Por cuarta vez, las entidades del Estado salieron a flote, en un nuevo fallo que las exonera por la proliferación de captadoras ilegales. Incautos inversionistas laboyanos se quedaron esperando la recuperación de sus ahorros perdidos.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Los sueños de mantenían ilusos inversionistas del Huila y Caquetá para recuperar los ahorros que perdieron en DMG se derrumbaron definitivamente como las pirámides.
Ni un solo peso depositado durante la escandalosa proliferación de las captadoras ilegales, podrán recuperarse por vía judicial.
En un cuarto fallo, el Tribunal Administrativo del Huila eximió de cualquier responsabilidad a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Fiscalía y a la propia Presidencia de la República por la “tumbada histórica” ocurrida a finales del 2008.
La nueva acción judicial fue instaurada en diciembre de 2010, dos años después del descalabro, por pequeños inversionistas, ganaderos y comerciantes de Pitalito.
Curiosamente, David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, comenzó en Pitalito, sus primeros operaciones comerciales con la rifa de carros y venta de servicios médicos.
En el 2003 fundó la Red Solidaria DMG. Luego se trasladó a la Hormiga (Putumayo) donde montó su verdadero imperio, ofreciendo jugosos intereses a los ahorradores, además de atraactivos beneficios financieros, increíbles descuentos en electrodomésticos, paquetes turísticos, bienes y servicios, obtenidos por la compra de tarjetas prepago.
La nueva demanda fue instaurada por 65 damnificados, todos de Pitalito, entre ellos comerciantes y ganaderos de Caquetá como Leonardo Fajardo Machado, Luis Alberto Muñoz Torres, Francisco Peña Barato, Víctor Félix Herrera, Wilmer Muñoz Tovar, María Elizabeth Cuenca Lesmes, José Hernando Mosquera Muñoz. Además, Gerardo Antonio Muñoz, Leonardo Bernal Gaitán, Edgar Sarmiento Escobar, Ever Quinayas Olivera, Manuel Correa Ortiz y María Delfilia Apraez Riascos, entre otros.
Los demandantes solicitaban el pago de los perjuicios materiales (traducidos en daño emergente y lucro cesante), que le fueron ocasionados por haber permitido que DMG Grupo Holding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones.
Negociazo
DMG inició operaciones en el 2007, en Bogotá y expandió progresivamente la captación masiva de dinero a otras regiones del país, principalmente en Huila, Putumayo, Cauca y Nariño, sin ningún control por parte de autoridad alguna. Inclusive se expandió a otros países como Panamá, Venezuela, Ecuador y México.
La captadora ilegal ofrecía “jugosos” intereses a los incautos ahorradores, y otros beneficios financieros, en la adquisición de bienes y servicios, obtenidos por la compra de tarjetas prepago denominadas DMG Grupo Holding – Prodigy Card, en numerosos puntos de venta en el país.
Ilusionados con fabulosos retornos por inversión, centenares de ahorradores laboyanos depositaron sus dineros, comprometiendo sus patrimonios, sus ahorros o sus propiedades. La mayoría quedaron en la ruina.
El 30 de julio de 2008, Luis Alberto Muñoz Torres depositó la suma de diez millones de pesos en Pitalito. Días después consignó otros 40 millones de pesos provenientes de sus ingresos como comerciante.
Al día siguiente, Leonardo Fajardo depositó 50 millones de pesos en las oficinas de la captadora en Pitalito, los perdió todos.
Francisco Peña Barato depositó la suma de 49 millones; Víctor Félix Herrera depositó 12 millones. Dos semanas después vendió todo su ganado y depositó otros 20 millones.
Wilmer Muñoz Tovar, en medio de la fiebre del dinero fácil, depositó 15 millones de pesos de sus ahorros, y días después, otros 25 millones.
Lo mismo le sucedió a María Elizabeth Cuenca. Primero consignó 10 millones y por la tarde, consignó otros 35 millones. Ever Quinayas vendió una propiedad y consignó 27 millones en la oficina de en DMG con sede Pitalito.
Las consignaciones se efectuaron entre mayo y septiembre de 2008 y oscilaban entre dos y 50 millones de pesos, con la promesa de pago de intereses del 150%.
La demanda fue radicada el 15 de diciembre de 2010, inicialmente ante los Juzgados Administrativos de Neiva.
Sin rastros
Aunque varias pirámides habían desaparecido de la noche a la mañana en Neiva y Pitalito, la gente seguía depositando ciegamente sus ahorros principalmente en DRFE y DMG. También en otras captadoras que se aprovecharon de la fantástica promoción, recibieron los dineros y desaparecieron sin dejar rastros.
La primera quebró en noviembre y poco después se desplomó DMG que montó David Murcia Guzman.
Gracias a la sofisticación de los medios utilizados, DMG Grupo Holding S.A. logró disfrazar su actividad ilícita y pudo burlar los mecanismos de control y en general a las autoridades administrativas, admitió la Superintendencia Finaciera.
“Bajo la promesa de elevados retornos es dable afirmar que los accionantes, se dejaron llevar por jugosos ofrecimientos, y entregaron voluntariamente sus recursos económicos para la obtención de aquellos ofrecimientos”, explicó la entidad oficial para justificar la falta de control.
“No se pueda predicar responsabilidad alguna del Estado a través de la Superintendencia de Sociedades, pues el mismo, aún con su poder que ostenta, no puede entrometerse en la esfera de lo particular”, argumentó.
También se apartó de cualquier responsabilidad por la falta de controles antes de la explosión de las pirámides alegando que la Superintendencia de Sociedades hasta el 17 de noviembre de 2008, carecía de facultades ordinarias, para intervenir, investigar y sancionar a las captadoras ilegales que venían operando desde el 2006.
La misma posición asumió el Departamento administrativo de la Presidencia de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia.
“Claramente, con el concurso de los mismos actores, quienes a pesar de conocer el riesgo que asumían al entregar sus dineros a una sociedad no habilitada, ni autorizada para este tipo de operación financiera, obviaron cualquier medida de precaución y cuidado, incentivados por el lucro exorbitante que como contraprestación se les ofrecía por quien a la postre les timó”, precisó la Superintendencia Financiera.
La Fiscalía General de la Nación, también demandada, aseguró que en su caso no se configuran responsabilidades como quiera que esta no es un organismo supervisor o de control de la entidades captadoras de dinero.
“Los demandantes actuaron con autonomía y pleno conocimiento de los posibles riesgos y consecuencias a las que se exponían al entregar un capital para obtener un rendimiento tan alto del 150%”, alegó el abogado de la entidad.
Desde el año 2006, la Superfinanciera advirtió que DMG no estaba autorizada para recibir masivamente el dinero del público y para diciembre de 2007, generó una alerta sobre la medida cautelar adoptada en su contra por captar sofisticadamente mediante tarjetas prepago, dinero del público, sin contar con la respectiva autorización legal previa. Esa medida afectaba las oficinas de DMG en Bogotá y Neiva.
Las víctimas
Las víctimas de las pirámides alegaron que las entidades demandadas no contaron con los medios suficientes para haber enfrentado a tiempo el fenómeno de la captación masiva de dineros antes de la declaratoria de emergencia social y económica.
Además, desconocían el funcionamiento de la empresa DMG y no existió justificación para no vigilar, controlar e intervenir a tiempo la captadora ilegal.
En estas circunstancias, estimaron que la Superfinanciera, tenía conocimiento de la existencia y de las actividades que realizaba la entidad DMG Grupo Holding S.A. pero omitió las responsabilidades de inspección, vigilancia, y control que tenía con esta y otras empresas que realizaban similares operaciones financieras.
La entidad debió alertar a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio de Hacienda, a la Fiscalía General de la Nación y a la Presidencia de la República sobre la nueva razón social que surgió de la sancionada empresa DMG S.A., la empresa DMG Grupo Holding S.A. que fue creada por los mismos accionistas, el mismo Representante Legal y con el mismo objeto social.
“Por tanto, esta entidad debió haber tomado acciones legales a que hubiere lugar para esclarecer las actividades que realizaba y no solamente reconvenir pasivamente a los funcionarios de dicha empresa para que suministraran la información correspondiente”, afirmaron.
Sin pruebas
No obstante, la eventual omisión, e inoportuna intervención de la Superintendencia Financiera Colombia no se logró acreditar, precisó la magistrada Beatriz Teresa Galvis.
En su criterio, la SFC se percató desde el año 2007, de la existencia de personas jurídicas que sin estar autorizadas, se dedicaron a la captación masiva de dineros al público, bajo varias modalidades, que no le permitieron al ente de control, detectar de manera temprana la actividad ilícita que en tal sentido desarrollaban.
“En estas condiciones no encuentra la Sala demostrada la falla en el servicio que se le atribuye a la Superintendencia Financiera por omisión o tardía intervención de la sociedad DMG Grupo Holding S.A”, concluyó.
La estrategia
De hecho, los mecanismos empleados por DMG para ocultar sus operaciones eran en extremo sofisticados, creados precisamente para eludir las normas sobre captación ilegal.
Para que se configure la captación ilegal, según las normas de la época, era necesario que los dineros se recibieran sin tener como contraprestación el suministro de bienes o servicios. Por esta razón los captadores no autorizados acudieron a figuras tales como la venta de programas o proyectos turísticos, la venta de tarjetas prepago, la promoción o publicidad voz a voz, los contratos de cuentas en participación, la venta de proyectos turísticos e inmobiliarios, entre otras.
“De este modo la sofisticación de los medios empleados consistía precisamente en acudir a sistemas ideados especialmente para engañar el público, disfrazar la actividad de captación y dificultar la labor de control estatal”, acotó el organismo de control.
Además, diseñaron formas contractuales atípicas que permitían encubrir la real naturaleza del recaudo de dineros del público, disfrazados para darle un manto de legalidad a la actividad de las empresas captadoras. También se crearon empresas fachadas debidamente registradas en las cámaras de comercio con objetos societarios vagos e indefinidos que permitían difuminar las operaciones de captación.
Sin herramientas
Por su parte la Superintendencia de Sociedades, ejercida en esa época por Hernando Ruiz López, no tenía en ese momento facultades para intervenir, investigar y sancionar a esas entidades. Solamente inicio a una investigación administrativa contra la sociedad DMG Grupo Holding S.A.
Con la emergencia económica (Decreto 4334 de 2008) le otorgaron esas competencias para intervenir en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal. Con esas herramientas podía ordenar la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, con el objeto de restablecer y preservar el interés público amenazado.
“Por las mismas razones, puede inferirse que no se presentó la supuesta intervención tardía endilga a la Superintendencia de Sociedades”, apuntó la magistrada.
La omisión atribuida a las entidades demandadas no resultó acreditada. Por el contrario, se demostró que las actuaciones desplegadas para conjurar la expansión de las captadoras ilegales de dinero se realizaron de conformidad con la normatividad existente y que, el Gobierno Nacional consciente de los efectos que dicha empresas estaban causando al interior de la sociedad, declaró la emergencia social a efectos de dotar a las entidades de normatividad más expedita y eficaz para contrarrestar el fenómeno.
En este asunto, la demanda no prosperó. Otras tres demandas similares fueron falladas negativamente en el 2017, 2018 y 2019.
