De la mayor gravedad y sintomático de lo que, dolorosamente, ocurre en el país en muchos niveles, incluyendo los más altos, del Estado lo que se ha detectado y reprimido tras la captura de 11 personas, entre ellas dos jueces, tres funcionarios de los juzgados penales municipales, cuatro funcionarios del centro de servicios de Paloquemao y dos particulares. Jueces que pasaron de impartir justicia a ser sujetos activos de la misma, implicados en unos casos que solo parecen ser la punta del enorme iceberg de suciedad, corrupción y prácticas mañosas en que se envuelven diversos sectores judiciales.
Antes la justicia se caracterizaba por ser bastión de la democracia y encarnar los más altos valores a que podía aspirar un colombiano; ser Juez o Magistrado era ya el culmen de carreras hechas a pulso, con énfasis en la honestidad, la rectitud, el respeto y la vida consagrada al equilibrio de la sociedad. Y así vimos caer a muchos funcionarios, bajo balas asesinas que encontraban en los jueces a sus rivales, como el Holocausto del Palacio de Justicia o la persecución de sicarios a otros servidores que, aún conocedores de ese peligro mortal, no cedieron en su empeño de aplicar la ley.
Pero ahora, en lugar de abogar por seguridad a los jueces honestos y decentes, vivimos semana tras semana uno tras otro escándalo de corruptela, incluso intestinas peleas entre los altos tribunales y entre los mismos magistrados de esos tribunales, como se ha visto en luchas de poder en el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema. Y ahora esto, jueces que negociaban penas a tal punto que la Fiscalía no ha dudado en afirmar que se trata de un verdadero “cartel de jueces”. Se negociaban penas, detenciones intramuros por domiciliarias, se cambiaba la calificación del delito, y se cobraba libertades. Y como si fuera poco el escándalo, los investigadores señalan que tales “negocios” eran secretos a voces desde hace casi un año en el complejo judicial de Paloquemao, el más grande e importante del país. Y se ha logrado desarticular este primer grupo gracias a un funcionario al que le ofrecieron un soborno y lo denunció ante la Fiscalía y empezó a trabajar encubierto. Alcanzó a recibir diez millones de pesos por asignar a dedo diez procesos que, según los investigadores, ya estaban ‘arreglados’. El golpe se suma a un desmantelado “cartel de testigos” que actuaban en el mismo sentido, o a la fabricación de expedientes como ocurría en una Fiscalía de Derechos Humanos de Neiva con fines delincuenciales.
El caso Paloquemao no es único, en el resto del país también parece ser un secreto a voces la existencia de jueces, secretarios y otros funcionarios venales que, en abierta contradicción de su papel, y por el afán desmedido de dinero convierten sus despachos en “empresas” al servicio del crimen. Si se corrompe la sal…
“Y por el afán desmedido de dinero convierten sus despachos en “empresas” al servicio del crimen.”
EDITORIALITO
Las concesiones de cuarta generación anunciadas por el Gobierno para la ejecución de obras viales de gran impacto, en el caso del Huila, abrirán su futuro. Las inversiones por 2,6 billones son una realidad y antes de cinco años se verán los resultados. La modernización del aeropuerto de Neiva, será otra obra clave para mejorar también la otra ruta del transporte aéreo.
