El uso de capuchas o máscaras podría ser un agravante penal para personas que sean detenidas por cometer actos violentos durante protestas, según un proyecto legislativo anunciado hoy por el gobierno.
La utilización de esos elementos "forma parte del proyecto como un agravante para quienes estén acudiendo a la violencia. Uno de los agravantes es ese tema de esconder la identidad", dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en rueda de prensa.
El funcionario señaló que a este respecto el gobierno está siguiendo el ejemplo de Chile, donde, aseguró, el ocultamiento del rostro para hacer vandalismo es un perjuicio adicional para el acusado.
La medida se anuncia tras una ola de protestas de campesinos, iniciada el 19 de agosto, que derivó en bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía que dejaron al menos cuatro muertos y decenas de heridos y capturados.
Dos de esos decesos se produjeron el 29 de agosto en Bogotá durante una manifestación en apoyo a los labriegos, en el marco de la cual varios comercios fueron saqueados.
Tras esos episodios, el gobierno ofreció recompensas por varias personas a quienes denomina en su conjunto el "cártel de los vándalos".
El pasado fin de semana, el Ejecutivo logró acuerdos con varios grupos de agricultores para poner fin a los bloqueos de carreteras.
Pero tras las manifestaciones la imagen positiva del presidente Juan Manuel Satos, quien no descarta buscar la reelección en 2014, cayó al 21%, su nivel más bajo.
Pinzón, quien no detalló las penas para los encapuchados, aseguró que las autoridades han detectado que en el marco de la protesta social "hay gente que se dedica a infiltrar y promover violencia, para lo cual esconden su identidad y engañan a las autoridades y a los mismos manifestantes".
"El proyecto da herramientas para que las autoridades judiciales puedan anticipar este tipo de comportamiento", sostuvo, al anunciar también castigos para quienes instigan la violencia desde la clandestinidad.
El responsable enfatizó que "se trata de proteger los derechos de quienes protestan" en Colombia, donde, manifestó, estas demostraciones son "legítimas" e incluso "promovidas" por el gobierno.
La propuesta hace parte de un proyecto que plantea endurecer las sanciones a la violencia durante los bloqueos de vías, la venta de droga al por menor, la extorsión, el tráfico de combustibles y la minería que involucra a grupos delincuenciales.
Según Pinzón, esos delitos son los que actualmente crean mayor "sensación de inseguridad o afectan la tranquilidad" de los colombianos.
