La de cualquier municipio, sea de categoría, 3,4,5 la que usted quiera poner como ejemplo, para fines prácticos cualquiera servirá .
Las empresas públicas, es decir, aquellas que prestan servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la ley 142 de 1994 se han convertido en el monumento a la ineficacia, el derroche y la corrupción que arrasa con todo en este país.
Para empezar el nombre de empresa pública en la gran mayoría de los casos es una mentira, ni son empresas porque no innovan, no crean, no tienen vocación empresarial; ni son públicas, son de los alcaldes de turno ¡sencillo!.
Y cuando la política toca una institución que a todas luces debe brillar por su alto grado de tecnicidad y profesionalismo el ciudadano de a pie es quien sufre.
Y es así porque el político promedio se acoge a aquel adagio popular que dice “lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta” y en este caso hacer una pseudo sociedad anónima con dineros del erario es increíblemente fácil de constituir.
Lo difícil, como pasa con muchas empresas colombianas es mantenerse, y ante cualquier dificultad, se opta por lo más sencillo, liquidar y volver a crear, es decir, muchos municipios han visto como de la noche a la mañana las empresas cambian de nombre, lo que sería un error de apreciación, teniendo en cuenta que no se trata de un cambio de nombre sino de una empresa totalmente nueva, lista para recibir la inyección de dinero necesaria para ser usada, ultrajada y dejada a merced del próximo mandatario quien se rasgara las vestiduras tal vez no por ver el deplorable estado en que quedó un patrimonio del pueblo sino por el poco margen de utilidad que le han dejado.
De allí que resulte más fácil crear otra, o echar mano de los famosos convenios inter administrativos, ese bálsamo que justifica el traspaso de dinero de una entidad pública a otra.
Los convenios interadministrativos, en pocas palabras y sin llegar a generalizar, se convierten en un paseo de dinero, que en últimas regresa a manos del alcalde (no alcaldía).
Así que, si en su municipio, existen convenios firmados para la realización de una capacitación para el ahorro del agua por 200 millones de pesos entre la alcaldía y las empresas públicas, dude, ponga en conocimiento a los entes de control y cruce los dedos para que se haga justicia.
No pedimos que en un par de meses sigamos el ejemplo de EPM, pero sí que haya una nutrida participación de las veedurías ciudadanas, y pongamos punto final a esa impresión, sensación y en muchos casos realidad de que las empresas públicas son plata de bolsillo de unos pocos a costillas de muchos.
