Los desastrosos resultados del vandalismo desatado el martes contra las instalaciones de la Universidad Surcolombiana han rebosado la copa de cualquier signo de tolerancia frente a los actores violentos que lo protagonizaron. La Universidad, en toda su extensión física e institucional, fue atacada sin miramientos por quienes consideran, de la manera más absurda y obtusa, que esa es la forma correcta de protestar y de manifestar su inconformidad o con la sociedad misma. Se han traspasado todos los límites de lo máximo permisible de la protesta y hemos pasado al vandalismo puro, a la asonada sin reglas, a la anarquía y al terrorismo puesto que no puede llamarse de otra manera la destrucción de bienes muebles e inmuebles y la generación de incendios indiscriminados.
La Universidad Surcolombiana se ha convertido en un campo de batalla propiciado por elementos, en muchos casos, completamente ajenos a la vida académica, reclutados con el único propósito de causar daños, de generar caos y de afectar a la inmensa mayoría de estudiantes, profesores y personal administrativo que ninguna responsabilidad tienen respecto de lo que los vándalos pretenden.
Y aquí sí que valdría que la comunidad de la Surcolombiana, toda, saliera en masa a protestar, a rechazar, a expresar su repudio por estos actos violentos, a decirles a estos elementos antisociales que no están de acuerdo con ello y que no los quieren dentro de la institución. Ello hemos echado de menos cada vez que algo similar ocurre en el Alma Máter de los opitas; hay un silencio que se convierte en admisión pasiva de la violencia, hay una actitud inexplicable de la comunidad académica frente a esta destrucción de lo que les pertenece, nos pertenece a todos, como un bien público de inestimable valor. Se pierde de vista que esta actitud de indiferencia es el mejor caldo de cultivo para que los maleantes encapuchados siga haciendo de las suyas cada vez que se les venga en gana.
Y muy bien que ya las autoridades hayan adelantado precisas tareas de identificación y judicialización de los probables responsables, algunos, para que – con todo el rigor de la Justicia – se les someta y aplique las consecuencias penales correspondientes. En medio de una tensa situación regional, que ya ha cobrado decenas de miles de millones de pesos en daños materiales, y notable afectación social, lo peor que podría pasarnos es que el claustro académico por excelencia de la vida opita terminara como objeto del vandalismo más criminal, tomando como justificación las protestas reivindicativas de nuestros campesinos. Pésimo favor el que les hacen a nuestros labriegos quienes el martes se tomaron la USCO y la convirtieron en el blanco de sus iras.
Va siendo hora, hace rato, de que la Universidad se manifieste contra los violentos, de que se les bloquee internamente, de que la inmensa mayoría de quienes son ajenos a estas acciones generen un clima de repudio permanente y se aísle a quienes, desde adentro, pretendan continuar dañando a la institución. La Universidad Surcolombiana ha sido golpeada como nunca.
Los daños ocasionados en la Universidad Surcolombiana por vándalos encapuchados deben ser resarcidos. Las directivas de la institución tienen la obligación de identificar a los responsables y formular las denuncias penales correspondientes para que reparen los daños a los bienes públicos afectados. ¡No más impunidad!
“La Universidad Surcolombiana se ha convertido en un campo de batalla propiciado por elementos, en muchos casos, completamente ajenos a la vida académica”.
EDITORIALITO
El gobernador Carlos Mauricio Iriarte y la bancada parlamentaria de Huila y Caquetá buscan en Bogotá la urgente intervención del presidente Santos para poner fin al paro agrario que deja cuantiosas pérdidas económicas y graves problemas de orden público. A este clamor se sumaron los gremios reclamando una mesa regional para buscar soluciones.
