Pareciera que el tema de conductores embriagados se convirtió en un problema endémico en Colombia. En los retenes de control del fin de semana, más de un quince por ciento de los conductores revisados estaba conduciendo en estado de alicoramiento, muchos incluso, transportando sus familias. Varias personas han muerto recientemente por la acción de los ebrios al volante.
El caso Salamanca, tan sonoro en los últimos días, dejó dos jóvenes fallecidas y un conductor a punto de perder su función motriz. La decisión de la Jueza de Garantías, de no privarlo cautelarmente de la libertad, causó un gran revuelo social, pues por la gravedad de lo acontecido la opinión pública esperaba que fuera recluido en forma ejemplarizante.
La decisión de la Jueza de Garantías fue razonable y acorde con el ordenamiento jurídico colombiano. El sindicado no tenía antecedentes como infractor de tránsito y no se allegó prueba que hubiese procedido intencionalmente a cometer el hecho, como pretendía la Fiscalía. El mundo se le vino encima a la funcionaria, por desconocimiento colectivo de lo que es la función de un Juez de Garantías y del sistema jurídico que debe aplicar.
El Estado debe revisar la legislación que regula este tipo de casos y ponerla más acorde con las necesidades actuales. No se trata de hacer “populismo punitivo”, sino sintonizarla con la necesidad social. La Corte Suprema de Justicia planteó para un caso concreto, la posibilidad de predicar un dolo eventual. También se le vino la academia “lanza en ristre” y ahora puede decirse que no estaba equivocada la jurisprudencia. Quien se va de juerga a tomar alcohol y a embriagarse, para después conducir el vehículo sin estar en facultades para ello, está admitiendo las eventuales consecuencias de su imprudencia. La sanción pecuniaria debe ser más fuerte y las autoridades de tránsito deben retirarle en forma permanente su licencia de conducción y la sociedad debe ser retribuida con trabajo social o comunitario frente al agravio que la ha puesto en peligro. Debe haber sanción, además, para quienes participan pasivamente del hecho y no hacen nada por impedirlo, pudiendo hacerlo.
Pareciera que nuevamente el Congreso de la República ha tomado conciencia de la necesidad de revisar el tema y darles a los jueces instrumentos para poder ser más eficaces en lo que les corresponde en la persecución de este tipo de delitos y podamos reducir los conductores ebrios a proporciones más controlables.
*Ex presidente Corte Suprema de Justicia
