El caso del campesino torturado por los terroristas de las Farc me recordó la familia de tres hermanos secuestrados en Arauca por ese grupo a comienzos de 2003 y obligado uno por uno de ellos a conducir vehículos cargados de explosivos para parquearlos frente al batallón, MARTA LUCÍA RAMÍREZ El caso del campesino torturado por los terroristas de las Farc me recordó la familia de tres hermanos secuestrados en Arauca por ese grupo a comienzos de 2003 y obligado uno por uno de ellos a conducir vehículos cargados de explosivos para parquearlos frente al batallón, procurando afectar en el mayor grado posible a nuestros soldados. Cada uno de los hermanos salió del lugar de su encierro con la ilusión de que afuera lo esperaba el hermano que le había precedido, sin imaginar siquiera que ese hermano había fallecido en el interior del vehículo cargado de explosivos. Su encierro se produjo luego de haber ido a Arauca engañados con un servicio de transporte que les iban a contratar y cada uno encontró la muerte en ese trabajo involuntario de servir de bombas humanas, pues los terroristas hacían detonar a control remoto el vehículo que con engaños conducían. Estas acciones terroristas de una crueldad sin límites han caracterizado a las Farc durante años. Ensañarse contra los más pobres con el pretexto de que son informantes o apoyos del Ejército, pretendiendo de esta manera intimidar aún más al pueblo colombiano, es propio de un grupo terrorista y no de uno al que sus simpatizantes de siempre pretenden hacer ver con objetivos políticos. El pueblo colombiano está cansado de repudiar estas acciones, la comunidad internacional -algunas veces tímidamente y otras con mayor firmeza- los repudia, pero a pesar de ello continúa la ignominia. Como bien lo dijo el presidente Santos, ésta es “una demostración de barbarie”, que aleja cada vez más las posibilidades de diálogos. Resulta inaudito que pretendan algunos hacernos creer en la voluntad para el diálogo ante hechos tan bajos. Aberraciones como coserle con alambre la boca a un campesino por negarse a participar de un acto terrorista, muestran el grado de sevicia pero deben hacer reflexionar desde ya en que ningún diálogo ni negociación servirá para perdonar estos crímenes de lesa humanidad. El desgarramiento por el dolor de tantas familias no es un asunto de ellas solamente, debe ser un asunto que concierne a la sociedad entera. Necesitamos que la presencia integral del Estado en todo el territorio sirva de disuasivo, pero también cope los espacios para que el campesino no esté impotente frente a estos terroristas y a la nueva versión de criminalidad con rezagos de los paramilitares desmovilizados que, según nos notifica el Director de la Policía, se han extendido por toda la Costa Atlántica, Urabá y parte del Pacífico. Requerimos el trámite urgente de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional que presentamos en el Senado hace varios años y que por falta de apoyo del Gobierno se hundió. Una Ley que brinde a la Fuerza Pública instrumentos adicionales para hacer mejor Inteligencia, estimular el apoyo ciudadano, adelantar capturas oportunas con la Fiscalía y garantizar una justicia cumplida, oportuna y eficaz que juzgue y condene todos los crímenes que a diario suceden sin otorgar beneficios ni subrogados vergonzosos.