El pasado 25 de julio se radicó una demanda ante la CIDH para que se declare la responsabilidad del Estado colombiano por la “violación al derecho de acceso a la justicia y ausencia de recursos judiciales efectivos para determinar la responsabilidad de los dirigentes e integrantes del M19 por los hechos ocurridos durante la toma”.
Los familiares del capitán Héctor Aníbal Talero y del sargento Jaime Benítez Prieto, muertos en la toma, consideran que “las circunstancias que rodearon estos hechos, así como la responsabilidad de los dirigentes e integrantes de este grupo no han sido establecidas. 30 años después de los hechos, los familiares de las víctimas y la sociedad no conocen la verdad. No existen penas ni condenas contra los responsables”.
La demanda indica además que, según documentos judiciales, “aproximadamente un centenar de personas resultaron muertas por acciones directas del grupo guerrillero, tales como tiros de gracia o como consecuencia del incendio iniciado por el M19 cuando los integrantes de este grupo impidieron su salida del Palacio”.
