De esta manera se ha señalado frecuentemente a la población civil como una prolongación del enemigo, identificándolo como las ‘bases sociales’, ‘auxiliadoras’, ‘colaboradoras’, ‘traidoras’, ‘representantes’ o ‘funcionarios’ de algunos de los bandos en conflicto.
Los actores que carecen de control territorial tienden a recurrir más a este tipo de violencia para imponerse en un lugar determinado, realizando además múltiples asesinatos selectivos. Estas prácticas son las que han provocado el mayor número de muertos en el desarrollo del conflicto armado en el país.
Violencia sexual
Una de las modalidades de la guerra ha sido el ataque sexual contra las mujeres. En el Registro Único de Victimas (RUV) aparecen registradas 1.754 víctimas de violencia sexual. Esta desafortunada práctica tuvo una alta prevalencia en los grupos paramilitares, seguido de la guerrilla y de los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, el número de casos podría ser muchísimo más alto si se tiene en cuenta que incontables víctimas permanecen en el anonimato por miedo, vergüenza o sentimientos de culpa.
Según la documentación del Grupo de Memoria Histórica (GMH), en múltiples episodios la violencia sexual la realizaron simultáneamente varios hombres, quienes durante horas sometieron a niñas y mujeres a toda clase de vejámenes. En muchos casos la violencia sexual fue pública, frente a las familias de las víctimas o en lugares en donde podían escuchar las agresiones.
Esta modalidad de violencia tiene un impacto diferenciado de tipo simbólico, en sociedades patriarcales como la colombiana, por la connotación social y cultural asociada a este tipo de acto: degradación y castigo para las mujeres, pero también humillación al enemigo hombre o a su comunidad. Producto de estas violaciones se registraron además embarazos, divorcios, suicidios y traumas psicológicos.
Esto hace de esta modalidad de violencia una acción que potencializa el suicidio o la tortura no sexual. De los 63 casos documentados en el Magdalena entre 1990 y 2005, 40 fueron perpetrados por grupos paramilitares (63,5%), cuatro por las guerrillas (6,3%), cuatro por miembros de la Fuerza Pública (6,3%), uno por grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública (1,6%) y los 14 restantes no identificados.
Minas
Los 8.070 lesionados y 2.119 muertos en Colombia por minas antipersonas y artefactos explosivos, revelan el drama de este flagelo que ha afectado considerablemente a la población civil. Según el informe, nueve de cada 10 víctimas fueron atacadas desde la década del 2000 hasta hoy.
De éstas, 3.885 personas fueron civiles (38%) y 6.304 miembros de la Fuerza Pública (62%), lo que evidencia el impacto indiscriminado de este tipo de arma. Entre la población civil afectada se registraron 995 episodios que afectaron a niños, niñas y adolescentes. Esto significa que uno de cada cuatro víctimas civiles fueron niños.
También se registraron 307 indígenas víctimas de este flagelo, lo que implica que uno de cada 10 víctimas de minas antipersonales pertenece a este grupo étnico. La masificación de la siembra de minas se ha traducido en una victimización que se ha extendido a 477 municipios, es decir, el 45% del territorio nacional.
Esta arma letal se intensificó durante la última década. Según el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), de 861 víctimas registradas entre 1990 y 1999, se pasó a 5.113 víctimas entre 2000 y 2006, y entre el 2007 y 2012 se registraron 4.152 víctimas.
Así, por cada dos combatientes que cayeron en una mina antipersonal, un civil también lo hizo. Esta situación generó el confinamiento de las poblaciones, el desplazamiento forzoso y múltiples dificultades en los procesos de retorno.
Daños contra bienes civiles
Asimismo, el informe documentó 5.137 casos de daños contra bienes civiles entre 1988 y el 2012. De éstos, 4.322 (84,1%) fueron responsabilidad de las guerrillas, 270 (5,2%) de los grupos paramilitares, 308 (5,9 %) de grupos armados no identificados, 182 (3,5%) de los miembros de la Fuerza Pública y 49 casos por las acciones conjuntas de dos o más actores del conflicto armado.
Las guerrillas son responsables de nueve de cada 10 acciones de sabotaje, quema de vehículos, ataque a instituciones y atentados terroristas; ocho de cada 10 acciones de ataque a propiedad privada; y cinco de cada 10 acciones de ataque a organizaciones, para el periodo documentado entre 1988 y el 2012.
Cerca del 80% de los daños o afectaciones a los bienes civiles documentados se distribuyen en tres modalidades: sabotajes contra la infraestructura energética (oleoductos), eléctrica (torres de energía) y vial (vías, puentes y peajes). En total, fueron 1.762 acciones contra la infraestructura vial (34,3%), 1.401 (27,3%) quema de vehículos y 703 (13,7%) ataques contra propiedades como fincas, empresas, industrias, entidades bancarias o establecimientos comerciales.
Por su parte, la arremetida contra instituciones públicas como alcaldías, concejos, sedes de la Caja Agraria, la Registraduría del Estado Civil, empresas de servicios públicos, entre otras, registraron 366 acciones (7,1%). Asimismo, los ataques contra organizaciones como sedes de partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil registraron 69 acciones (1,3%).
Los embates contra bienes civiles registraron por lo menos una acción en 693 municipios, lo que equivale a un 60,5% del territorio nacional. Sin embargo, siete de cada 10 acciones se concentraron en 143 municipios. 95 atentados terroristas en el conflicto armado entre 1988 y el 2012, con un total de 223 víctimas fatales y 1.343 heridos. De los 94 casos, 77 fueron perpetrados por las guerrillas, principalmente las Farc con 55 casos, seguido del Eln con 12, 16 por parte de grupos armados no identificados y dos de los paramilitares.
Asimismo, se implementó una modalidad de violencia llamada tierra arrasada, implementada especialmente por los paramilitares durante sus incursiones. Los bienes de la población civil fueron destruidos por los paramilitares en seis de cada 10 casos, del total de 163 documentados por el GMH. Por su parte, el ataque a bienes civiles por cuenta de las guerrillas se focalizó en las élites locales y regionales, y constituyó una forma de asedio constante con fines políticos y económicos.
