Después de casi un mes de crisis, bloqueos, manifestaciones, enfrentamientos, discusiones y un sinnúmero de hechos asociados a la más grande protesta agraria de la historia del país, han quedado un grueso paquete de consecuencias entre las que poco o nada se ha dicho de quienes, sin ser parte del problema ni menos de la solución, pagaron buena parte de los “platos rotos” del abandono que ha padecido el campo colombiano. Nos referimos a centenares de miles de colombianos, entidades y servicios que se trastocaron, se impidió su movilización o su prestación, afectándolos en muchos casos de manera grave e irreversible.
Sobra decir una vez más que la protesta era justa, más que oportuna, conveniente y adecuada a la grave situación que padecen los campesinos. Pero otra cosa que no puede pasarse por alto es que, por vía de esa justa movilización, millones de otros colombianos padecieron lo indecible, perdieron negocios, dinero, oportunidades, valioso tiempo e incluso la vida misma, y a favor de ellos casi nadie ha salido a exigir compensación alguna. Por ello bien vale preguntarse si frente a este tipo de manifestaciones de protesta, legítimas en sus fines pero abiertamente irregulares y violatorias de los derechos de otros colombianos, el balance final es favorable a quiénes y si alguien, que no sea el afectado, asume su costo.
En este segundo paro agrario en tan corto tiempo las consecuencias pasaron de castaño a oscuro y la violencia terrorista se paseó por varios sectores. Y ahí quedaron vehículos quemados, árboles centenarios derribados, ambulancias bloqueadas con enfermos, bienes muebles e inmuebles casi arrasados como ocurrió con la Universidad Surcolombiana, grandes centros urbanos sometidos a la falta absoluta de servicios básicos como Pitalito, Garzón, Florencia y Mocoa.
¿Es justo, preguntamos, que el costo doloroso de los paros los paguen y asuman – de manera directa – otros colombianos, similares en sus condiciones a quienes salen a taponar las carreteras? ¿Es conveniente que, con el fin de que el Gobierno escuche, dialogue y negocie con determinados sectores sociales, se provoquen daños a los vecinos y paisanos en una especie de “hara kiri” social en el que a los únicos a quienes duele es a esos habitantes de la misma zona de los manifestantes? ¿Seguirá siendo válido que, con el fin de alcanzar beneficios coyunturales para ciertos grupos de la economía – como los paperos, lecheros, arroceros o cafeteros – el resto de la sociedad deba someterse a carencia de servicios básicos, a traumas en la salud por ejemplo, a vejámenes de algunos energúmenos y al peligro cierto de transitar por las vías públicas?
Con toda seguridad nadie, excepto los propios afectados, asumirá el costo de tanto daño causado. Una reflexión que esperamos llegue a oídos de los líderes que, sin medir estos graves alcances, persisten en los bloqueos como único método de protesta.
“Con toda seguridad nadie, excepto los propios afectados, asumirá el costo de tanto daño causado”.
Editorialito
Convocados por Fecode, el magisterio colombiano inicia un nuevo paro, pese a los avances y conversaciones realizadas con el Gobierno. Independientemente de la justeza de las reclamaciones, millares de estudiantes, todos de colegios públicos, pagarán las consecuencias directas. ¿Cuándo repondrán las clases? ¿El Gobierno debe anticipar las vacaciones? En todo caso, el paro no puede ser contra la comunidad escolar, la más afectada.
