Con los dos fallos absolutorios proferidos en distintas instancias judiciales, el ex director de Comfamiliar, iniciará la reclamación de 27 bienes inicialmente confiscados con fines de extinción de dominio. Los bienes estaban avaluados en 20.000 millones de pesos.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
El ex director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza Quintero, absuelto en dos de los cuatro procesos por supuesta desviación de recursos de la salud, emprenderá una nueva batalla jurídica contra la Fiscalía.
Ariza Quintero reclamará la devolución de 27 de los 35 bienes incautados con fines de extinción de dominio. Los otros corresponden a cuatro a las sedes de la IPS Revivir, y otras cuatro propiedades del ex alcalde de Garzón, Clodomiro Rivera Garzón, también exonerados al no probarse la endilgada desviación de dineros públicos.
“Una vez notificados los dos últimos fallos donde me absuelven de los cargos imputados, procederé a reclamar la devolución de los bienes”, confirmó Ariza Quintero.
Los bienes fueron secuestrados y embargados hace cuatro años por orden de Andrea del Pilar Malagón, quien figuraba como directora de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, argumentando supuestas irregularidades en el manejo de recursos del régimen subsidiado, registradas entre 2003 y 2004, en Garzón y Pitalito.
Entre las propiedades objeto de reclamación figuran apartamentos, locales, bodegas, lotes y predios rurales avaluados en 20.000 millones de pesos, según lo reveló el entonces subdirector de la Dijin, coronel, Pablo Ferney Ruiz Garzón, actual comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.
De película
La ocupación de los bienes fue realizada en un cinematográfico operativo el 15 de febrero de 2016 en Neiva, Bogotá y Cartagena. En las diligencias participaron cien funcionarios entre investigadores de la Fiscalía y de la Dijin.
El fiscal 35 Carlos Nicolás Sotomontes Salazar dirigió en Neiva las diligencias de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los bienes de propiedad de ex director de Comfamiliar, Armando Ariza Quintero y su familia, del ex alcalde de Garzón, Clodomiro Rivera Garzón y de la sociedad Revivir en proceso de liquidación.
Sotomontes es el actual Director de Extinción del Derecho de Dominio.
La ocupación con fines de extinción de dominio fueron iniciados, independientemente de los procesos penales, por anomalías en la contratación de los servicios de salud entre Medilaser y Cajasalud, y la IPS Revivir.
En los dos procesos, los jueces de conocimiento, ordenaron el archivo de los procesos, al desvirtuarse los cargos imputados por la Fiscalía.
El ex alcalde de Garzón, Clodomiro Rivera Garzón fue absuelto el 27 de marzo de 2019. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón anunció que las imputaciones de la Fiscalía no tuvieron el fundamento jurídico, técnico y legal para dictar sentencia condenatoria.
A Rivera Garzón le embargaron un apartamento en el edificio Belmira 145 en Bogotá con su respectivo garaje.
También el 12,5% de la casa ubicada en la carrera 4 con cuarta en Garzón, su tierra natal y un automóvil Volkswagen Crossfox.
Según la juez de conocimiento, la Fiscalía no logró demostrar la comisión de las conductas, de peculado por apropiación en beneficio de terceros ni celebración indebida de contratos que les imputó.
El segundo proceso que se desplomó fue la supuesta contratación irregular entre Comfamiliar y la clínica Revivir en Pitalito. La juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva, María del Pilar Ochoa Jiménez confirmó un fallo absolutorio en octubre de 2019.
Finalmente, el 11 de diciembre de 2020, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, absolvió al ex director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Armando Ariza Quintero, quien figuraba también como representante legal de la ARS Cajasalud y a la gerente de la clínica Medilaser María Cristina Vargas Urazán.
Desplome
El juez Juan Carlos Bolaños concluyó que la existencia del delito de peculado por apropiación, carece de sustento probatorio. Igual ocurrió con los otros cargos de interés ilícito en la celebración de contratos.
“De la lectura de las indagatorias rendidas por María Cristina Vargas Urazán, Armando Ariza Quintero y Clodomiro Rivera Garzón, no se revela algún comportamiento anómalo en relación con la suscripción y ejecución de los contratos, ni la Fiscalía presentó algún otro medio de prueba con los cuales se pueda determinar que entre estos existió un contubernio para encausar los mismos a unos fines y proposititos dirigidos a favorecer la contratación con la Clínica Medilaser en desmedro de las oportunidades que otras empresas de la salud pudieran ofertar”, precisó Bolaños Motta.
La hipótesis de la Fiscalía, según el funcionario judicial, “resulta irrazonable desde la lógica de la ejecución de los contratos, ya que en ningún momento se cuestionó que estas entidades no hubieran brindado ninguna atención a los usuarios del régimen subsidiado; es decir, no ha demostrado que estas entidades no hubieran brindado la atención en salud según los contratos, y si ello no ha sido discutido y menos probado, resulta un despropósito hacer la afirmación de que la apropiación es el valor total de lo contratado”.
Tampoco los servicios que prestó la clínica Medilaser, a los usuarios del régimen subsidiado, bien por capitación, o bien por evento. Además se probó que la EPS estaba habilitada para prestar los servicios.
Aunque este fallo no está en firme, Ariza Quintero anunció que iniciará las gestiones para la devolución de los bienes, ocupados en dos procesos ya fallados, donde la Fiscalía, no logró probar las supuestas anomalías. Ariza no dio más detalles.
El trámite deberá surtirse ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, donde fue radicado el 23 de junio de 2016.
Los bienes se encuentran actualmente en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los demás actores también adelantarán, separadamente, las respectivas reclamaciones.
Bienes de Ariza
Por las supuestas irregularidades la Fiscalía ocupó 35 bienes muebles e inmuebles, de los cuales 27 corresponden a propiedades de Ariza Quintero o de su núcleo familiar, localizadas en Neiva, Bogotá, Cartagena, Yaguará y Rivera.
Entre los bienes que serán objeto de reclamación figura un apartamento en el edificio Murano Beach Haouse, en el e sector turístico de La Boquilla en Cartagena, registrado a nombre de Armando Ariza.
También reclamará la devolución del apartamento 403 en el edificio ubicado en la carrera 17 con calle 88 en Bogotá. Dos apartamentos en el condominio Alicante en el oriente de Neiva, dos parqueaderos, un garaje, un local y un depósito. Además, una casa (330,32 metros cuadrados) conjunto Alicante Neiva.
Igualmente un local en la Avenida 80, otro local (2007) en el centro comercial El Portal de la 80 en Bogotá.
Predios rurales
Además, solicitará la titularidad de la finca ‘Chipaca’, de 247 hectáreas en Yaguará. Igualmente el predio ‘La Colorada’ de 188 hectáreas en Yaguará. El predio El Neme (36.882 metros cuadrados) en Aguas Calientes, Rivera.
Predio ‘El Chupadero’ 12 hectáreas en San Francisco (Neiva). Predio “La Fumata”, 42 hectáreas en San Francisco (Neiva).
Predio “El Convento” 3.000 metros cuadrados, Aguas Calientes, Rivera. Predio “Los Blanquitos” 14 hectáreas, San Francisco (Neiva).
Casa campestre condominio Bosques de Cantabria (Casa B09) Neiva. Lote urbano 306,25 metros cuadrados en Neiva ubicado en la calle 6 con carrera 10.
Estación de Servicio con bodega, casa, enramada 530 metros cuadrados ubicad calle 1-4-30 en sociedad con el empresario Edgar Perdomo.
En los bienes objeto de extinción también figuran un semirremolque (tráiler) para transportar mercancías y una moto Harley Davidson color negro.
Adicionalmente la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio los bienes de la sociedad Revivir IPS y las tres sedes de sus establecimientos comerciales en Neiva y Pitalito.
En Neiva ocupó las oficinas ubicadas en la carrera séptima con carrera once en pleno centro y la sede ubicada en la avenida La Toma con carrera 16.
Igualmente embargó una casa de 647 metros cuadrados ubicada en la Carrera Quinta con calle Sexta en Pitalito de propiedad de la clínica Medilaser, actualmente en severo deterioro.
