Si algo le está haciendo falta al país en materia comercial es la adopción de normas rigurosas y estrictas en materia de competencia desleal y de prevención de los monopolios y oligopolios, que existen ya en sensibles áreas como las telecomunicaciones, el cemento y la banca, por poner ejemplos nacionales, y en servicios locales como el agua y la energía eléctrica. Y aunado a ello, entidades con suficientes dientes para supervisar, controlar y – con fundamento – aplicar las sanciones correspondientes a quienes se pasen por la faja los principios de la libre competencia y del buen servicio a los usuarios.
Por ello debe alabarse en grado sumo la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – que ha ordenado las más altas multas en la historia nacional a la compañía de telefonía móvil Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. (marca comercial Claro) por 87.750 millones de pesos (cerca de 45 millones de dólares), por su abuso de posición dominante y de limitación de la libre competencia que, finalmente, perjudican a es a los consumidores.
Las sanciones a la compañía, propiedad del hombre más rico del mundo, por supuesto ha causado natural revuelo solo en el sector de telefonía celular sino en muchos otros que sienten que ahora sí existe un Estado fuerte, con facultades precisas, especialmente desde que comenzó a regir el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor en abril del año pasado. Esa norma, entre otros de sus artículos, aumentó las multas de 1.200 millones a un máximo de 60.000 millones de pesos por conductas que atentan contra la libre competencia.
Para que quede más claro: la sanción se fijó porque la SIC encontró que Comcel S.A. ejecutó prácticas tendientes a limitar la libre competencia, y porque abusa de su posición dominante por obstruir a terceros el acceso a los canales de comercialización, con fundamento en las conductas relacionadas con el bloqueo de las bandas de los equipos móviles.
Y muy significativo que tales medidas se hayan generado por boca de los mismos usuarios, lo que indica que sí hay caminos para que – en este o en cualquier otro servicio público o en nuestra cotidiana relación con tantos establecimientos comerciales – nuestras quejas, soportadas con hechos reales y con normas estrictas lleguen a las autoridades y éstas tomen medidas efectivas.
En este caso el proceso comenzó a finales de 2011 cuando usuarios denunciaron que la operadora estaba obstaculizando la portabilidad numérica, una norma de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que permitía a las personas cambiar de operador de telefonía celular sin tener que perder el número telefónico. La SIC encontró entonces las pruebas de que sí había una estrategia de Claro para vender celulares con bandas cerradas o bloqueadas, y negar las solicitudes de los usuarios que pidieran su apertura, para evitar que sus clientes se fueran a otros operadores. Y la otra conducta fue la alteración de las cifras de portabilidad numérica puesto que, que entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, las cifras de portabilidad a favor de Claro crecieron en más del 600 por ciento sin que hubiese una explicación racional.
“La SIC encontró entonces las pruebas de que sí había una estrategia de Claro para vender celulares con bandas cerradas o bloqueadas…”
Editorialito
Después de un receso ordenado por el gobierno, se reanudan los diálogos de paz en La Habana (Cuba). Ojalá que esta pausa haya servido para reflexionar y darle un nuevo aire a las negociaciones. Y que le marquen un nuevo ritmo para firmar la paz.
