POR: José Joaquín Cuervo Polania
Propongo desde esta columna de opinión, una discusión propia de los colombianos que no dejamos de tener la esperanza de obtener la paz esquiva que no hemos podido conquistar: resucitar el interés por la consolidación del acuerdo de paz. Son pocos los informes de las comisiones de verificación, la relevancia del impulso internacional de quienes fungieron como garantes del acuerdo de paz se ignora y se le presta la menor importancia. Hoy caemos en la cuenta que es desproporcionado el poder del Presidente para decidir por la paz. Una paz pactada con condición de sostenibilidad fiscal, sin tener en cuenta a los territorios; el mejor acuerdo de paz logrado en el planeta no ha conseguido cambiar el paradigma guerrerista que sigue dando estatus al militarismo y a las ideologías del orden, la gendarmería y el estado de fuerza.
Por ello propongo en las siguientes columnas hacer un balance sobre el cumplimiento de los seis puntos del acuerdo. Al fin y al cabo, es posible que un próximo gobierno de este régimen presidencialista a ultranza quiera volver al cauce de la consecución de la paz estable y duradera que necesita este país. Confieso que los colombianos en general, sus lideres y las entidades territoriales que mayormente sufrimos las consecuencias de la violencia del conflicto armado somos quienes más nos sentimos en incertidumbre, maniatados y sin el poder siquiera de opinar o hacer seguimiento a los compromisos de las partes del acuerdo de paz.
A casi cinco años de la celebración del primer acuerdo de Paz entre la Guerrilla de las Farc y el gobierno, podemos decir que nunca se entendió el dilema que entraña este tipo de pactos para el logro del más anhelado sueño de la mayor parte de los colombianos, nunca entendimos que en todo caso es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Nunca entendimos que en toda paz y en todo armisticio debe haber concesiones mutuas; el gobierno debía desde la justicia transicional flexibilizar en parte su objetivo de persecución del delito y la guerrilla debía aceptar su responsabilidad; uno y otro su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y con las acciones de no repetición, todo en favor de las víctimas del conflicto. Doloroso es reconocer que terminó triunfando la tesis de la derecha que el acuerdo de paz fue un propósito fallido, que el acuerdo del teatro Colón terminó siendo un robo a la democracia que decidió por mayoría (así fuera mínima) decidir por la no refrendación del acuerdo. Que el acuerdo sólo era un caldo de cultivo promotor de la impunidad. Todas las mentiras que se repitieron terminaron en convertirse en una verdad: que el acuerdo era una farsa, que sólo había sido la búsqueda de un premio nobel de paz, que no había cómo implementarse; que ahora los prohijados del presupuesto Nacional iban a ser los victimarios (La guerrilla) y no las víctimas. Que los excombatientes no pagarían un solo día de cárcel; que no confesarían, que sólo habían cambiado de estrategia para tomarse el poder (comenzando por el Congreso)
Se confundió la naturaleza del acuerdo; ya nadie se atreve afirmar que dicho Acuerdo cuenta con carácter jurídico-internacional y que supone además efectos constitucionales en Colombia. Todos quieren ignorar su carácter vinculante en el ámbito internacional y con ello negarse a cuestionar si puede considerarse como una fuente de obligaciones del Estado colombiano. Ni siquiera han querido apelar a su efecto vinculante como una manifestación de voluntad, un acto unilateral del estado de obligación constitucional desde la buena fe de la que tuvieron que partir las dos partes. Olvidamos que el acuerdo tuvo garantes internacionales; que es un acuerdo especial en el que se aplican principios y acciones del D.I.H. que le otorgan constitucionalidad; que emanó de una autoridad legítima con competencia sobre los temas acordados en virtud de sus funciones. Que el Presidente pudo haber hecho el acuerdo de paz y que su refrendación popular era sólo una decisión discrecional (un tanto ególatra y populista, eso sí) Que el Acuerdo surge dentro de un marco de una negociación legítima, que se hizo de frente a la ciudadanía y con una participación amplia de todos los sectores. Que se hizo con la revisión y supervisión de instancias institucionales de las tres ramas del poder público; que incluye obligaciones para el Estado colombiano a las que se llegaron por discusiones y consenso entre las partes, por debates en el congreso, por avales constitucionales dados por la máxima instancia en materia de derechos humanos; con la orientación y el concepto del órgano rector Constitucional. Estos son elementos que deben volver al escenario de la discusión, no porque el gobierno esté haciendo caer en desuso el anhelo de la paz, no porque se haya incitado desde la perspectiva de Derecha a mantener el estado de guerra como el estado natural de convivencia de los colombianos; podemos desdibujar el gran sueño de la paz; no podemos hacer inútiles los trabajos, los esfuerzos en favor de ese anhelado carisma.
