Una cosa son las justas e históricas reclamaciones de los campesinos colombianos, de nuestros labriegos opitas y de todos quienes algo exigen del Estado en el Huila, Caquetá y Putumayo mediante el mecanismo legítimo, constitucional y regular de la protesta pacífica y otra cosa, muy distinta y de otro tenor, es lo que ya se está agravando a niveles del mayor peligro por obra y gracia de las justas protestas: mantener el sitio, el bloqueo ininterrumpido de vastas zonas de la región, provocando enormes problemas de tipo social, económico e incluso poniendo en riesgo la vida de muchas personas no es aceptable bajo ningún punto de vista.
Y ahora, como si ello no fuese suficiente, aparecen encapuchados y otros desconocidos personajes, portando armas de fuego y explosivos, como lo denunciaron las autoridades dedicados a actos de terrorismo como ocurrió con un microbús en Hobo y otra camioneta oficial en Campoalegre. Además, aparecen volantes de las Farc, obligando a los campesinos a salir a la fuerza a las marchas, “sopena” de convertirse en objetivos militares.
Toda la razón tienen los líderes de las protestas en afirmar que no son ellos ni sus dirigidos los responsables de estos ataques terroristas, pero harta falta hace y echamos de menos que esos líderes no salgan con contundencia a rechazar estos hechos y a solicitar de los manifestantes colaboración para prevenir que se repitan, e información suficiente para que se identifique y capture a los responsables.
Estamos frente a actos de terrorismo puro, que sobrepasan con creces el vandalismo y que ponen en serio entredicho la legitimidad de las protestas agrarias; y dolorosamente estamos regresando a épocas que suponíamos olvidadas en cuanto a la nefasta influencia de la guerrilla, especialmente de la columna móvil “Teófilo Forero” de las Farc. Hay serias evidencias de que en varios de los puntos de protesta tales sujetos se han infiltrado, e incluso actuado a la luz del día, mimetizados entre los humildes, pacíficos y sencillos labriegos.
Son actos que, como lo advertíamos en esta misma página, sí iban a generar la atención del centro nacional del poder, esto es de Bogotá, lastimosamente enfocando los reflectores sobre el terrorismo y no frente a los sudorosos campesinos. Son duros momentos, además de los que ya viven centenares de miles de huilenses, caqueteños y putumayenses con desabastecimiento de productos básicos y de servicios esenciales como el gas y la gasolina.
En estas circunstancias llamamos a una fuerte y enérgica actitud del señor Gobernador, de los congresistas, de la dirigencia gremial y demás estamentos, no solo para que exijan la debida atención del Gobierno Nacional frente a las reclamaciones – actitud que hasta ahora ha brillado por su ausencia – como para repudiar con contundencia este terrorismo que nos angustia de nuevo.
“Estamos frente a actos de terrorismo puro, que sobrepasan con creces el vandalismo y que ponen en serio entredicho la legitimidad de las protestas agrarias”.
Editorialito
El gobernador Carlos Mauricio Iriarte anunció la posibilidad de revivir el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsahuila) que sirvió en otras épocas para apagar otro incendio que afectaba a campesinos endeudados. ¿Habrá medido el impacto de lo que esa decisión implica?¿Tiene el Huila todos los recursos para condonar las deudas?
