Impresionante, por decir lo menos, la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que remitió evidencias para que se investigue a varios funcionarios y ex funcionarios públicos y a empresarios, de posibles omisiones o complicidades con el paramilitarismo. Y entre ellos el ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, cuya indagación debe correr por cuenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero no por sus actuaciones como Primer Mandatario sino por su periodo como Gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.
Con la frase de que “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, que entrará a la historia judicial del país, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de esa Sala tomó la decisión frente a Uribe Vélez, tras hacer un recuento de los hechos y eventos a los cuales se ha vinculado al ex presidente con grupos paramilitares en las últimas dos décadas, al final del cual anunció que ordenará que se investigue por promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales.
La decisión fue tomada en sala mayoritaria (dos de tres magistrados la aprobaron), fue leída en Medellín durante una audiencia de control de legalidad de cargos contra siete desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Es impresionante la medida porque es la primera vez que una instancia judicial, de manera formal y con todos los alcances legales, pone bajo sospecha las actuaciones del entonces Gobernador antioqueño, haciendo una serie de consideraciones sobre la génesis del paramilitarismo en Colombia.
Es altamente improbable que la Comisión de Acusaciones de la Cámara llegue a presentar siquiera acusación formal contra el ex mandatario, considerando que se trata finalmente de procesos con mucho más contenido de pugna política que judicial.
Sobra señalar que la sola mención del ex mandatario en estos procesos – contra algunos de los más peligrosos criminales que han azotado al país en las recientes décadas – generará los más enconados debates entre sus defensores y opositores, que los hay muchos de lado y lado. Ojalá, debiera esperarse, que la Comisión actuara con toda la seriedad que esto amerite, que el señor ex presidente goce de todas las garantías procesales y que el país, a través de estas diligencias, despeje y aclares – para bien nacional y del mismo doctor Uribe Vélez – sus actuaciones frente a ese cruento y doloroso fenómeno del paramilitarismo en Colombia. La verdad, que surja y prevalezca solo la verdad.
“…la sola mención del ex mandatario en estos procesos – contra algunos de los más peligrosos criminales que han azotado al país en las recientes décadas – generará los más enconados debates…”
EDITORIALITO
No es aceptable que los voceros de las protestas campesinas sigan dilatando caprichosamente la firma de un acuerdo. El Gobierno Nacional, el Gobernador y la bancada parlamentaria han demostrado su voluntad para atender las solicitudes. Pero, sorpresivamente, cuando se consignan en un acta, aparecen nuevas peticiones, para dilatar el acuerdo. ¿Hasta cuándo resistiremos el bloqueo?
