Los cinco contratos por los que deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y parte de su gabinete, fueron celebrados en el marco de la urgencia manifiesta generada por el covid-19 y se acercan a los $9.000 millones.
Lucía Sánchez
Por presuntas irregularidades en la ejecución de cinco contratos celebrados para atender la emergencia generada por el covid-19, que suman más de $8.802 millones, la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y a tres funcionarios más de la Administración Municipal.
Los otros servidores que deberán responder ante el ente de control en una audiencia que se realizará de manera virtual el próximo 14 de noviembre a las 10 de la mañana, son el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, y los secretarios de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, respectivamente.
Los contratos firmados tenían como objetivo la elaboración de una campaña para la prevención del covid-19, por $438 millones, y la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones. Los otros consistían en la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar – PAE –, por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones.
De acuerdo al Ministerio Público la actuación disciplinaria contra el alcalde Gorky Muñoz Calderón se deriva de las presuntas irregularidades que se le atribuyen, en su condición de mandatario del municipio de Neiva, relacionadas con la planeación y celebración de los cinco contratos ya mencionados.
Los enredos en contratos
La polémica contratación, de Orden de suministro 010 de 2020, por $5.250.000.000, con un plazo de ejecución de 3 meses con la Asociación de estudiantes afrodescendientes de Nariño (Asoformando), con el fin de adquirir productos alimenticios para ser entregados como suministro en el Programa de Alimentación Escolar complementario de las diferentes sedes educativas oficiales de Neiva, hace parte del ‘paquete’ de contratos que hoy tienen en el ojo del huracán a la Administración Municipal.
Así como también, la Orden de servicios 011 de 2020, por $300.000.000, con la Fundación Colombia Florece, para una interventoría al proceso anterior, con un tiempo de ejecución de 3 meses.
La Procuraduría indicó que, los seleccionados para comprar los productos del PAE y realizar la respectiva auditoría aparentemente no cumplían con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar esas actividades, y al parecer el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos. “El representante legal de la Fundación Colombia Florece, organización seleccionada como interventor de la orden de suministro 010 de 2020, es miembro principal de la junta directiva de Asoformando, contratista seleccionado para ejecutar la orden de suministro 010 de 2020”, reveló el órgano de control.
La millonaria campaña que desplegó la Alcaldía de Neiva durante la efervescencia del confinamiento para prevenir el coronavirus, igualmente le pasó cuenta de cobro al alcalde local. Según el Ministerio Público, al parecer se presentaron sobrecostos en el contrato 682 de 2020, cuyo objetivo consistía en realizar la ‘Campaña de Cultura Ciudadana’ para la mitigación y prevención del covid-19, por un valor de $438.508.629, con un periodo de ejecución de 3 meses, siendo el contratista, el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila (Fomcultura).
“La presunta irregularidad imputable al disciplinado es sobre la existencia de posibles sobreprecios en la contratación de una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19, según las inconsistencias de valores que aparecen en el contrato”, indicó el ente de control.
Otro contrato por el que tendrá que dar explicaciones el mandatario local ante la Procuraduría, es el 681 de 2020 que tenía como fin brindar atención integral a la población en condición de calle de Neiva, por un valor de $425.596.159, con un plazo de ejecución de un mes, siendo el contratista el señor John Frederick Cruz Motta.
En este caso, de acuerdo a la Procuraduría, “la planeación del contrato presuntamente fue posterior a su celebración, ya que los respectivos estudios previos se suscribieron y radicaron luego de haber firmado el mismo. Además, en este contrato se escogió al contratista sin que presuntamente cumpliera la capacidad y experiencia necesarias para garantizar que su oferta era la más favorable a la entidad”.
Y el quinto contrato que tiene ‘enredado’ a Muñoz Calderón, es el 677 de 2020, el cual tenía como meta brindar un componente nutricional (4.500 mercados) para adultos mayores beneficiarios del programa centros vida y modalidad satelital de Neiva, por un valor de $2.389.743.000, con un tiempo de ejecución de 3 meses, siendo el contratista, la Corporación Colombiana en Paz y Social (Corsocial); y es que se pagó por cada mercado $20.600 más IVA sobre servicio $3.914, un total de $24.514.
Frente a este proceso de contratación, el Ministerio Público indicó, que la presunta irregularidad atribuible al alcalde, es sobre la existencia de sobreprecios y ausencia de justificación suficiente de algunos de los ítems adquiridos en virtud del contrato. “Lo anterior se evidencia en las inconsistencias de la orden de suministro 001 de 2020, que precede al contrato, y del texto del acuerdo contractual”.
Por esos hechos, el Ministerio Público citó a audiencia pública al alcalde de Neiva, por su presunta responsabilidad en cuatro cargos disciplinarios, el primero de ellos calificado como falta gravísima cometida a título de culpa grave, y los restantes como faltas gravísimas a título de culpa gravísima.
“En relación con los cargos formulados contra el servidor Gorky Muñoz Calderón, es claro que estos se relacionan con la presunta comisión de actos de corrupción; de conductas en contra del correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas, que está ordenado en instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (…). Asimismo, son cargos que analizan presuntas conductas que no garantizaron la eficiencia de la contratación pública y la preservación y uso adecuado de recursos públicos…”, explicó la Procuraduría.
Gabinete ‘enredado’
Los tres funcionarios de la Administración Municipal, también ‘enredados’ por presuntas irregularidades en los procesos de contratación celebrados por la Alcaldía de Neiva en el marco de la urgencia manifiesta generada por el covid-19, fueron citados por su aparente responsabilidad en un cargo disciplinario calificado como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La actuación disciplinaria contra el funcionario Armando Cabrera Rivera se deriva de las presuntas irregularidades que se le atribuyen, en su condición de jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva, relacionadas con la planeación del contrato 682 de 2020, con el objetivo de realizar la campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19.
“La presunta irregularidad atribuible al disciplinado se concreta en la existencia de presuntos sobreprecios en la planeación del contrato, con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, según las inconsistencias de valores que aparecen en los documentos previos del contrato”, puntualizó la Procuraduría.
Mientras la actuación disciplinaria contra la funcionaria Camila Mercedes Ortega Suárez se desprende de las presuntas irregularidades que se le imputan, en su condición de secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión de Neiva, relacionadas con la planeación del contrato para brindar un componente nutricional a adultos mayores. “La presunta irregularidad se concreta en la existencia de posibles sobreprecios y la ausencia de justificación suficiente sobre la necesidad y el valor de algunos ítems del contrato según lo contenido en los documentos previos del contrato”.
Entre tanto, la actuación disciplinaria contra el secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez, se deriva de las presuntas irregularidades que se le atribuyen, relacionadas con la planeación de los contratos para comprar los productos del PAE y realizar la respectiva auditoría, y el visto bueno que se le dio a la selección de sus contratistas.
“La supuesta irregularidad atribuible al disciplinado se concreta en la ausencia de estudios de mercado y oferta para la determinación de los precios de la orden de suministro de productos y de la orden de servicios de interventoría. De igual forma, en la falta de justificación y descripción técnica de uno de los bienes adquiridos a través de la orden de suministro 010 de 2020”, señaló el ente de control.
Igualmente, en este caso, habría anomalías en el visto bueno de la selección de los contratistas de ambos contratos “que no parecen garantizar la mejor oferta para la entidad, entre otras razones porque el interventor tiene una relación formal con el contratista que debe vigilar. Estas irregularidades se evidencian en los documentos previos de planeación y en los contratos citados”.
Es así, que por las mencionadas presuntas irregularidades en la ejecución de cinco contratos celebrados para atender la emergencia generada por el covid-19, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y tres funcionarios más de la Administración Municipal, deberán responder ante la Procuraduría en una audiencia que se realizará de manera virtual el próximo 14 de noviembre a las 10 de la mañana.
Facsímil de la decisión de la Procuraduría contra el Alcalde de Neiva y sus secretarios.
