Está llegando a niveles francamente insoportables desde el punto de vista institucional, la disputa creada entre la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, y el señor fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, en virtud de las competencias de cada cual y por obra y gracia de lo que cada uno considera son los yerros y aparentes irregularidades del otro. Se han visto ya allanamientos de un organismo, Fiscalía; en el otro, denuncias de alcance penal de ella contra él en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, respuestas de él calificando de mentira y falsedad las afirmaciones de ella contenidas en su denuncia ante el Congreso y retándola a que las pruebe.
Y todo arranca por las denuncias públicas, no solo del Fiscal, de que dentro de la Contraloría se estaba adelantando una especie de “chuzadas” telefónicas e interceptación de otras comunicaciones contra periodistas y personajes públicos, al parecer derivadas de la radical oposición de éstos a presuntas prácticas corruptas de la señora Morelli Rico, y luego el contragolpe de ella respecto de las supuestas anomalías del señor Fiscal en calidad de antiguo asesor del grupo Saludcoop y todo el entorno de corrupción que ha rodeado a esa EPS. Y en medio de todo el asunto aún no plenamente aclarado del enorme costo –pagado por todos nosotros– del arriendo de las nuevas oficinas de la Contraloría en uno de los más lujosos centros comerciales de Bogotá, cuya suma es de más de 2.500 millones de pesos mensuales; esto es, más de 60 mil millones de pesos en dos años que prevé el contrato.
Por supuesto que no es nada saludable que dos de los más altos funcionarios del país, encargados de llevar adelante una frontal lucha contra la delincuencia organizada, el crimen y los delitos que afectan tanto la vida de las personas como los recursos de todos los colombianos, se enfrasquen en una pelea fratricida, con mandobles de lado y lado y acusaciones mutuas –precisamente– de que uno y otra son responsables de cometer conductas ilícitas que ellos mismos combaten. Y entonces estamos ante una dolorosa y peligrosa disyuntiva: o la señora Contralora y el señor Fiscal son unos corruptos que no merecen tener a su cargo esas dignidades, y deberían en consecuencia renunciar, o han convertido sus respectivos despachos, de manera harto irresponsable, en tinglados para superar diferencias personales y profesionales, lo cual de paso también los pone con un pie en conductas ilegales que otros organismos deberían investigar a fondo, por ejemplo la Procuraduría, la Corte Suprema y el Congreso de la República.
Pero lo que no puede seguir pasando es que la señora Morelli y el señor Montealegre sigan abusando de sus cargos para atacarse mutuamente, y si creen tener los elementos legales y técnicos para hacerlo, tienen la obligación de dejar en manos de funcionarios ad-Hoc o de terceros tales denuncias y procesos en contra del otro. Pésimo ejemplo el que están dando y los hace cada vez menos merecedores de las dignidades que representan.
“O la señora Contralora y el señor Fiscal son unos corruptos que no merecen tener a su cargo esas dignidades, y deberían en consecuencia renunciar, o han convertido sus respectivos despachos en tinglados para superar diferencias personales y profesionales”
EDITORIALITO
Bien hace el Gobierno nacional, a través de su vocero en los diálogos en La Habana, Humberto de la Calle, en llamar a las Farc a dar mayor celeridad a los diálogos, en el propósito común de poner fin al conflicto y a expresar “con hechos su voluntad de paz”.
