Los dos primeros, Juan Bautista Rojas Parra y Edna Magaly Álvarez Serrato, afrontan separadamente los procesos de nulidad de mayor gravedad, que de prosperar, pondrían en vilo la continuidad de sus periodos.
El primero, de origen conservador, renunció al partido y obtuvo un nuevo aval de Opción Ciudadana con el que se presentó a la contienda comicial. Ganó por nueve votos frente a su contendor Alexis Beltrán Camacho del Partido Liberal quien obtuvo 2.537 votos. Rojas Parra registró 2.546 sufragios.
La acción de nulidad la interpuso el 30 de noviembre de 2015, Alexander Alarcón Camacho, quien argumentó doble militancia al no haber renunciado un año antes, como lo contempla la ley. La demanda fue admitida el 13 de enero de 2016, dos semanas después de haber asumido el cargo.
“Detrás de la demanda están los perdedores, creo que la puso el candidato que me siguió, fue una votación muy apretada, la diferencia fue por nueve votos, y eso le queda una espinita y tal vez por ese motivo, optó por pedir la nulidad”, explicó Rojas Parra.
Doble militancia
La reforma política (actos legislativos 01 del 2003 y 01 del 2009) estableció que los ciudadanos no pueden pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político y que los miembros de las corporaciones públicas que decidan presentarse en las elecciones por un partido distinto deben renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. Esa condición -dijo- en su caso no se da porque no tenía investidura, ni ocupaba cargos directivos.
“Creo que no se configura la doble militancia, aunque puede parecer, la ley es muy clara, renuncié el 4 de julio y cuatro días después, el 8 de julio de 2015, me dieron el nuevo aval”, afirmó el mandatario el jueves pasado durante la última audiencia preparatoria. Y presentó argumentos.
“Considero que no hay mayor riesgo. Cuando uno hace las cosas en derecho puede estar seguro. En mi caso, tengo plena confianza, actué como lo establece la reforma política, renuncié en su oportunidad al Partido Conservador, me la aceptó antes de tener otro aval, el de Opción Ciudadana, y creo, que voy a salir bien librado”.
Rojas Torres ya había sido alcalde conservador, pero en su criterio solo obtuvo el aval.
“Nunca participé en el Partido Conservador como militante de tiempo completo, solo recurrí a su aval, como suele suceder. Renuncié el 4 de julio de 2015. El Directorio Nacional Conservador se reunió dos veces, yo estuve presente en esas audiencias. Me aceptaron la renuncia y me dejaron en libertad de seguir en mi proceso con otro partido”.
Fallo sampedrino
La acción de nulidad fue radicada el 30 de noviembre de 2015 y fue admitida el 13 de enero de 2016, dos semanas después de haber asumido el cargo.
Agotadas las audiencias preliminares, el magistrado Jorge Alirio Soto, fijó para el 30 de junio, en plena fiestas sampedrinas, la terminación de la audiencia de pruebas, la última fase para decidir si se decreta o no la nulidad de la elección. En este caso, la alcaldía quedaría acéfala y deberá convocarse a nuevas elecciones.
“Lo jurídico es una espinita, porque mientras no se resuelva uno está en el vacío, con un pie adentro y otro afuera, eso siempre incide. Aunque tengo la confianza que será un fallo en derecho, uno no deja de tener sus preocupaciones”, afirmó el alcalde Rojas Parra.
En vilo por trasteo
La segunda alcaldía en vilo es la de Nátaga. La ganadora Edna Magaly Álvarez Serrato (Partido Conservador), obtuvo 1.659 votos, dos sufragios más que el demandante Teófanes Vargas Nasayó (Partido de La U), quien sumó 1.657. El estrecho margen suscitó protestas y desórdenes el día de las elecciones.
Las primeras quejas por trasteo de votos se ventilaron poco antes de terminar la jornada. Varios ciudadanos denunciaron que, al momento de votar, les entregaron tarjetas electorales marcadas, hubo ofrecimiento de regalos a cambio de votos y trashumancia por lo menos en 13 mesas.
La demanda la instauró Teófanes Vargas Nasayó el candidato del Partido de la U. El Tribunal Administrativo del Huila la admitió el 29 de enero pasado. El jueves pasado se realizó la audiencia de pruebas. La diligencia se suspendió hasta el 23 de junio para incorporar nuevas pruebas y preparar los alegatos finales.
Guadalupe en alerta
La tercera alcaldía en la cuerda floja es la de Guadalupe. Su titular, María del Socorro Díaz Motta afronta otra demanda por una supuesta inhabilidad, promovida por sus adversarios,
La demanda en única instancia, presentada por el estilista Andrés Meneses Cárdenas, fue admitida el 10 de noviembre de 2015.
La nulidad se soportó en una supuesta inhabilidad al haber suscrito como propietaria de un inmueble, un contrato de arrendamiento con el Fondo Rotatorio de la Registraduría del Estado Civil. El contrato fue suscrito el 20 de enero de 2015, a nueve meses y cinco días de las elecciones regionales del pasado 25 de octubre de 2015.
Según el régimen de inhabilidades, no podrá ser alcalde “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.
El proceso se encuentra en la audiencia preliminar. El viernes pasado se incorporaron las pruebas y se fijó para el 23 de junio, víspera de San Pedro, la parte final para entrar a resolver su continuidad.
La profesional del Partido de la U, alcanzó la alcaldía por 3.946 votos aventajando al candidato de Cambio Radical Jesús Hernán Rivera.
La profesional argumentó que el contrato se firmó desde tiempo atrás, pero “por tratarse de una entidad nacional debe renovarse anualmente. Está claro que fue una renovación del contrato”, argumentó. Sin embargo, rodeada de concejales, amigos y dirigentes cívicos, aspira a terminar su mandato.
María del Socorro Díaz Motta, alcaldesa de Guadalupe
Edna Magaly Álvarez, alcaldesa Nátaga.
