Aunque parezca imposible, el año pasado, la Alcaldía de Neiva parecía la más blindada jurídicamente. En un solo año incorporó en su equipo un centenar de abogados para labores de asesoría jurídica en todos los campos, distintos a los desempeñados por el Departamento Jurídico.
La nómina paralela triplicó la planta de personal y los contratos adicionales, como ocurre en el resto del país, terminaron incrementando injustificadamente el costo de la contratación.
En un primer reporte fiscal, la Contraloría de Neiva, encontró numerosas ‘perlas’ que demuestran, según el agente fiscalizador, José Hildebran Perdomo, uso ineficiente de recursos, falta de planeación e improvisación en bienes y servicios.
La auditoría encontró 52 hallazgos, 43 administrativos, 13 fiscales y 13 con connotación disciplinaria con un posible detrimento estimado en 3.949 millones de pesos.
A pesar de las observaciones, la Contraloría feneció la cuenta con algunas salvedades.
La auditoría fue realizada por un equipo encabezado por la directora de Fiscalización, Diana Carolina Fernández.
Asesores a granel
Durante el 2015 se suscribieron 100 contratos de prestación de servicios profesionales para el apoyo y asesoría jurídica en secretarías y direcciones diferentes a las entidades delegadas para este fin. Los abultados contratos de asistencia jurídica ascendieron en un solo año a 2.173 millones de pesos.
Los contratos de asesoría jurídica fueron destinados para todas las dependencias, pero especialmente para la Dirección de Deportes, las secretarías de Vías e Infraestructura, Cultura, asistencia jurídica en procedimientos contractuales, secretarías General, Medio Ambiente y de Gobierno, denotando improvisación en la contratación.
Nómina paralela
Durante el último año de la administración del alcalde Pedro Hernán Suárez, laboraban bajo la modalidad de prestación de servicios 1.495 personas que le costaron al municipio 27.673 millones de pesos. La nómina paralela es tres veces superior a la planta de personal compuesta por 498 funcionarios.
Los mayores contratos se asignaron para Gobierno (177), Medio Ambiente (109), Desarrollo Económico (86), planeación (84), Desarrollo Social (56), Deportes (67), Movilidad (84) y Comunicaciones (21).
Los contratos fueron imputados a gastos de funcionamiento y de inversión. La fabulosa contratación estuvo concentrada en tres dependencias: 990 corresponden a la Oficina de Contratación por 15.406 millones de pesos; cien a la Secretaría de Salud por 2.220 millones y 405 a la Secretaría General por 10.045 millones.
Según el dictamen fiscal se incrementó la contratación con cargo a gastos de inversión para el desarrollo de actividades administrativas, lo que se interpreta que no hubo una reducción de gasto, sino que el municipio optó por celebrar contratos de prestación de servicio reduciendo los recursos para el cumplimiento de programas de inversión”.
Esta contratación, según la Contraloría contraviene las medidas de racionalización ordenadas por directivas presidenciales. En el primer trimestre se produjo la mayor contratación con 976 contratos.
Contratos adicionales
Durante la vigencia de 2015 del total de la contratación suscrita (2.022) el 21% se hicieron adiciones por 11.359 millones de pesos denotándose la indebida organización de la etapa precontractual y contractual y el incumplimiento del principio de planeación.
Los contratos adicionales se han convertido en un “nubarrón” en las administraciones territoriales, como ocurrió con la remodelación del estadio de fútbol.
Combustibles
Otra perla. Al examinar el suministro de combustibles se encontraron registros de consumo superior a la capacidad máxima establecida para cada vehículo por lo menos para cuatro vehículos que no pertenecen al municipio. Entre ellos aparecen los vehículos con placas OWH 516, OWH 781 OWI 232 OWI 550), los cuales reportaron consumos por 3,76 millones de pesos.
Un vehículo (HBL-042) consumió 634 galones en 25 días por un valor de 5,61 millones.
Algunos carros de bomberos registran consumos de combustible que superan la capacidad establecida con un costo de 19,32 millones.
La Contraloría encontró un supuesto detrimento de 75,58 millones de pesos en la contratación de combustible.
Igual ocurrió con el suministro de combustible para dos vehículos de bomberos (M4 y M5) y la Oficina de Gestión reportan que están fuera de servicio. Los dos reportaron consumos superiores a los 44 millones de pesos.
Por otros contratos similares detectó otro detrimento por 128,48 millones.
Igualmente se encontró el pago irregular por revisión doble de vehículos, el pago de repuestos no instalados o la reparación de vehículos inmovilizados con un detrimento estimado en 60 millones de pesos.
Fortalecillas
La reconstrucción del colegio de Fortalecillas. Comenzó con 2.979 millones de pesos; se adicionó otra suma por 935 millones que equivale al 45,74% y la obra no está terminada ni en uso. Se evidenciaron inconsistencias en materia de calidad y estabilidad.
Consultorías y estudios
La Secretaría General suscribió dos contratos de consultoría, uno (1500 de 2014) para actualizar el estatuto orgánico de presupuesto y el otro (1362 de 2014) para actualizar el Estatuto Tributario. El primero por 30 millones y el segundo por 39,85 millones.
Sin embargo no se realizaron, generando “un impacto contractual negativo, pues no se cumplió con el fin estatal para lo que fue suscrito”. Sin embargo se pagó, lo que puede generar un detrimento por 70 millones de pesos, según la Contraloría.
El plan maestro de espacio público contratado con la Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’ por 101,60 millones no se cumplió. El contrato contemplaba cinco etapas y cumplió dos: la etapa preliminar y el diagnóstico.
El contrato 023 de 2015 de asesoría en proyectos de inversión por 38,50 millones no se cumplió en su totalidad. De las 20 obligaciones pactadas cumplió dos generando un detrimento por esa suma.
En veremos
La Contraloría examinó el polémico contrato de obra pública 1728 para la construcción del separador en la avenida Inés García de Durán por 4.415 millones adjudicado a la Unión Temporal San Miguel conformada por Indicol y la cuestionada Cooperativa de Municipio Colmucoop. La administración declaró la caducidad unilateral y se encuentra en proceso de liquidación. La Contraloría encontró pagos en exceso por 21 millones de pesos.
Polémicas cartillas
El otro hallazgo. La Alcaldía en convenio con la ESE contrató la publicación de 7.692 cartillas de 50 páginas por un valor de 270 millones de pesos con información de Neiva. Se entregaron después de haber terminado la administración. No todas fueron entregadas a la ciudadanía. Un amplio saldo está en el almacén, lo que podría configurar un detrimento patrimonial por 100 millones de pesos.
Controversias judiciales
El municipio registra 1.259 controversias judiciales, cuyas pretensiones ascienden a 710.021 millones de pesos. De estos 23 procesos fueron fallados con un monto estimado de 7.662 millones cuando la provisión es apenas de 3.988 millones.
El contralor Hildebran Perdomo examinó los hallazgos en la Alcaldía de Neiva.
