Miles de campesinos mantenían bloqueadas este jueves más de 30 carreteras del país en su cuarto día de protestas, mientras que el Congreso intenta favorecer un diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Cerca de 200.000 campesinos en todo el país, según sus líderes, han instalado improvisados campamentos a orillas de las carreteras y en muchos casos impiden el paso de vehículos, especialmente los de carga pesada.
A la vez, unos 40.000 camioneros que reclaman una reducción en los precios de los combustibles se han sumado a las manifestaciones.
En Zipaquirá, al menos 60 camiones se encontraban estacionados este jueves y un vehículo pesado que intentaba llevar mercancía a la capital fue quemado, comprobó un fotógrafo de la AFP.
Las protestas campesinas son particularmente intensas en el rico departamento agropecuario de Boyacá, donde las principales carreteras han sido cortadas y los manifestantes se enfrentan con grupos de la policía antimotines.
Incluso, se impide el paso de ambulancias y ha comenzado a escasear el oxígeno en la región, según la Cruz Roja, que reportó doce ataques a la misión médica en los primeros tres días de manifestaciones.
También una veintena de periodistas han sido atacados por policías y por manifestantes, según la organización internacional Reporteros sin Fronteras.
Unos 15.000 agentes policiales han sido desplegados en el país para controlar las decenas de manifestaciones y actos de protesta.
Hasta el miércoles, 82 policías y un número indeterminado de manifestantes habían resultado lesionados en las protestas y 98 personas habían sido detenidas por promover la violencia en las manifestaciones.
Los campesinos exigen al gobierno instalar una mesa nacional de interlocución para establecer precios mínimos de sustentación a sus productos y una rebaja para los precios de los fertilizantes y las semillas.
También piden mayor acceso a la propiedad de la tierras y mejores servicios públicos en las zonas rurales.
Exigen diálogo nacional
El gobierno de Santos anunció que dialogará con los campesinos de Boyacá en cuanto cese la obstrucción de vías, pero esa oferta fue rechazada por los organizadores de la protesta, que rehúsan negociaciones regionales o sectoriales.
"El gobierno ha venido planteando la posibilidad de abrir mesas departamentales. Nosotros hemos dicho que no compartimos esa idea porque luego no cumplen. Buscan dispersar el paro y luego no cumplen", dijo este jueves a la AFP Eberto Díaz, portavoz de la Mesa de Interlocución Agraria, que organiza las protestas.
"Hemos hablado con los campesinos de Boyacá y ellos están de acuerdo con la mesa nacional. No van a cesar en la protesta hasta que se abra la mesa nacional", refirió Díaz.
En cambio, los dirigentes campesinos se han mostrado abiertos a una mediación del Congreso, y se espera que este mismo jueves tengan una primera reunión con el presidente el Senado, Juan Fernando Cristo.
"Tenemos una reunión con el presidente del Congreso y vamos a ver si hay una comisión de facilitadores para abrir la mesa de negociación lo más pronto posible. También hemos hablado con la Defensoría del Pueblo porque están maltratando mucho a los campesinos", señaló este líder.
El campo en Colombia, una crisis estructural
Para el economista Mauricio Reina, el problema del campo colombiano es estructural, y la aprobación de subsidios por parte del gobierno "sólo sería una solución momentánea".
"En los últimos cinco años, el sector agropecuario ha crecido la mitad de lo que crece la economía. Esa situación es difícil de aceptar cuando en ese mismo periodo otros países latinoamericanos como Perú o Argentina han aumentado la producción de alimentos", dijo Reina a la AFP.
"En Colombia, el problema está ligado a la explotación de las tierras, pues tres cuartas partes de los terrenos de uso agrícola no son aprovechados debido a la inseguridad que genera la presencia de guerrillas y del narcotráfico", explicó.
Colombia sufre desde hace medio siglo un conflicto armado en el que han intervenido guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y grupos de narcotraficantes, que han dejado unos 600.000 muertos y más de 4,5 millones de campesinos desplazados por la violencia.
El gobierno de Santos lleva a cabo desde 2012 un proceso de paz con las FARC, guerrilla que desde la mesa de conversaciones en La Habana ha respaldado las protestas campesinas.
