La nueva violencia urbana, simbolizada en los ataques irracionales entre hinchas, pone en la agenda pública otra problemática que viene creciendo en el país, donde los jóvenes son protagonistas de primer orden.
Este fenómeno no ha sido ajeno a los procesos de cotidianidad o transformación de las ciudades, como está ocurriendo en Neiva y en muchas ciudades intermedias.
Sin duda, la violencia juvenil está articulada a un contexto más amplio de violencia, que afecta a las principales ciudades del país. Lugares con niveles altos de desigualdad, pobreza e inseguridad a menudo experimentan niveles altos de violencia. La relación entre la violencia doméstica y la violencia ejercitada en la adolescencia y en la edad adulta también es explícita. Las carencias familiares terminan incidiendo en los niveles de delincuencia. La violencia urbana deja más muertos que el conflicto armado, dicen las estadísticas. Y la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 15 y 29 años de edad.
La violencia urbana es hoy un tema prioritario no solo para las autoridades y la justicia penal. También para la investigación y el trabajo académico.
La justicia no se encuentra en condiciones de enfrentar el aumento de la delincuencia menor que incide significativamente en la calidad de vida y genera la percepción de inseguridad cotidiana. La justicia en general es lenta, inadaptada a la evolución de los conflictos urbanos y muy compleja; más aún, los procedimientos y el lenguaje que utiliza resultan inaccesibles para la mayoría de la población. Menos del 10% de los delitos llevados a cabo en la ciudad son aclarados salvo donde se ha organizado una “justicia de proximidad”.
El control social que se podía esperarse que cumpliera el sistema judicial sólo puede ser eficiente si los infractores son unos pocos, pero se vuelve completamente inoperante cuando adquiere las magnitudes que hoy tiene la nueva violencia urbana.
El sistema penal enfrenta entonces un doble tipo de dificultades: No tiene la capacidad de hacer cumplir sus propios cometidos y la cantidad y variedad de delitos e infractores lo ha hecho inoperante.
La pena ha perdido la función disuasiva que se presume debe tener, y esto sucede tanto porque la probabilidad real de aplicarse es muy baja, como porque la fuerza simbólica que debe tener la ley se ha perdido o nunca se consolidó entre grupos importantes de la población.
Si en el mundo se sabe que el sistema penal castiga apenas a una pequeña parte de los criminales, en las nuevas condiciones de la criminalidad esto se ha vuelto mucho mayor, generando un sentimiento de impunidad.
Las dudas teóricas sobre el sistema de justicia penal y las ineficiencias prácticas de su aplicabilidad, unas provenientes de la criminología crítica y otras de la sociología, obligan a repensar lo que puede hacer la sociedad con la nueva violencia urbana. Este fenómeno es un reto para los estudios sociológicos y requieren otras formas de abordaje. Eso sí, es un proceso de largo plazo y con altos costos económicos.
“La justicia en general es lenta, inadaptada a la evolución de los conflictos urbanos y muy compleja”.
Editorialito
Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y Señal Colombia acaba de abrir el proceso para contratar la segunda fase del Sistema de Transmisión de Televisión Digital Terrestre (TDT). El proyecto permitirá ampliar la cobertura en un 12.6% adicional, desde marzo de 2014 y llegará al 51,8% de la población.
