¿De quién es San Agustín?

Por la reacción violenta de una minoría, ajena a la región, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y el Ministerio de Cultura contemplan la suspensión de la emblemática exposición “El Retorno de los Ídolos” en el Museo Nacional y los demás actos conmemorativos del centenario de San Agustín. Los esfuerzos para concertar el acompañamiento no prosperaron por las agresiones verbales contra el antropólogo Héctor Llanos que arribó a San Agustín para explicar nuevamente las condiciones del traslado. Pero no fue posible. “El irrespeto hacia el profesor Llanos y el administrador del parque fue tal que, sin ser escuchados plenamente, ellos se vieron obligados a retirarse de semejante escenario”, reveló en un comunicado el director del Icanh Fabian Sanabria.

¿Una minoría intolerante, sin comprender el significado de la exposición ni los demás actos previstos, terminarán imponiendo su voluntad? La gran mayoría tendrá que resignarse?

¿De quién es este legado milenario, quién o quiénes se pueden abrogar derechos de propiedad material o intelectual sobre el más de medio centenar de esculturas que han sido localizadas, y de aquellas guaqueadas y saqueadas a lo largo de décadas, y de otras que de buena fe pero irregularmente fueron llevadas allende las fronteras, como las que Theodor Preuss dejó instaladas en el Museo Etnólogico de Berlín? ¿Podemos hablar de herederos legítimos de este legado de inestimable valor; alguien podría exigir que se le respete tal condición?

La respuesta, sin dudarlo, es que nadie y todos somos dueños de lo que produjeron las avanzadas mentes artísticas del Alto Magdalena. Nadie tiene derechos particulares, llámese comunidad indígena, aborigen, mestiza, raizal o cualquiera otra, sobre este legado; no solo porque nadie puede exhibir hoy títulos de propiedad ancestrales o cédulas reales sobre esta asombrosa manifestación de arte precolombino, sino porque hace rato tal discusión se zanjó legalmente declarando todo lo subyacente a estas tierras propiedad de la Nación, como lo contempla la Ley de Patrimonio que acaba de aprobar el Congreso.

Y vistos estos argumentos, no se puede aceptar que esta u otra comunidad, incluyendo a los habitantes de San Agustín y a los recién llegados grupos indígenas provenientes del Cauca, alegue la propiedad o derechos particulares y, por ello, pretender que son depositarios únicos del legado y se les debe pedir permiso para esto o aquello. Aún más: al declararse por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, se ha extendido su propiedad material a todos los habitantes del planeta. Es una herencia común de los seres humanos, como lo señala este mismo organismo de Naciones Unidas. Y claramente para ello existen las instituciones a cargo de su conservación y protección, que deben ser respetadas en aras de evitar la anarquía.

Ni más faltaba que grupos particulares, sujetos individuales o intereses específicos se apropien de lo que es de todos. Y lo más grave que quienes tenemos la obligación de defender este patrimonio nos quedamos callados.

“¿Una minoría intolerante, sin comprender el significado de la exposición ni los demás actos previstos, terminarán imponiendo su voluntad? ”.

Editorialito

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