Acabada la Copa Confederaciones con la victoria de Brasil y preparando ya la visita del Papa en julio en Rio, la presidenta Dilma Rousseff definió ayer detalles de un plebiscito para calmar históricas protestas y digiere con otros políticos el derrumbe de su popularidad.
Las protestas por mejores servicios públicos y contra la corrupción, que convirtieron a la Copa Confederaciones en blanco de la ira de los manifestantes por el millonario gasto público que implicó, han continuado sin tregua, aunque con mucha menor intensidad.
Sin pronósticos claros sobre si las protestas continuarán, muchos temen que revivan durante la visita del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud, del 22 al 28 de julio en Rio de Janeiro, cuando se esperan dos millones de personas.
"Las reivindicaciones no están vinculadas a la visita del Papa. Tienen que ver con nuestro gobierno. Por eso suponemos que no habrán grandes problemas" aunque "es difícil de prever", dijo el arzobispo emérito de Sao Paulo, Claudio Humes, quien apoya las protestas, en declaraciones divulgadas por el diario O Estado el lunes.
El ministro secretario de la Presidencia, Gilberto Carvalho, advirtió recientemente que puede haber protestas cuando llegue el Sumo Pontífice.
En tanto, la Presidenta pretende presentar hoy al Congreso una propuesta de plebiscito para impulsar una reforma política. Los dos grandes temas de la consulta serán la financiación de partidos y campañas, y un sistema electoral que acerque más a votantes y políticos, informó una fuente del Gobierno.
La reforma política, un viejo proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) y de otras siglas, es vista como un antídoto a la crisis de representatividad, el odio a los políticos y la corrupción denunciados por los manifestantes, quienes piden más dinero e inversiones para mejorar el día a día de los brasileños, en educación, transporte y salud.
Rousseff pretende que el plebiscito sea organizado a contrarreloj, para que el Congreso apruebe la reforma antes de octubre, fecha límite para que pueda ser aplicada en las elecciones de 2014, algo que muchos consideran casi imposible. La Presidenta cuenta con una aplastante mayoría en el Congreso, pero la base aliada es poco fiel a los designios del Gobierno.