Colombia responderá cuando sea requerida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ante la nueva demanda que Nicaragua presentó sobre la delimitación marítima en el Caribe, dijo este jueves la canciller.
"Vamos a contestar en el momento en que la Corte lo requiera. Estaremos prestos a contestar, así como estamos prestos a contestar la otra demanda sobre la plataforma continental extendida", dijo la canciller María Ángela Holguín a periodistas en Cúcuta.
La CIJ informó el miércoles que recibió una nueva demanda de Managua en la que acusa a Bogotá de violar su soberanía en las áreas marítimas del archipiélago de San Andrés, un litigio que ya resolvió el tribunal internacional en noviembre de 2012.
"Nicaragua ruega a la Corte decir y juzgar que Colombia (…) no cumple la obligación que le incumbe de no violar los espacios marítimos de Nicaragua", indicó el gobierno nicaragüense en su demanda, citada por la CIJ en un comunicado.
Al respecto, el vicealmirante Hernando Wills, comandante de la Armada, dijo a periodistas que "no hemos tenido ningún incidente con pesqueros nicaragüenses a los cuales nosotros hayamos intimidado".
El año pasado, el tribunal confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como islotes y cayos adyacentes, pero también amplió la plataforma continental de Nicaragua en más de 90.000 km2, según Managua, y 75.000 km2, de acuerdo con Bogotá.
En un intento por blindarse a nuevas demandas del país centroamericano, Colombia había denunciado el 28 de noviembre de 2012 el Pacto de Bogotá, al que se había adherido en 1948 y con el cual el país se comprometió a dirimir sus desacuerdos limítrofes con otras naciones del hemisferio en la CIJ.
Ante la nueva demanda de Nicaragua, el gobierno de Colombia reaccionó llamando el miércoles a consultas a su embajadora en Managua.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos sostiene que no ha desconocido el fallo de la CIJ sobre la delimitación en el Caribe, sino que no lo puede aplicar mientras no haya un tratado limítrofe entre los dos países.
La Constitución establece que los tratados que modifiquen sus fronteras deben ser aprobados por el Congreso.