Los supuestos privilegios que habría recibido el ex director administrativo de Comfamiliar, Armando Ariza Quintero, durante su reclusión en la cárcel del distrito judicial de Neiva, se debatirán en un juicio oral en la Procuraduría Regional.
Tres directivos regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) responderán en un proceso disciplinario que les abrió de oficio el agente del ministerio Público, Cesar Augusto Murcia.
El caso, ventilado una semana después de haber sido detenido, causó revuelo y generó una encendida polémica.
Ocho meses después, la Procuraduría abrió investigación preliminar y decidió tramitar la actuación disciplinaria por procedimiento especial.
La audiencia pública fue convocada para el próximo martes 9 de febrero y a ella concurrirán el director del Inpec Holman Eduardo Montero; la subdirectora, Erika Losada Molina y la coordinadora de Sanidad, Leidy Milena Bejarano, quienes serán escuchados por primera vez, sobre estas denuncias.
Montero, por primera vez, abordó el tema y anunció que en el proceso verbal podrá demostrar que las actuaciones estuvieron sometidas a las disposiciones que contempla el régimen penitenciario.
Las detenciones
Ariza Quintero fue detenido el primero de junio de 2015 por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del régimen subsidiado de salud. Por estos hechos también fueron vinculados a la investigación cuatro ex alcaldes de Garzón, La Plata y Pitalito y seis ex gerentes de las clínicas Mediláser y Revivir IPS.
El fiscal 22 seccional de Cundinamarca, quien dirige la investigación, les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; peculado por apropiación en beneficio de terceros; enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público.
Después de ocho horas de intenso debate jurídico, el juez tercero Penal Municipal Jorge Arcesio Hoyos, con funciones de garantías, declaró el 6 de junio la detención preventiva y ordenó la reclusión de los ocho indiciados en establecimiento carcelario.
“Se trata de una medida de naturaleza preventiva, cautelar y por ende provisional, necesaria para evitar que los imputados oculten pruebas y obstruyan la justicia”, argumentó en su momento el fiscal 22 seccional de Bogotá Ciro Alfonso Castilla Lobelo durante la audiencia preliminar.
Al día siguiente, todos fueron trasladados a la cárcel. Desde ese momento comenzaron los rumores. En el penal hubo también reacciones de los reclusos por un tratamiento preferencial. El caso fue difundido en Noticias Uno. Algunos empleados sindicalizados soportaron la denuncia.
En otro patio
“Ariza fue ubicado en un patio distinto, por razones de seguridad. Los demás indiciados fueron ubicados en el patio cuatro, que tiene, mayores comodidades”, alegó el director del Inpec.
El 10 de junio de 2015, Ariza Quintero fue ubicado provisionalmente en un patio especial, “atendiendo recomendaciones de seguridad”.
“La medida fue acordada atendiendo una solicitud formulada por la Defensoría Regional del Pueblo. Una circular en ese sentido fue enviada por la entidad solicitando medidas de protección”, reiteró Montero en diálogo con LA NACIÓN.
Holman Eduardo Montero.
Un día antes de llegar, cuando el juez de garantías profirió la medida de aseguramiento aparecieron en el interior del penal, letreros amenazantes.
“Incluso amenas directas de varios internos que protestaban por la llegada de los personajes detenidos. Esa circunstancia fue expuesta por los abogados y así aparece en las constancias”, afirmó Montero.
Sin embargo, no era un sitio cinco estrellas. “Ariza, por su condición, fue asignado a una celda distinta, obedeciendo a unos criterios de clasificación, claramente definidos en el estatuto carcelario”, anotó. “Era una celda individual con una colchoneta normal, sobre una plancha de cemento, sin teléfono, sin computador”, explicó el director del Inpec.
“El patio cuatro, donde fueron ubicados las demás personas implicadas en este caso, por ejemplo, tienen baños individuales, televisión, una cancha y tienda, con mayores comodidades, pero con todas las limitaciones propias de un reclusorio antiguo como la cárcel de este distrito”.
Visitas anormales
La misma Fiscalía destapó supuestas anomalías por el ingreso de amigos, parientes y funcionarios de la entidad en horarios no autorizadas. La revelación la hizo el fiscal auxiliar Daniel Fernando Díaz Torres en agosto del año pasado durante una de las audiencias públicas.
El caso en su momento fue investigado internamente por el Inpec. “Una comisión de la entidad llegó de Bogotá para verificar las denuncias y no encontró anomalías. Los procedimientos estaban sometidos a lo previsto en el reglamento interno”, explicó Montero.
El funcionario admitió que varios personajes, incluido el ex senador Jorge Eduardo Géchem, lo visitaron en el penal. “Fueron visitas legales, en horarios permitidos.
También fueron otros funcionarios. En algunos casos fueron atendidos en mi oficina, hecho que no es ilegal y está permitido”.
Montero Jiménez argumentó que las enemistades de Ariza terminaron trasladándose a funcionarios del Inpec.
“No es cierto que tenía privilegios. Hemos actuado ajustados a la legislación carcelaria. Tenemos todo el material para desvirtuar las acusaciones y tenemos la certeza de haber actuado legalmente”.
Estamos tranquilos. Los organismos de control están en su derecho y es su obligación, investigar. Y vamos a responder en este proceso”, afirmó.
La Procuraduría definirá si las denuncias tienen o no soporte y si constituyen infracciones de carácter disciplinario.
Las razones del trasladado
Armando Ariza.
El director regional del Inpec, Holman Eduardo Montero Jiménez reiteró que además de las medidas de seguridad alegadas por el ex director de Comfamiliar Armando Ariza, su traslado a Bogotá se aprobó para evitar presiones. El intempestivo trasladado se produjo el domingo 20 de diciembre. Un grupo especial del Inpec lo trasladado por tierra hasta Bogotá.
“La remisión a la cárcel La Picota fue autorizada por una junta asesora de la que hacen parte profesionales de distintas disciplinas. Fue una medida discrecional que solicité para cortar de plano los rumores sobre privilegios que realmente no ocurrieron. Le repito, fueron medidas especiales, ponderadas por criterios de clasificación”, afirmó Montero Jiménez.
