El ex mandatario confiaba en que esta vez podía frenar con dinero las investigaciones iniciadas por los actos de corrupción en la adjudicación de contratos, antes de ser Gobernador. Pero se equivocó.
Las confesiones de los implicados en la irregular contratación le dieron pistas a la Fiscalía para avanzar en las investigaciones. Las declaraciones del abogado Manuel Sánchez, de los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, así como las confesiones del concejal Hipólito Moreno le abonaron el terreno para desenredar la ‘pita’.
El 11 de mayo, expertos del CTI allanaron la residencia del gobernador Cruz Vargas, su oficina particular y las sedes de las dos firmas, beneficiarias de la contratación irregular durante la administración de Samuel Moreno. En estas oficinas encontraron otras pistas en Estados Unidos.
El fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, solicitó el 17 de julio de este año al Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra el mandatario seccional por los actos de corrupción.
La diligencia se programó para el próximo 2 de septiembre en el Tribunal Superior de Bogotá. Estaba claro, la Fiscalía le imputaría cargos por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y abuso confianza.
Las acciones desplegadas por la Fiscalía irritaron al gobernador Cruz y a su esposa, Luz Zoraida Rozo. La molestia se originó porque, según ellos, el plan para dilatar el proceso penal no estaba dando resultado.
Ante la posible imputación, tendría que afrontar el proceso penal en la Corte Suprema de Justicia en su calidad de aforado. Por esa razón, Cruz Vargas renunció el 11 de agosto para que no lo investigara ese alto tribunal. Estos hechos, destaparon otro acto de corrupción, alimentado, como en una telenovela, por la codicia, la traición, el amor y otros demonios.
El amor
Ante la situación que se le venía al ex mandatario, su esposa, Luz Zoraida Rozo Barragán, decidió contactar a su cuñado Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, procurador 84 judicial para que le ayudara en la empresa criminal.
El joven abogado, de 36 años, había tenido una relación sentimental con su hermana Irma Rocío Rozo Barragán, procuradora judicial de Villavicencio, mayor que él, con quien adquirió varios bienes. Después la dejó. Con su nueva novia, se dio todos los lujos.
La traición
El abogado, nacido en Neiva, además de su cargo, tenía una ventaja: haber sido condiscípulo del vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, bachiller del colegio Salesiano de Neiva. Y para completar, tenía otro amigo común, y con más cercanía al funcionario: César Augusto Ramírez Cuéllar, sobrino del fallecido ex alcalde de Garzón, Álvaro Cuéllar.
El plan parecía funcionar. Jovel Muñoz, se comprometió a contactar a Ramírez Cuéllar, aprovechando su cercanía con el Vicefiscal. El joven abogado, empleado de Medicina Legal, podría influir, según sus cálculos, para demorar o favorecer al ex mandatario Cruz.
El procurador judicial, designado por ‘palanca política’ le pidió 2.000 millones de pesos, supuestamente para ‘sobornar’ a funcionarios de la Fiscalía. De éstos, Ramírez Cuéllar recibió 350 millones de pesos. La meta era, por lo menos, garantizar la terminación de su mandato. Ese era el ‘acuerdo ilícito. Pero falló.
La molestia de los ‘cerebros’ del plan quedó registrada en varias llamadas telefónicas. La esposa del dimitente gobernador, se quejaba porque la Fiscalía avanzaba en las pesquisas. Y protestaba por la alta suma de dinero que se había pagado para ‘atajar’ el proceso. Los reclamos se convirtieron en un secreto a voces, que llegó hasta los oídos del propio Vicefiscal.
El destape
El viernes 25 de septiembre bajo la gravedad de juramento, César Augusto Ramírez Cuéllar, su amigo en la adolescencia, le reveló los pormenores del plan. Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, le pidió que aprovechara su amistad con el Vicefiscal para indagar sobre el curso de la investigación. Pero además que sirviera de intermediario para pagarle a los fiscales, si era necesario.
Ramírez Cuéllar, quien logró un preacuerdo con la Fiscalía, confesó que recibió cerca de 350 millones de pesos por su gestión. Y no los 750 millones que le había anunciado su cómplice.
Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, en la audencia pública.
“Hernán era el que recibía la plata; no sé cómo lo hacía. En la primera entrega me dio 250 millones de pesos”, declaró en las audiencias preliminares.
“La segunda entrega fue cercana a los cien millones de pesos, para un total de 350 millones”, precisó.
Ramírez Cuéllar, empleado de Medicina Legal, en diálogo con LA NACIÓN, corroboró la versión rendida en las audiencias realizadas en el complejo de Paloquemao en Bogotá. Sin embargo, no profundizó argumentando que “por ser testigo de la Fiscalía no está autorizado para hablar con la prensa.
Otros demonios
Según la investigación, Jovel Muñoz compró varias propiedades en los barrios La Gaitana y Yumaná.
En el caso de Jovel Muñoz, la Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio, un vehículo Mini Cooper, una camioneta Audi Q7 adquirida por 180 millones de pesos y un automóvil Hyundai Sedan. Igualmente aparecen viajes a Europa con su nueva novia, compra de costosas joyas y la adquisición de casas y lotes en diferentes partes de Neiva.
Entre otros bienes identificados en Neiva, le aparecen, una vivienda en la Avenida de Circunvalación distinguida con el No. 13A-16. Igualmente una casalote en la calle 33B No. 1AW-25 ó 1DW-25, un lote en el condominio Yumaná (lote 24) y otro lote ubicado en calle 5A No. 25-12 ó calle 5B No. 23-12, lote 2, manzana Q.
En uno de los inmuebles aparece con Irma Rocío Rozo, su antigua novia y otro con el abogado César Augusto Ramírez.
“Eso lo hizo para verme amarrado en el negocio y no decir nada”, relató Ramírez Cuéllar.
La tumbada
Según los investigadores el abogado opita ‘tumbó’ al exgobernador Álvaro Cruz, quien consciente, aceptó los cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza calificado y cohecho.
Jovel Muñoz, quien recibió toda la plata se ‘embolsilló’ 1.650 millones de pesos, incumpliendo el ‘acuerdo ilícito’.
El astuto procurador, aunque se quedó con el dinero no pudo sobornar a los fiscales ni logró frenar el proceso.
El funcionario, capturado el viernes pasado, no se allanó a cargos y mientras no se confirme su detención, seguirá en el cargo.
Inmueble localizado en la avenida de Circunvalación No. 13A-16.
Casalote ubicado en la calle 33B No. 1AW-25 ó 1DW-25
