Que una autoridad bote toneladas de comida argumentando que no es apta para el consumo humano es doloroso, pero comprensible. Pero que esa misma autoridad les prohíba a los pequeños campesinos almacenar semillas de sus cosechas para sembrarlas y que los penalice por ello es un absurdo que pocos entienden.
Eso es en plata blanca lo que reveló el Documental 9.70, que la semana pasada se convirtió en un hit en internet al mostrar cómo algunos funcionarios del ICA, escoltados por los robocop del Esmad de la Policía, incautaban 62 toneladas de semillas de arroz a una veintena de campesinos de Campoalegre, Huila, para destruirlas en un basurero. ¿Por qué lo hicieron? Por dos razones: uno, porque la mayoría era ilegal o no certificada, lo que para el ICA es un riesgo fitosanitario. Y dos, porque ninguna estaba en su empaque original sino en costales de harinas y fertilizantes que podían contaminarlas.
Pero el problema es más de fondo y pone en evidencia una guerra que vienen librando en los últimos dos años campesinos y multinacionales por la propiedad intelectual de las semillas certificadas. Es una batalla entre David y Goliat. En el mundo agrícola existen dos clases de semillas: las criollas o nativas que usan ancestralmente los pueblos, y las certificadas, que son mejoradas genéticamente por multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta.
En Colombia, del total de semillas que se comercializan el 15 por ciento es de multinacionales. Las criollas tenían su espacio y no habían sido perseguidas. Pero desde 2010, cuando se promulgó la Resolución 970, empezó una cacería a la piratería de semillas. En esta persecución cayeron las de tipo criollo porque la Resolución 970 tiene zonas grises y cataloga de ilegales todas las que no sean certificadas, obliga a los agricultores a “usar solo semilla legal” y prohíbe “tener a cualquier título semilla que no cumpla con los establecido en la Resolución”. El ICA en un comunicado precisó: “La normatividad busca ponerle tatequieto a la llamada semilla de costal y a las de contrabando”.
Esas normas cayeron como anillo al dedo a los promotores del paro agrario. Además, campesinos y activistas culpan de todo a los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y Europa. Pero la verdad es que el país viene legislando sobre la propiedad intelectual de las semillas desde 1993, cuando suscribió el Convenio 345 de la Comunidad Andina. No obstante, con la firma del TLC con Estados Unidos uno de los compromisos era acoger un convenio que prohíbe usar las semillas nativas y obliga a los agricultores a sembrar solo las certificadas. En Colombia ese convenio no pudo aplicarse porque, en diciembre pasado, la Corte Constitucional tumbó la Ley 1518 que pretendía reglamentar la propiedad intelectual de las semillas. Esa ley, dijo la Corte, requería de consulta previa.
Cultivo de arroz
Lo nuevo son los decomisos como los de Campoalegre, que causan ruido e indignación. Desde 2009 a la fecha el ICA ha sellado 4.271 toneladas de semillas de arroz, papa, maíz, trigo, algodón, pastos, arveja, cebada, fríjol y habichuela. Por el caso de Campoalegre, el ICA enfrenta una acción de grupo “donde pretenden una reparación cercana a los 4.000 millones de pesos”, precisó una fuente de dicha entidad. Si bien nadie desconoce la rentabilidad a gran escala de las semillas certificadas, otros se sienten presos de ese invento. Los cultivadores de algodón en Córdoba no saben qué hacer con las pérdidas que les viene ocasionando la semilla mejorada que le compran a Monsanto. “Llevamos dos años diciéndole al ICA que esa no sirve en esta región y no nos atienden”, dijo Alejandro Polo, jefe técnico de Coopiagros, entidad que agremia al sector.
Teresita Beltrán, la gerente del ICA, desmiente esa denuncia y aclara además que la 970 no ataca las semillas criollas y mucho menos criminaliza a los campesinos que las usen. Pero reconoce que solo las pueden cultivar en áreas no mayores a cinco hectáreas y la cosecha debe ser para consumo personal, es decir no la pueden comercializar.
SEMANA tuvo acceso a un borrador de modificaciones a la Resolución 970, que excluyen de la norma a las variedades locales (semillas criollas). Si se aprueban esos cambios, los campesinos podrán cultivar semillas nativas sin temor a ser criminalizados. ¿Será que David le gana a Goliat?
“El problema es más de fondo y pone en evidencia una guerra que vienen librando en los últimos dos años campesinos y multinacionales por la propiedad intelectual de las semillas certificadas”
