Los grandes cambios que impulsará el entrante fiscal General de la Nación para recuperar la credibilidad y garantizar la independencia judicial. Las primeras señales representan mensajes esperanzadores.
RICARDO AREIZA
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Por fin la Corte Suprema de Justicia eligió al abogado especializado en derecho público Francisco Barbosa, como fiscal General de la Nación, poniendo fin a ocho meses de interinidad desde la renuncia de su titular, originada por numerosos escándalos y los conflictos de interés que rodearon su polémico ejercicio en el cargo.
Barbosa, quien se desempeñaba como consejero presidencial para los derechos humanos, le ganó el pulso al pastranista Camilo Gómez Alzate y a Clara María González, ambos terminados n por el Jefe del Estado.
Además, se desempeñó como fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, director jurídico del Programa Fosit del Banco Interamericano de Desarrollo y y coordinador de gestión de la Corporación Excelencia en la Justicia, entre otros.
El nuevo fiscal iniciará a partir de este lunes las labores de empalme para posesionarse una vez cumpla con las formalidades del caso.
A pesar de su cercanía con el actual gobierno, Barbosa dio las primeras señales para recuperar la credibilidad del ente y reencauzar los grandes casos.
Barbosa, se comprometió a ser “el gerente de la investigación en Colombia”, modernizar la entidad, crear una Unidad Especializada de Policía Judicial y superar el porcentaje de casos perdidos por malos procedimientos. Y en este orden anunció que desde esa posición apuntará a un reposicionamiento de una entidad”.
Sin duda, este será el primer gran desafío que tendrá que afrontar, luego del polémico paso de su antecesor, Néstor Humberto Martínez, salpicado por bochornosos escándalos y conflictos de interés, que provocaron su intempestiva renuncia el 15 de mayo de 2019.
Además, aseguró que será un “fiscal de los territorios y no del búnker”, que dará prioridad a las zonas en donde existe alta criminalidad y apoyará los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Independencia
El nuevo fiscal debe ser una garantía para la sociedad, ajeno al manejo politiquero, con probada experiencia, idoneidad y rectitud. En otras palabras debe ser un factor de unidad nacional y no, como venía ocurriendo en factores de polarización.
Por ahora, envió claras señales. “El objetivo en estos cuatro años- dijo- será enviar un mensaje de esperanza, de equilibrio. Dejar atrás las pugnas y al mismo tiempo las polarizaciones. Como fiscal tengo un objetivo primordial: luchar contra la criminalidad, la corrupción y fortalecer la Fiscalía”.
Esa advertencia despeja las dudas que se habían cernido sobre el futuro de los grandes procesos que adelanta la Fiscalía. Entre otros, impulsar las investigaciones por los escándalos de corrupción de Odebrecht, las interceptaciones ilegales y el cartel de la toga, entre otras.
De la independencia judicial depende la credibilidad del sistema de justicia, y por ende, la legitimidad de las decisiones de los jueces. Este es el pilar sobre el que se apoya la justicia para garantizar los derechos de los más débiles, y particularmente, fortalecer la protección de los derechos humanos. Sin un sistema de justicia independiente tampoco habrá Estado de Derecho.
Sin independencia, el poder estatal y no estatal, tiende a supeditar o abrogar la constitución y las leyes a los grandes intereses individuales y no al interés general de la nación que nos corresponde defender. “De la independencia judicial depende la credibilidad del sistema de justicia, y por ende, la legitimidad de las decisiones de los jueces”.
Liderazgo
Pero además tendrá un enorme desafío para reducir la impunidad, enfrentar la macrocriminalidad, los alarmantes niveles de corrupción en todas las estructuras del Estado y la grave crisis humanitaria por la violación de derechos humanos, el asesinato en serie de líderes sociales y desmovilizados de las antiguas Farc.
El otro reto que deberá afrontar es retomar el liderazgo en términos de investigación, pero también en credibilidad.
Desde el punto de vista institucional tendrá que avanzar en el régimen de carrera administrativa, como lo estableció la Constitución del 1991. A pesar de dos grandes reformas, la Fiscalía no ha logrado encausar este asunto que sigue siendo una prioridad para el manejo de unos 25 mil empleos, un fabuloso fortín, atractivo para muchos sectores ajenos al poder judicial.
Al asumir el cargo, le corresponderá recuperar la credibilidad en la eficiencia y efectividad de la Fiscalía y dar suficientes pruebas de autonomía, independencia e imparcialidad.
Garantía
Su llegada a la Fiscalía debe ser una garantía en la protección de los derechos humanos, en la investigación, en el establecimiento de la verdad y en la lógica reparación de las víctimas.
En este campo debe ser un aliado en la implementación de los acuerdos de paz, la articulación con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y por su puesto en la lucha contra las disidencias, los grupos armados residuales y el paramilitarismo de nueva generación.
Las principales prioridades
El nuevo Fiscal tendrá el reto de darle la autonomía y apoyo necesarios a la Unidad Especial de Investigación, que se creó con el Acuerdo, para desmantelar organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. La agencia Colprensa destacó entre otras, estas prioridades.
- Odebrecht: El entramado de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht, y sus sobornos pagados en varios países del continente a cambio de adjudicaciones de contratos, está en el primer renglón de prioridades de la Fiscalía. El antecesor de Barbosa, Néstor Humberto Martínez, recibió cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar esta investigación, debido a conflictos de intereses.
- Disidencias de las Farc: El pasado miércoles 29 de enero el caso por narcotráfico de Jesús Santrich aterrizó en el despacho de la Fiscalía General, luego de que la Corte Suprema de Justicia pudo comprobar, de la mano del Congreso, que Santrich ya no era un congresista oficial.
- Recobrar la confianza en la justicia: Los colombianos no confían en la Fiscalía, en especial por su ineficiencia y politización. Y ahora con el nombramiento de Barbosa, esa independencia estará puesta a prueba nuevamente; teniendo en cuenta la amistad con el Presidente Iván Duque desde hace 25 años.
- Cartel de la Toga: El escándalo revelado en 2017, cuando se destapó una red entre magistrados, funcionarios públicos y abogados para alterar procesos a cambio de sobornos millonarios, se mantiene como uno de los temas más pendientes de avances.
- Chuzadas: El nuevo Fiscal tendrá a su cargo la investigación por múltiples interceptaciones ilegales, entre ellas, las que presuntamente habría liderado el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, teniendo como víctimas a líderes de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el exfiscal Martínez, entre otras personalidades.
- Policía Judicial: El Fiscal anunció que busca robustecer la policía judicial, además de fomentar acciones para estar en territorio. “Quiero ser fiscal de territorio y no de búnker”.
- Esclarecer feminicidios: El exconsejero de Derechos Humanos también dijo que busca imponer en su plan bandera un mecanismo relativo a la defensa y prevención de las mujeres y los niños, esto enmarcado en que se deben esclarecer el 100% de los feminicidios y actuaciones delictivas contra esta población.
