Es entendible que se sienta indignación por los argumentos del Distrito de Bogotá para defenderse en el proceso por la muerte de Rosa Elvira Cely, lo absurdo del asunto es que olvidemos que dicha actitud corresponde a una política generalizada en el estado colombiano mediante la cual la defensa se basa en ofensas a la víctima.
Por lo anterior, en todos los niveles estatales niegan hasta la saciedad la culpa sin importar que su responsabilidad sea incontrovertible, pasándose por la faja las pruebas, la ley y la doctrina de las Altas Cortes, es decir hacen lo que sea menos aceptar la posición de quien les reclama algo, así la posibilidad de éxito para la entidad estatal sea muy baja.
Tal actitud es reforzada por el hecho que el funcionario en caso de conciliar se expone a una investigación de las “asustadurías” o que lo llamen corrupto por el solo hecho de procurar evitar un pleito que al final puede salir más oneroso, lo cual aunado a la incoherencia de nuestra justicia que ante situaciones iguales puede expedir sentencias completamente opuestas, hace que asuman el riesgo pues un fallo puede resultar de manera inverosímil en contra del perjudicado.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que cuando la sentencia definitiva es expedida han pasado entre 7 y 10 años en promedio, por lo cual quienes ocupaban los cargos ya no están, y si aún están en el mismo puesto la posibilidad de enfrentar investigaciones es prácticamente nula pues los hechos ya prescribieron.
Finalmente sumémosle que algunos estudian derecho pero ejercen torcido, entonces en lugar de procurar la justicia solo interpretan la ley a su antojo y acuden a todo tipo de maniobras para librar a la entidad de la incuestionable culpa, por hacerlo reciben jugosas remuneraciones pues el éxito se mide por resultados sin tener en cuenta las triquiñuelas a las que se haya acudido.
En el caso de Rosa Elvira Cely está más que comprobado que las llamadas de auxilio fueron atendidas tardíamente, esa es la responsabilidad que se le atribuye al Distrito de Bogotá en su muerte, quizás hubiesen podido decir que las lesiones fueron tan graves que eran necesariamente mortales, pero acudir a culpar a la víctima es un acto de indescriptible bajeza.
Renunció la abogada que firmó la defensa del distrito, en los medios pidieron la cabeza del secretario de gobierno, pero nadie solicitó que la estrategia de defenderse con infamias terminara, por consiguiente, esta seguirá siendo política de estado.
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