Miles de campesinos continúan en protesta en varias regiones, enfrentando a la Policía en puntos cercanos a Bogotá, mientras el gobierno y los agricultores mantienen posiciones distantes en torno a un posible diálogo.
La movilización derivó nuevamente en choques, esta vez en la periferia noreste de la capital, donde manifestantes cortaron la ruta hacia La Calera siendo disueltos por la Policía con gases lacrimógenos, constató la AFP.
Desde la multitud fueron lanzadas piedras contra los agentes, que restablecieron el tráfico.
La Policía reportó 20 vías cerradas en ocho de los 32 departamentos del país.
Mientras, un motociclista falleció la noche del jueves al chocar contra una alambrada con la cual manifestantes impedían el tránsito en una carretera del departamento de Boyacá, informó la Policía.
Y este viernes un hombre de 72 años con insuficiencia renal falleció luego de que la ambulancia que lo trasladaba a un hospital quedara atrapada en otro bloqueo en la localidad de Ramiriquí (Boyacá), denunció el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Eberto Díaz, portavoz de la Mesa de Interlocución Agraria, que organiza la protesta, aseguró a la AFP que un campesino también murió el jueves al parecer de un disparo durante un choque con policías en Puente Boyacá, pero las autoridades no han confirmado esa información.
El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, dijo que las refriegas dejaron 117 policías lesionados desde el lunes, así como 175 detenidos por "usar explosivos, obstruir vías, atacar a uniformados o terrorismo".
El presidente, Juan Manuel Santos, precisó que 30 de esas personas serán acusadas penalmente, algunas por "terrorismo", lo que les acarrearía hasta 20 años de cárcel.
Díaz reportó, por su parte, medio centenar de heridos entre los labriegos, algunos de los cuales requirieron ser hospitalizados. Según el dirigente, en la protesta participan unos 200.000 campesinos.
Desde Cuba, donde se lleva a cabo una negociación de paz con el gobierno, la guerrilla FARC rechazó "el tratamiento militarista" que las autoridades le han dado al problema.
El gobierno reiteró su negativa a instalar una mesa nacional de diálogo como exigen los agricultores, que por su parte rechazan la exigencia oficial de poner fin a los bloqueos para iniciar conversaciones regionales.
"Con los campesinos que tienen reclamos válidos tenemos toda la disposición de diálogos, de encontrar soluciones a sus problemas, pero no se dejen infiltrar, no se dejen manipular por quienes no tienen como prioridad el interés de los campesinos", afirmó Santos.
El exsindicalista y ministro consejero para el diálogo social, Luis Eduardo Garzón, declaró que ya hay mesas de concertación regionales y sectoriales listas para retomar el diálogo una vez finalicen los cortes de vías.
Pero Díaz replicó que "los problemas del campo son estructurales y no se solucionan con acuerdos parciales".
El dirigente sostuvo que la crisis agraria se remonta a los años 1990, cuando el gobierno liberalizó el comercio, y se agravará cuando empiecen a ser aplicados de lleno los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea.
Díaz puso como ejemplo que mientras una carga de papa de 50 kg cuesta en el mercado el equivalente a 39 dólares, el agricultor apenas recibe 13, y un productor de leche percibe 27 centavos de dólar por litro, cuando en 2010 obtenía 62 centavos.
Sin embargo, el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, manifestó que hay una "intransigencia total por parte de los campesinos", que según él, hacen "peticiones desmedidas como renegociar todos los TLC. Son solicitudes fuera de alcance".
Este viernes, el estatal Fondo Para el Financiamiento Agropecuario (Finagro) anunció que destinará 260 millones de dólares para refinanciar deudas de agricultores con la banca.
Ese monto "no soluciona la crisis. Pedimos que se haga una condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores que han quebrado por estas políticas. De otro modo el dinero se va a quedar en los bancos que refinanciarán las deudas", afirmó Díaz.
El dirigente anunció que educadores públicos y trabajadores petroleros pararán sus actividades el miércoles y jueves próximos en solidaridad con los labriegos, que ya cuentan con el apoyo de un sector de los transportistas de carga.
