Una de las discusiones importantes en los debates de La Habana, es la pertinencia de un Referendo o una Asamblea Constituyente, la primera modalidad es rechazada por la guerrilla con el argumento de que son demasiados los temas y por tanto no sería viable, a su vez el gobierno rechaza la Constituyente porque es una aspecto que no estaba previsto y porque no es garantía para que los eventuales acuerdos se den en la práctica. Al margen de este debate, es bueno recordar que tenemos una Constitución Nacional que da la posibilidad de reivindicación en todos los temas, pero que ha sido manipulada por la reglamentación de un congreso neoliberal.
En el título II, Capítulo I, sobre derechos fundamentales y en Capítulo II sobre derechos sociales, económicos y culturales, nuestra Constitución tiene previstos artículos para todos los aspectos tal es el caso del acceso a la propiedad, de la tierra y la vivienda, el derecho al trabajo, a la seguridad social, etc., pero también dejó abierta la posibilidad de que las leyes reglamentarias desvirtuaran el noble espíritu de los constituyentes, en efecto esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años. En nuestro país se presentan varias modalidades de corrupción, pero la más perversa es la que ejercen los congresistas cuando aprueban leyes a su favor y en contra de las mayorías. Otros derechos como es el de la libertad, el de ser elegido o el del acceso a los bienes que se privatizan quedaron en el papel por la pobreza de la mayor parte de la población, mientras que la clase oligárquica compra los votos y los bienes que se privatizan, es decir ejercen plena y abusivamente las libertades. Por tanto la expedición por parte de una Asamblea Constituyente de una nueva Constitución no es garantía de que su reglamentación posterior, conlleve a mejorar la situación social, económica y política.
Lo que se requiere es buscar mecanismos para abolir las leyes neoliberales y reemplazarlas por disposiciones de carácter social; ante todo la ley de sostenibilidad fiscal que imposibilita la asignación de recursos suficientes para el gasto social; si no es posible una estrategia para el tratamiento de dichas leyes, sería factible un referendo pero no limitado, que no altere el modelo socio-económico imperante como lo plantea el gobierno, sino que implique un cambio estructural en el acceso a la propiedad y el ingreso, en la salud, en el sistema electoral, en el derecho al trabajo y en general en el modelo de Estado.
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