MUNDO
Con la legalización de la marihuana en Uruguay, la yerba empieza a salir del clóset. ¿Debería el resto de América Latina imitar al país charrúa?
Pecado, depravación, vicio, demencia! ¡La marihuana es un narcótico violento, un flagelo, el verdadero enemigo público número uno!”. En los años treinta le dio la vuelta a Estados Unidos Reefer madness (La locura del porro), una película en la que tres jíbaros corrompen jóvenes a punta de cannabis y jazz. En esa época a nadie le sorprendía escuchar que la “yerba del demonio” inducía al crimen, la desidia y el asesinato. Hoy, cuando un país tan tradicional como Uruguay acaba de dar un paso decisivo hacia legalizar la maracachafa, ese cliché es cada vez más absurdo y el tabú del porro se agrieta en toda América, el continente más afectado por la guerra contra las drogas.
En noviembre en Estados Unidos, Colorado y Washington votaron por legalizar totalmente la marihuana. Desde hace un tiempo varios presidentes latinoamericanos dicen que hay que buscar alternativas a la represión e incluso José Miguel Insulza, el director de la OEA, sostuvo que “vale la pena ensayar la legalización”. Pero solo ahora, en el Uruguay de José ‘Pepe’ Mujica, la retórica está a punto de volverse realidad.
No fue un camino fácil. Hace un año Mujica encendió el debate al anunciar que, junto a una serie de iniciativas para mejorar la seguridad, quería legalizar el cannabis. Todo el mundo se le vino encima: la oposición, las Naciones Unidas y el 63 por ciento de los uruguayos, que según un sondeo rechazaban la nueva ley. Incluso en sus filas, algunos no estaban convencidos. A principios de julio, el proyecto llegó a la Cámara de Representantes y después de interminables debates el miércoles pasado llegó la hora de la verdad.
Al final la votación dependía de Darío Pérez, un parlamentario del Frente Amplio de Mujica que repitió una y otra vez que “la marihuana es una bosta (mierda)”. Pero Pérez se acogió a la disciplina partidista y dio el apoyo decisivo para que 50 de los 99 parlamentarios aprobaran el “Proyecto de ley de regulación de Cannabis”. Ahora llegará a manos del Senado, donde Mujica tiene la mayoría absoluta y su éxito está casi asegurado.
Así, en unos meses, los 184.000 uruguayos que aceptaron haber fumado en el último año podrán consumir en paz. Primero tendrán que registrarse como usuarios y después podrán comprar hasta 40 gramos mensuales de yerba por 700 pesos (unos 65.000 pesos colombianos) en farmacias autorizadas. Lo suficiente como para armar algunos porros todos los días.
El Estado, ya sea directamente o mediante licencias a terceros, se encargará de plantarla y comercializarla. Según sus cálculos necesitaría producir de 25 a 35 toneladas para satisfacer la demanda. En sus casas los uruguayos también podrán cultivar hasta seis matas y cosechar 480 gramos anuales. El gobierno además autorizó la creación de clubes de usuarios donde se sembrarán hasta 99 plantas.
Como contraparte, el gobierno adelantará agresivas campañas de salud y educación sobre consumo de drogas, prohibió la publicidad, manejar tras haber fumado y limitó el consumo en espacios públicos. Para Pepe, se trata de “regular algo que ya existe y está en nuestras narices, se intenta terminar con la clandestinidad y tener un mercado a la luz del día. Si el consumidor está identificado, podemos influir en él cuando se pase de la raya. Una cosa es que se fume un porro y la otra es que se hunda en el vicio y nadie le tire una soga”.
En Uruguay la marihuana ilegal mueve entre 30 y 40 millones de dólares anuales. En comparación con otros países no es un mercado muy grande y la legalización no derribará mafias que mueven miles de millones de dólares. Uruguay tiene además solo tres millones de habitantes, instituciones estables y una larga tradición de tolerancia con el tema. Y van a pasar varios años antes de que se pueda conocer el impacto real de la ley sobre la cantidad de consumidores, la salud pública y la delincuencia.
Pero la decisión uruguaya abre una enorme grieta en la política tradicional de lucha contra las drogas impulsada desde hace 40 años por Estados Unidos, que a todas luces ha sido un fracaso rotundo. A pesar de los millones de dólares gastados por Washington y de los mares de glifosato rociados sobre los Andes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles estimó que entre 2001 y 2012 ocho millones de personas fueron arrestadas por marihuana, el 88 por ciento por simple posesión. Esta lucha le costó a Estados Unidos 3.600 millones de dólares en 2010.
Este despilfarro es más absurdo cuando ya Washington y Colorado legalizaron la marihuana para fines recreacionales, mientras otros 18 estados y el distrito de Columbia la despenalizaron para uso medicinal. La semana pasada Illinois fue el último en unirse al club y en los próximos meses varios más podrían imitarlo. Es cuestión de tiempo que en la mayoría de los 50 Estados se pueda comprar con un certificado médico. Y es una realidad que el 81 por ciento de los estadounidenses apoya el cannabis medicinal y el 52 por ciento la legalización total.
Desde hace décadas Irvin Rosenfeld fuma más de diez porros diarios. Pero no es un consumidor empedernido. La marihuana es su única arma para combatir la enfermedad crónica que ataca sus huesos y le impide tener una vida normal. Aunque Washington tenga una política de prohibición, desde 1983 el gobierno federal le entrega cada mes 300 porros. El caso de Rosenfeld es un reconocimiento implícito de la hipocresía de Washington con la marihuana. Aunque usada en exceso la yerba puede producir problemas de memoria, desarrollar ansiedad, psicosis o depresión y hasta cáncer, los médicos la recetan para aliviar dolores, para desórdenes musculares, como antivomitivo y para estimular el apetito. Los estudios apuntan que es menos adictiva que el tabaco, el alcohol y medicamentos como el Valium.
Por otro lado, las perspectivas de esa nueva industria legal tienen a muchos emprendedores con la boca hecha agua. En el norte de California, el llamado Triángulo de Esmeralda se convirtió en el epicentro de la verde en Estados Unidos. Muchos viejos hippies se están volviendo feroces hombres de negocios, pues se calcula que la yerba mueve en esa comarca miles de millones de dólares y ya sobrepasa la industria vinícola de California. Según la consultora See Change Strategy’s, el mercado actual de las ventas de marihuana medicinal es de 1.500 millones de dólares anuales, y en 2016 podría alcanzar los 6.000.
Desde ya algunos pioneros están apostándole al sector verde, hoy dominado por amateurs, sin grandes inversiones en publicidad y en diseño ni ninguna marca dominante. Una página como Weedmaps, que indica los lugares donde hay dispensarios autorizados, le deja 400.000 dólares mensuales a su dueño en un boom que bautizaron la era del punto bong (pipa de agua). Jamen Shively, un exgerente de Microsoft, le apostó todo al negocio, pues “es un mercado gigantesco en busca de una marca”. Se alió con el expresidente de México Vicente Fox, que anunció que “el día que sea legítimo y legal” sembraría matas en su rancho de Guanajuato. Y si de algo sabe Fox, es de negocios.
En Uruguay todavía no están haciendo cuentas. Pero el camino de Mujica es un laboratorio a cielo abierto para el resto del continente, que les da un impulso a los políticos de la región que han hablado a favor de la legalización. Y sobre todo, se atreve a derrumbar una de las mayores hipocresías políticas de las últimas décadas: la guerra contra las drogas.
