Con la decisión de encargar al vicepresidente Germán Vargas Lleras para que decida la suerte de Uber, todo indica que va a nacer un nuevo servicio de lujo que cambiará el mundo de los taxis en Colombia.
Desde que Uber llegó
a Colombia en octubre de 2013, casi como un servicio clandestino, hasta volverse una opción de transporte para miles de colombianos, esta empresa se ha convertido en una obsesión de los taxistas tradicionales y en un dolor de cabeza para el gobierno, que le ha dado tantas vueltas al asunto, que hoy poco se sabe si el servicio es legal o ilegal.
De hecho, hoy no solo los carros blancos funcionan con Uber sino que la falta de respuestas oficiales ha permitido que ahora también operen los UberX, en los que cualquiera que tenga un buen carro y un teléfono puede hacer carreras, sin pagar un solo peso, bajo el modelo ‘car sharing’.
La situación ha llegado a un punto tan complejo que varias asociaciones de taxistas califican a los conductores de Uber y UberX de ‘piratas’ y los convirtieron en objetivo de agresiones. Bloqueos, retenes y golpes de algunos ‘amarillitos’ a vehículos y conductores de esta plataforma se han vuelto cada vez más frecuentes. De hecho, SEMANA en su versión digital reveló que taxistas en Bogotá hacen parte de una estrategia transnacional, nacida en España, que busca amedrentar a los Uber y presionar a las administraciones locales. Todo esto ocurre ante la inoperancia del Ministerio de Transporte, que en pleno 2015 intenta solucionar el problema con unas regulaciones establecidas en 1995, cuando los teléfonos inteligentes eran un producto de las películas de ciencia ficción.
Para resolver el tema de una vez por todas –al parecer–, el presidente Juan Manuel Santos delegó esta semana al vicepresidente Vargas Lleras para que lidere la elaboración de un decreto que, más que legalizar a Uber, va a crear un nuevo servicio de transporte de lujo al que puedan acceder los carros blancos y también los amarillos. Se sabe que la base de este decreto, que será socializado en los próximos días, recoge los documentos hechos en los últimos meses por el Ministerio de Transporte. El propio vicepresidente dijo que “no será sencilla de implementar”.
Todo indica que los Uber deberán cumplir los requisitos legales para prestar servicio público, es decir, deberán conformar una empresa de transporte legal o afiliarse a una ya existente. Además, tendrán que pagar seguros e impuestos, entre otros, tal y como lo hacen los taxis tradicionales. Y como es un servicio de lujo, los amarillos que quieran entrar tendrán que cumplir los nuevos requisitos, elevar el estándar de sus carros así como el servicio primario que actualmente prestan. Lo que está en discusión y seguramente ocurrirá, es que el gobierno le entregará a cada alcalde la decisión de cuántos de estos vehículos entrarán a las calles, entre otros temas.
Esta reglamentación también plantea la discusión sobre un asunto espinoso y complejo: el de los famosos cupos. Desde que en Bogotá se congelaron en 1992, una tajada importante del negocio ha sido la especulación con la compra y venta de los mismos. Un cupo cuesta entre 90 y 120 millones de pesos. La llegada de Uber puso en jaque el patrimonio de muchos taxistas, pues un conductor que trabaja con esta nueva plataforma no tiene que pagar un cupo. Y si el gobierno permite entrar más carros, es probable que el precio de este baje. Como explicó una persona que ha estado muy cerca al proceso, “con la reglamentación de esta plataforma electrónica está en juego la libre competencia de un negocio que al estar monopolizado por unas pocas personas ha producido gigantescas ganancias para unos pocos, pero que no ha mejorado ni el servicio a sus usuarios ni la condición económica de los conductores”.
Aunque la designación de Vargas Lleras no le gustó a una parte del gremio de los taxis amarillos, por considerar que hay suficiente normatividad y que esto es un asunto que corresponde al Ministerio de Transporte, es claro que la reglamentación va a llegar, pues si algo ha demostrado el vicepresidente es que es un hombre de decisiones. Hay varios temas espinosos sobre los que aún hay incertidumbre, pero el mayor es si el nuevo decreto va a terminar por beneficiar a los mismos dueños que han monopolizado los servicios de transporte en los últimos 30 años o se va a buscar beneficiar a los usuarios.
