Ha terminado una de las carreras políticas – por lo menos en términos electorales – más polémicas, intensas, controvertidas e interesantes que ha tenido el país en sus décadas recientes.
La “muerte” política que ha confirmado la Corte Constitucional respaldando la destitución e inhabilidad impuestas por la Procuraduría a la ex senadora Piedad Córdoba Ruiz pone punto final a una trayectoria que casi nunca estuvo exenta de agudos debates, duras discusiones, peleas ideológicas y políticas, amores y desamores, odios e incluso violencia que se usó contra ella en algunos episodios de los que, afortunadamente, salió ilesa.
Piedad Córdoba no fue ajena ni indiferente para el grueso de los colombianos de los años 90 hacia acá. Marcó decisivos terrenos en la Colombia que hizo la transición – aún no acabada – de la mafia pura al surgimiento de un terrorífico paramilitarismo justificado por muchos en aras de contener a la igualmente terrible guerrilla; ejerció la oposición virulenta al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, se metió a fondo en la lucha por lograr la libertad de varios secuestrados – entre ellos los políticos huilenses que le guardan perenne gratitud – congenió con líderes de las Farc y se convirtió en defensora a ultranza, confidente y amiga del alma, para ira de muchos colombianos, del desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Ahora Piedad entra al grupo de los inhabilitados e impedidos para hacer política electoral y para ejercer cargos públicos acompañando, oh paradoja, a uno de sus principales rivales, el ex ministro de Justicia Fernando Londoño Hoyos, a quien la Procuraduría hace ya unos seis años condenó al ostracismo público oficial por el mismo término de la ex senadora, esto es 18 años. En ambos casos, Córdoba y Londoño, considerando sus edades, con casi nulas posibilidades de retornar a algún ejercicio público al final de esta larga sanción.
En el caso de la ex senadora chocoana, la sanción impuesta lo fue – y lo ha ratificado la Corte Constitucional – por haberse extralimitado en el contacto que hizo con las Farc para la liberación de un grupo de secuestrados.
En una decisión de 7 a 2, los magistrados de la Corte Constitucional negaron la tutela en la cual la defensa de Córdoba argumentaba que la Procuraduría realizó valoración sobre pruebas legalmente inexistentes y se violaron derechos fundamentales.
A juicio de la mayoría de la Corte, las pruebas fueron contundentes para mostrar su cercanía con las Farc. Y lo más relevante en términos de jurisprudencia constitucional, es que el alto tribunal determinó que la Procuraduría sí tiene competencia para investigar y eventualmente sancionar a congresistas de la República.
Seguramente vendrán ahora acciones de la ex parlamentaria en tribunales internacionales, como se estila ahora por parte incluso de algunos condenados por “parapolítica”, pero en tanto no podrá ella aspirar a cargos de elección ni ser nombrada en puestos oficiales. Pero también, con toda seguridad, su palabra no será ajena a los temas nacionales.
“Piedad Córdoba no fue ajena ni indiferente para el grueso de los colombianos de los años 90 hacia acá”.
Editorialito
Importante el seminario sobre denominación de origen, promovido por el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. La iniciativa resultó altamente estimulante para proteger productos regionales con talla mundial. Y por supuesto para posicionar marcas como “achiras del Huila”, “sobrero suaceño”, símbolos de identidad cultural.
