La jueza Décima Civil Municipal Rosalba Aya Bonilla declaró la improcedencia de la tutela por considerar que el accionante tenía otro medio de defensa para hacer proteger sus derechos supuestamente vulnerados.
Asimismo desatendió un incidente de desacato y levantó la medida cautelar decretada el 20 de mayo pasado, donde suspendía el proceso para la elección del nuevo director.
“Esa decisión implica automáticamente la reactivación del proceso que iniciamos el 17 de marzo con la invitación pública para escoger al director titular y al suplente”, expresó José Luis Castellanos, representante de los trabajadores.
La tutela fue instaurada por Luis Germán Valbuena, empleado de la oficina de contratación de Comfamiliar, argumentando que la invitación pública violaba el derecho a la igualdad al impedir la participación de personas que hubieran tenido vínculos laborales o contractuales con la entidad en los dos últimos años.
En su criterio, el nombramiento tenía que hacerse directa y autónomamente, sin necesidad de invitación pública, como lo establece el reglamento interno.
Improcedencia
El presidente del consejo directivo, Juan Carlos Novoa argumentó la improcedencia de la acción de tutela frente a los actos de carácter laboral, dado su carácter subsidiario. “Lo pretendido por el accionante -dijo- es obligar e imponer al juez de tutela a adoptar un pronunciamiento preferencial a su favor como trabajador de planta de Comfamiliar, lo que si implica el desconocimiento de los derechos de las personas que presentaron sus hojas de vida”.
En su opinión, la tutela no era el mecanismo idóneo para controvertir la invitación que no vulneró el derecho a la igualdad como lo sugiere Valbuena.
Vuelve y juega
La decisión judicial conocida en primicia por LA NACIÓN revivió el proceso, en momentos en que se adelanta el trámite para el reconocimiento y posesión de la administradora de empresas, Rocío del Pilar Arévalo Rojas, como directora encargada mientras se elige y asume el titular.
El nombramiento, notificado el viernes pasado, fue radicado el lunes pasado ante el superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, Gildardo de Jesús Lopera Lopera.
El funcionario, encargado de la vigilancia y control de las 43 cajas de compensación familiar del país, deberá certificar la legalidad del nombramiento provisional y ordenará la posesión. “La certificación se encuentra en trámite y será expedida en un plazo de 15 días”, explicó una funcionaria de la entidad en diálogo con LA NACIÓN.
No obstante, ante la grave interinidad en que se encuentra la entidad, la certificación podrá expedirse en un menor tiempo, según lo precisaron portavoces de la entidad.
Lo claro es que así se designe al titular, en el curso de la próxima semana, como está previsto, los trámites para la posesión y empalme podrían demorarse, agravando la interinidad. “En esas condiciones, el aval podría producirse en cuestión de horas”, indicó un directivo de Comfamiliar.
En espera
Salamanca, removido intempestivamente el viernes pasado, fue despojado de todas las facultades administrativas y legales para contratar, nombrar, modificar o adicionar cualquier tipo de contrato. No obstante, el funcionario sigue en la entidad esperando el pronunciamiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar.
Lo que sigue
El consejo directivo examinará hoy el nuevo panorama que se deriva de la decisión judicial, evaluará los trámites que se han venido desarrollando y definirá la reactivación del proceso.
En principio, el presidente del organismo, Juan Carlos Novoa convocó para el martes próximo una nueva reunión para continuar con el proceso. Es posible que ese día se produzca la elección.
Aunque no hay un pleno acuerdo, los consejeros, votarán sucesivamente en varias rondas entre los diez candidatos previamente seleccionados.
Un bloque mayoritario integrado por siete de los diez consejeros se consolidó la semana pasada, logrando la mayoría calificada que se requiere para la elección.
‘Convocatoria es legítima’
La jueza de tutela encontró legítima la convocatoria para escoger las hojas de vida y entre ellas designar nuevo director.
“Si bien es cierto que las normas que regulan la materia establecen que el nombramiento para el cargo de director administrativo deberá efectuarse de libre nombramiento y remoción por parte del Consejo Directivo no implica violación al derecho fundamental a la igualdad y debido proceso al haberse decidido que tal elección se llevaría a cabo mediante invitación abierta por cuando dicha facultad está sujeta a los procedimientos y parámetros estudiados y requeridos por sus propios estatutos, decisión aprobada 18 de abril”, afirmó en su providencia.
“La igualdad- precisó- no excluye la posibilidad de que se procure un tratamiento diferente para sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, siempre y cuando exista una razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique”.
Al ser la tutela una acción residual no puede prosperar para evaluar este asunto cuando el accionante no ha hecho uso de los actos procesales del caso para la protección de los derechos.
“Los conflictos que surgen en torno a la interpretación de las normas, son en principio de orden legal que compete resolver a los jueces ordinarios o contenciosos administrativos y, escapan al conocimiento de los jueces de tutela”, subrayó.
Facsímil de la providencia.