Al ver los proyectos de ley que quiere presentar el Gobierno para resolver el gran escándalo con las tierras del Vichada, y en general con las grandes inversiones que se han hecho en la Orinoquia, se demuestra lo que muchos habíamos supuesto.
La carencia de una política de desarrollo explícita por parte del Gobierno Santos respondía claramente a una realidad: había una agenda implícita muy similar a la que hizo evidente Carimagua, que después se concretó en Agro Ingreso Seguro.
El verdadero desarrollo del sector rural exige grandes inversiones que solo pueden realizar los grandes inversionistas. Por consiguiente, los campesinos deben ofrecer una mano de obra barata para estas grandes plantaciones. La Ley de Víctimas es de gran importancia porque le da una compensación necesaria a quienes han sufrido los horrores del conflicto armado, pero como no es claro su papel en territorios rurales, pocos querrán quedarse con esas propiedades y se las venderán a los grandes agricultores. Esta es la verdadera lectura aunque el planteamiento le haya sacado la piedra al Ministro de Agricultura anterior de tal manera que su esposa y sus funcionarios resolvieron insultarme; la una en privado y los otros en público.
Al final de cuentas, resultó verdad, y como lo analiza Alfredo Molano en su columna de El Espectador, plantean la figura de baldíos reservados para personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas, sin mencionar para nada las zonas de reserva campesina creadas por la Ley 160, que no ha sido derogada. Molano, que sabe donde se cuecen las habas, afirma que "el Gobierno ordenó al Incoder congelar el tema para en su lugar impulsar alianzas productivas, para convertir a los campesinos en trabajadores agrícolas a todo costo, es decir, sin derecho a prestaciones."
Estas son las estrategias que han alimentado el conflicto interno al cual la mayoría del país quiere ponerle fin. Un esquema en el campo, para no hablar aun de las ciudades, en donde se evidencia la injusticia con los más débiles, a los cuales se les privilegia en la Ley, pero se les excluye en la práctica. Y eso que este Gobierno apoya a las víctimas y quiere lograr la paz. Molano va aún más lejos, y afirma que se va a pintar un mapa, ordenado por el Gobierno, para indicarle a los empresarios dónde deben comprar. ¡Plop!
Difícil que frente al diagnóstico presentado por el Informe de Memoria Histórica, el país aguante normas de esta naturaleza. Claro que se requiere una verdadera política de desarrollo del campo, explícita, no llena de vaguedades, donde quepan todos. Pero no donde los ricos y propietarios sean amos, y los campesinos pobres labriegos. Los campesinos también pueden ser propietarios y si trabajan en grandes plantaciones ¿por qué no pueden ser socios si están poniendo su mano de obra? Y si son asalariados, no deben tener esas remuneraciones de hambre, sin prestaciones sociales y sin la provisión de bienes públicos provistos por un Estado que los valorice.
Lo que el campo colombiano necesita es salir del feudalismo que ha favorecido a los barones de la tierra y generar capitalismo. Pero un capitalismo donde los ricos no se queden con la crema y le dejen el suero a los campesinos. Así, señores empresarios, no habrá paz, pero además, se abrirá un nuevo capítulo de guerra en Colombia, y ustedes y sus representantes en el Estado tendrán mucho que explicarle al país. Pero estamos a tiempo. Todo tiene que cambiar en Colombia si queremos la paz y ustedes, los hasta ahora dueños de la tierra, que tienen el capital, son los primeros que deben revaluar sus prioridades. O todos damos o no habrá sino el fin de un episodio sangriento para comenzar otro.
