Un terremoto pero en cámara lenta amenaza a Vegalarga, corregimiento de Neiva, y a sus más de 2.000 habitantes. El centro poblado está ubicado al pie de montaña, en zona de alto peligro, “principalmente por riesgo de fenómeno de remoción en masa (flujo de lodo y detritos), inundación del río Fortalecillas y sismo”.
Es la conclusión final de un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de origen geomorfológico y/o hidrológico realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Cam, y la Gobernación del Huila, entre los años 2012 y 2016.
Para evitar una tragedia, que ya está técnicamente anunciada, urge trasladar o reubicar a Vegalarga, o al menos un gran porcentaje del centro poblado en contingencia, lo que significa hacer un gran esfuerzo económico y social para la reconstrucción, que ya empieza a generar polémica en la comunidad preocupada.
La localidad limita al norte con el municipiode Tello, al oeste con el corregimientode Fortalecillas, al sur con el corregimientode Río de Las Ceibasy al este con el departamento del Caquetá. La guerrilla de las Farc la atacó más de 25 veces en los últimos años para dominarlo, en busca de conseguir el control de la región.
El estudio
Según el documento conocido en exclusiva por LA NACIÓN, y cuyos resultados ya fueron socializados en los consejos Municipal y Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, de las 132 viviendas del centro poblado, 96 están en zona con amenaza alta; 36 en amenaza media por fenómeno de remoción en masa; y 8 en amenaza alta por inundación.
Asimismo, 54 casas están en riesgo alto no mitigable (capaz de aliviar), lo que quiere decir que requieren de reubicación inmediata pues los fenómenos se pueden presentar y/o reactivar en épocas de lluvias. 42 están en riesgo alto mitigable (para obras de reducción del riesgo inmediata); y 36 en riesgo medio (para obras u acciones no estructurales, requiriendo trabajos en norma sismo resistente, uso adecuado del suelo en las laderas, reforestación, manejo de aguas de escorrentía (lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno) y alcantarillados.
En igual situación de peligro está el centro poblado ‘Anacleto García’, de Tello. El mismo estudio determinó que de las 158 viviendas del corregimiento, la totalidad se sitúa en amenaza alta, 38 están en riego alto no mitigable, y 120 en riesgo alto mitigable.
El informe también señala que las obras para reducción del peligro de las viviendas en riesgo mitigable, para los dos centros poblados, consiste en muros de concreto reforzado, canales en concreto y filtros, con un costo cercano a los $3.050 millones.
Refundar en territorio de paz
¿Qué hacer o qué pasará? son las preguntas bien intencionadas que hoy se hacen las autoridades y la gente en la urgencia de soluciones a la problemática, acentuada por la invasión indebida de la ribera del Fortalecillas por moradores y desplazados.
Hoy no existe en el país una directriz general que establezca hasta dónde va el Estado cuando se requiere mover una población de un sitio a otro, por una calamidad que ponga en riesgo la vida de las personas, “lo cual hace que cada proceso sea único y que las ayudas y las medidas sean distintas”, dijo una fuente consultada, que trabajó en el Fondo de Adaptación, organismo adscrito a la Presidencia de la República.
Preguntado sobre el tema, el alcalde Rodrigo Lara Sánchez respondió que la reubicación total del corregimiento sería la principal y mejor alternativa atendiendo “que no sólo hay riesgo alto por el río Fortalecillas, sino por encontrarse situado al pie de una montaña que ofrece signos de falla e inestabilidad”.
Destacó que la Administración Municipal ya viene trabajando en una salida concertada con las partes involucradas. Inicialmente se ha planteado la posibilidad de asentamiento en la vereda Palacios, a pocos kilómetros del casco urbano de Vegalarga, aunque cualquier decisión se tendría que concertar con el gobernador Carlos Julio González y la comunidad.
“Este proyecto hoy lo estamos planteando como una apuesta de paz. Sería la mejor manera de resarcir todos los años de violencia sufrida por el corregimiento y sus pobladores, reubicándolos en un sitio seguro, con exigencias de planificación y unas medidas específicas”, enfatizó Lara.
El proceso, del que no hay experiencias en el Huila, tendría un costo cercano a los 15.000 millones de pesos, recursos que se gestionarían con el Gobierno Nacional y organismos internacionales, para garantizar la adquisición de terrenos, la construcción de las viviendas, habilitación de servicios públicos, centro de salud e institución educativa y garantías sociales esenciales para los pobladores.
Otras alternativas
Rafael Yepes, director de Planeación Municipal, dijo que, de acuerdo a lo planteado en el estudio, existen otras alternativas en evaluación con el fin de determinar la más adecuada en los escenarios económico y social, aunque resaltó la urgente necesidad de reubicar las viviendas en riesgo alto no mitigable.
“La primera alternativa plantea unos muros de concreto reforzado y drenajes. Otra, aplicar un concreto lanzado de maneras superficiales. También contemplamos la reubicación en asuntos de seguridad, evitando afectar a la comunidad. Estamos en esa gestión conscientes de la gravedad del problema”, destacó el funcionario.
Y es que por estar en zona de alto riesgo no mitigable, la ley no facilita a las autoridades hacer grandes inversiones en el lugar, pero la gente sí tiene que tributar al Municipio. Existen unas exenciones tributarias autorizadas hace unos años por el Concejo de Neiva por las calamidades sufridas por el corregimiento.
Comunidad se niega a ser reasentada
¿A dónde serán trasladados?; ¿qué pasará con la valorización de los predios?; ¿quién responderá por las parcelas y fuentes de trabajo?; y ¿cuáles serán las obras de mitigación en las propiedades? son, en resumen, algunas de las preguntas más recurrentes de los vecinos en la visita realizada por LA NACIÓN.
Se pudo constatar que la mayoría se niega a abandonar sus hogares y desplazarse a otro sitio, a pesar de ser conscientes de la inminente emergencia que les puede costar quedarse. Se quejan de no conocer un diagnóstico socioeconómico y de predios, estudios geotécnicos, de suelos y ambientales: “No tenemos unas garantías claras de qué va a pasar con nosotros”.
Señalan que existe un arraigo social por el territorio mucho más fuerte que una amenaza natural, por eso se atreven hasta anticipar que del territorio ancestral, colonizado por padres y abuelos, “sólo nos sacará la muerte”. Alegan con firmeza que ante la situación expuesta las salidas deben ser concertadas con los gobiernos local y departamental, “que ojalá nos permita seguir habitando este territorio del que dependemos”.
A la par del desarraigo que significa desplazarse, se debe trabajar en el acompañamiento social a las familias afectadas, y la participación de la comunidad en el diseño de los equipamientos, las viviendas, trabajos de reactivación económica y asistencia técnica para familias rurales, mediante talleres y reuniones con líderes.
LA NACIÓN oye a la gente
Mauricio Lozano, presidente de la Junta de Acción Comunal de Vegalarga:“Yo pido que se determinen distintas alternativas y no solo la reubicación. Existen unas posibilidades como establecer unos muros y que nos arreglen las casas, sin necesidad de llegar al extremo del traslado”.
Alejandro Guarnizo: “Hasta el momento nadie se nos ha acercado para manifestarnos de manera clara los estudios que se realizaron, por lo tanto tenemos muchas dudas, que queremos sean resueltas”.
Gamaliel Ramos: “Yo no estoy de acuerdo en que nos vengan a sacar para otro lado. Ya uno está viejo y lo que le queda por vivir prefiero vivirlo acá, tranquilo en mi ranchito”.
Manuela Mora: “El Alcalde estuvo en San Antonio diciendo que nos iban a sacar, pero nosotros de aquí no nos vamos a ir. Tengo 66 años, toda una vida he vivido aquí y hasta ahora el río nunca nos ha hecho nada a pesar de que vivimos al lado de la quebrada”.
Andrés Mora: “Por mi parte que no me reubiquen porque yo cuento con mi trabajo acá, y en otro uno queda cruzado de brazos. Uno bien pobre, por allá termina de completar. Toda la vida nos han tenido con el mismo cuento, ya uno se acostumbra a eso, a que no pase nada”.
Argimiro Olaya: “Mi apreciación es que no han hecho un estudio que sea aprobado por expertos en terrenos, porque aquí cualquiera nos viene a plantear eso y todo el mundo lo cree. ¿Cómo vamos a trasladar un poco de gente sin definir unas garantías?, para eso se debe tener servicios sociales como puestos de salud, escuelas, agua potable.
Oliverio Osorio: “Yo no veo una solución clara a esta situación. Le digo, si nos trasladan para cualquier otro lado, también vamos a estar en riesgo. Por eso, la mayoría de los habitantes estamos en contra de cualquier tipo de reubicación”.
Parménides Arce: “Esta va a ser una situación difícil para el pueblo porque hay mucha gente que no quiere trasladarse porque no saben qué garantías se van a tener. No sabemos para dónde nos llevan, que nos van a dar, entre otras cosas”.
Según el informe, 54 viviendas de Vegalarga están en riesgo alto no mitigable, y requieren reubicación inmediata. Verde: riesgo bajo.
Zona donde se adelantó el estudio de vulnerabilidad y riesgo.
Mapa de vulnerabilidad. En rojo: viviendas con vulnerabilidad alta. Amarillo: viviendas con vulnerabilidad media.
Mapa de riesgo. En rojo, riesgo alto no mitigable. Naranja: riesgo alto mitigable. Amarillo: riesgo bajo. Verde: riesgo bajo.
En igual situación de peligro está el centro poblado ‘Anacleto García’, de Tello. El mismo estudio determinó que de las 158 viviendas del corregimiento, la totalidad se sitúan en amenaza alta.