el doctor Marino Montoya en la Tertulia del Botalón el pasado martes. El segundo reto, es la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano. Neiva no tiene plan de desarrollo urbano. Esta es una triste realidad que los urbanistas reconocen y que ha permitido el desorden en el crecimiento urbano de la ciudad. Debe ser elaborado y aprobado guardando coherencia con el POT, que parta de la actualización de los que en otras épocas se elaboraron, que proyecte el detalle del crecimiento de la ciudad, defina y regule las características urbanas que garanticen la convivencia social de los neivanos. Sin la existencia de estos dos planes, Neiva andaría a la deriva en materia de crecimiento urbano y desarrollo económico y social. Podría ser víctima de irresponsabilidades de curadurías y de funcionarios de planeación. Lo que se ignora es si el Concejo Municipal es consciente de la responsabilidad política que le cabe si Neiva no cuenta con el POT ni con plan del desarrollo urbano. Estos dos grandes retos están en manos del Alcalde Pedro Suárez y del Director de Planeación Oscar Bermeo, quienes deben entender que por el bien de Neiva es prioritaria la contratación y aprobación por el Concejo Municipal de estos dos planes. De no hacerlo, la toma de decisiones sobre construcción urbana, la defensa del espacio público y de la ronda de los ríos, etc. podrían ser contrarias al interés público porque prevalecerían los intereses políticos y económicos de los constructores.