El proyecto de ley que busca ponerle reglas a la competencia de licores en Colombia entró en la recta final en medio de una acalorada polémica en el Congreso. No pasarlo tendría implicaciones delicadas para el país.
El futuro del proyecto de ley que modifica los impuestos a los licores nacionales y extranjeros y fija nuevas reglas de juego en el monopolio rentístico –que por años ha tenido el país– tiene en vilo al gobierno, que lo considera vital pero sabe de la fuerte oposición que la iniciativa despierta en el Legislativo.
Los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Comercio, María Claudia Lacouture, son los grandes promotores de la iniciativa y la defienden a capa y espada por varias razones. Por un lado, argumentan que permitiría mayor competencia y mayores ingresos para los departamentos. El ministro Cárdenas sostiene que de aprobarse, los ingresos de los entes territoriales pasarían de 1,3 a 1,7 billones de pesos al año.
Pero el gobierno dice tener otra razón de mayor peso para pedir que se apruebe. Afirma que Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, con los que hay tratados de libre comercio, acusan al país de dar un trato discriminatorio a los licores importados, lo que podría provocar sanciones. Y sostiene que el tema sería un obstáculo para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Otros defensores del proyecto afirman que el monopolio de los licores va en contra de la libre competencia y no ha impedido que varias empresas se hayan quebrado. De las 19 que había a comienzos de los noventa, hoy solo quedan la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y las de Cundinamarca, Caldas, Cauca y Valle. Las demás desaparecieron por el contrabando, la adulteración y la falsificación, la corrupción y los elevados pasivos pensionales y laborales. Para nadie es un secreto que muchos políticos han hecho campañas con los recursos de las licoreras.
La Cámara de Representantes ya aprobó la iniciativa y comienza su trámite en el Senado, donde se han dado varias batallas en los últimos días para frenarlo e incluso para que sea archivado. El asunto es que, con el tiempo tan corto, antes de que termine la presente legislatura el 20 de junio, la suerte del proyecto es incierta.
Entre los opositores hay congresistas de todas las corrientes. Los senadores Jorge Robledo, Iván Duque, Sofía Gaviria y Antonio Navarro realizaron un debate en el que señalaron que con un incremento en los impuestos, como se propone, lo único que se conseguirá es aumentar el contrabando.
El gobierno sugiere subir el impuesto al consumo, que hoy está entre 297 y 500 pesos por cada grado de alcohol. Propone pagar 220 pesos por cada grado, más un 25 por ciento sobre el precio de venta y un 5 por ciento de IVA. Adicionalmente, se contemplan medidas para frenar el contrabando y la adulteración de licores, y se abre la mayor competencia en el sector al permitir que terceros puedan producirlos, un tema que ha sido exclusivo de las licoreras departamentales con el monopolio en las ventas de aguardiente y ron.
El senador Robledo fue más allá y dijo que solo se benefician con este proyecto de ley dos grandes multinacionales que van tras el mercado de las licoreras departamentales, y que “tienen un doble juego porque a la par de las ventas legales fomentan el contrabando para no pagar impuestos”. Por eso pidió archivar la iniciativa.
El senador Iván Duque sostiene que al aumentar los impuestos a los licores nacionales se van a generar más incentivos para la adulteración y el contrabando, lo que terminará por afectar las finanzas de los departamentos. El 80 por ciento de los colombianos consumen licores nacionales, afirma.
Amylkar Acosta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, dice que hay que preservar el monopolio de licores, especialmente del aguardiente, que es el de mayor consumo. Fenalco terció en la polémica y cree que es mejor dejar los impuestos como están hoy, es decir, cobrar sobre los grados de alcohol. Los importadores de vinos están de acuerdo con los comerciantes, pues sostienen que la actual fórmula ha demostrado que sí es posible reducir el ingreso ilegal de licores y aumentar el consumo legal. Mientras en 2002 se importaban 352.000 cajas, el año pasado se importaron 1,4 millones.
Con un ambiente tan caldeado y en el remate de la presente legislatura, la suerte de este proyecto de ley es incierta. Al gobierno le tocará desplegar toda su capacidad en el Congreso, para evitar que la iniciativa se hunda.
