Lo malo es que los siguientes procesos necesarias para garantizar su recuperación están en peligro porque los insumos que requiere aún no están a su disposición.
La salud de la paciente
Jorge Luis Gaviria Castellanos, el especialista que trató a la víctima, le dijo a LA NACIÓN que las intervenciones médicas realizadas fueron exitosas, lo que contribuyó a la salida del Hospital. Sin embargo, la falta de algunos insumos que son indispensables para la cicatrización de las heridas no le han sido suministrados y eso puede afectar irremediablemente el tratamiento.
“La niña salió del Hospital ‘Simón Bolívar’ bastante bien, teniendo en cuenta la severidad de las lesiones, de segundo grado profundo en la mayoría. Estas quemaduras por ácido tienden con las semanas y el transcurrir del tiempo a volverse cicatrices queloides, gruesas y rojas, que crecen y terminan deformando el tejido donde se encuentran”, explicó el especialista.
Agregó que a los pacientes les formulan cremas, siliconas, máscaras especiales y prendas de licra para garantizar una buena cicatrización.
“Dayana necesita prendas de licra para la cara, cuello y tórax, que fueron las partes más afectadas. Pero no se las están autorizando después de varios días de la salida. Por eso, clínicamente ya tiene los primeros indicios de que está haciendo queloides”, se quejó Gaviria.
El problema es que la demora podría echar a perder el tratamiento a Dayana. “Esto es terrible, porque este tipo de cicatrices daña todo el proceso que se le hizo. A ella le fue muy bien en las cirugías, le ha ido bien con la terapia y con todo el tratamiento hasta ahora, pero no es posible que porque la EPS no le suministra los insumos se vaya a dañar todo el trabajo”, resaltó el galeno.
Las consecuencias inmediatas son que la niña ya presenta cicatrices que no le permiten abrir bien la boca, producto de la falta de las licras para la cara.
La prenda no es muy costosa. Se calcula en alrededor de unos 500 mil pesos. “Esto no es nada costoso si comparamos lo que vale una cirugía reconstructiva para quitarle luego los queloides. El tratamiento puede durar años y la inversión de unos 80 o 100 millones de pesos”, destacó.
Sufre la madre
La situación la sufre también la mamá de Dayana, Marloby Zambrano, quien desde que le dieron la salida a la niña no ha parado de hacer vueltas para que la EPS Comfamiliar, donde la afiliaron de urgencia, cumpla con los insumos ordenados en el Hospital ‘Simón Bolívar’.
“Lo que me recomiendan es que ponga una tutela para que le den lo que necesita, pero en este momento yo no tengo plata para viajar a Neiva a hacer eso, dijo la progenitora, quien ha permanecido al lado de su hija desde el día que la trasladaron a Bogotá.
Cuenta que las consecuencias de no poder recibir todo lo que necesita para su recuperación tiene desesperada a la niña, quien además de cansada de las cirugías ahora teme que su rostro sufra las consecuencias del sistema de salud, que le está negando la posibilidad de una recuperación total.
“Ella se pone a llorar porque ve que no llegan las cosas que le formularon y le da miedo que el rostro le quede con demasiadas cicatrices”, dijo la preocupada madre.
La EPS responde
El coordinador nacional de control del riesgo de la EPS Comfamiliar, Robert Francisco Vega Cuéllar, dijo que la niña solo fue afiliada el 24 de febrero de este año, fecha posterior al atentado criminal. La atención, cuando llegó al Hospital Universitario de Neiva, la recibió a través de un carnet facilitado por una prima de Dayana, porque ella no tenía afiliación.
“Con ella se presentó un caso de suplantación. Ingresó a urgencias con el carnet de una prima que es afiliada nuestra y que tiene una edad similar. Las mismas personas que la acompañaron posteriormente detectaron esta situación en el Hospital ‘Simón Bolívar’. Eso no interrumpió el proceso de atención, sino que no se hizo con cargo a Comfamiliar”, explicó.
Y agregó que uno vez fue afiliada legalmente, Comfamiliar empezó a asumir las atenciones. Hasta ahora se registra que el Hospital ‘Simón Bolívar’ le ordenó una consulta de cirugía plástica de control y unas terapias físicas, autorizadas hoy (ayer).
Con referencia a las licras e insumos especiales para el manejo de las heridas, el funcionario dijo que no les aparece ningún requerimiento por parte del Hospital. “Pueden ser elementos que no cubre el POS y requieren que se pasen a un comité para que evalué la pertinencia y los autorice”, aclaró Vega.
Y resaltó que por ser un caso prioritario el análisis solo demoraría dos días. “Nosotros tenemos toda la voluntad como aseguradora de garantizarle a la niña todos los servicios del POS, y adicional a ello existe la posibilidad de que evalúen la pertinencia de lo que están solicitando los médicos tratantes”, concluyó.
¿En qué va la investigación?
Con respecto a la investigación y autores del hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Juan Carlos León, dijo que el proceso ha tenido avances significativos y que la recompensa que ofreció de $50 millones está vigente.
“Hemos hecho alrededor de diez entrevistas a personas de lo sucedido y a familiares de la menor. Se han tomado cinco retratos hablados que tenemos en proceso de descarte con los mismos testigos para dejar los dos que nos den más claridad de los culpables”, dijo el coronel León.
Agregó que cumplen tareas conjuntas con la Fiscalía y esperan que en los próximos días se den resultados contundentes. “Hay dos personas que casi podemos decir serán sindicadas de lo sucedido y tenemos indicios muy veraces de lo que sucedió esa noche, que pronto informaremos”, concluyó el oficial.
Robert Francisco Vega Cuéllar, coordinador de control del riesgo de la EPS Comfamiliar.
Coronel, Juan Carlos León, comandante Policía Metropolitana.
