Después de varios años de inexplicable improvisación y contratación parcial, contraviniendo expresas disposiciones del régimen de contratación estatal, el Gobierno Departamental sacará hoy a licitación pública la producción, distribución y comercialización de Doble Anís.
En contravía de las reglas que rigen la escogencia del contratista, de manera fácil las últimas administraciones optaron por la contratación directa, esgrimiendo unos estudios que no comportaron la realidad fáctica ni jurídica, pero además que no han resultado favorables para las finanzas ni para la salud.
Además de la multiplicidad de oferentes, el gobierno deberá garantizar solvencia moral y financiera y reconocida trayectoria de los aspirantes. La concesión no conllevará a la entrega o cesión del monopolio rentístico y se hará a cinco años, suficientes para evaluar la efectividad del mecanismo que finalmente se seleccione.
El futuro concesionario para garantizar un mayor posicionamiento de la marca en el mercado y cautivar el mercado potencial del Departamento, acorde con las nuevas realidades. Ante todo celebramos que se haya tomado la decisión para poner fin a un enredado proceso que ha dejado en el camino sanciones e investigaciones.
Sucesivos estudios con el mismo o parecido objeto, ordenanzas una tras otra para facultades que no se usan, consultores con aparentes nexos con empresas interesadas en el multimillonario negocio han rodeado desde hace seis años el proceso.
Y así vamos desde finales de 2007 cuando terminó la primera concesión otorgada por 10 años a la firma Licorsa; hemos visto pasar a seis gobernadores sin que se logre abrir y adjudicar a un nuevo concesionario.
Como si fuese un karma insoportable, una especie de vudú contractual o un fantasma los últimos gobernadores se han llenado de razones para no abrir los procesos licitatorios o para dejarlos a mitad de camino.
Creemos, en todo caso, que es saludable que los entes de control despejen las dudas en torno a la transparencia, pertinencia y conveniencia de tanto estudio y análisis sin que finalmente el negocio se haya podido adjudicar de manera permanente.
Y en esa misma línea debe ser también objeto de las autoridades establecer si hay o no un conflicto de intereses de la firma Zarama en el actual contrato.
Y en medio de tanto estudio, no hay claridad respecto de las facultades entregadas al Gobernador con la Ordenanza 003 de 2013. En la Asamblea consideran que eran para hacer todo el proceso en seis meses, contados a partir de junio, es decir que a más tardar a fines de noviembre debería estar adjudicado; en el Gobierno creen que el plazo es para abrir la licitación. Pero la misma Ordenanza lo autorizó para contratar la producción temporal de aguardiente que garantizara el abastecimiento “en lo que resta de la presente vigencia fiscal”. Y la vigencia termina en diciembre, de manera que en enero debería comenzar la concesión. Por lo menos es un motivo para brindar.
“Ante todo celebramos que se haya tomado la decisión para poner fin a un enredado proceso que ha dejado en el camino sanciones e investigaciones”.
Editorialito
Ya que no fuimos capaces de salvar la exposición de las reliquias agustinianas en el Museo Nacional, la principal vitrina, por lo menos hagamos un esfuerzo colectivo para impedir que se cancelen los demás actos. Una minoría, nativa y foránea, no pueden sobreponerse al interés general.
