Hoy, la Plataforma Sur de Procesos Sociales presentará un completo informe sobre el fenómeno de la desaparición en el Huila. En exclusiva, LA NACIÓN entrega los datos más relevantes de esta radiografía regional de un delito que registró su mayor número de casos entre 2001 y 2004, periodo en que se puso en marcha la política de Seguridad Democrática.
Lucía Sánchez
Tras décadas de dolor y silencio los colombianos empiezan a conocer y reflexionar sobre los horrores que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado. Sin duda, una de las verdades más apabullantes que surgen tiene que ver con un fenómeno desgarrador: la desaparición en todas sus modalidades, delito del que centenares de huilenses fueron víctimas directas.
En exclusiva, LA NACIÓN obtuvo acceso a la más reciente investigación sobre este crimen de lesa humanidad en el departamento. Se trata de “Huila: siguiendo las huellas de la vida”, el drama de la desaparición en el territorio opita, un completo diagnóstico que la Plataforma Sur de Procesos Sociales presentará hoy, con el cual se podrá dar un paso decisivo hacia la verdad en relación a este delito.
Teniendo en cuenta diversas fuentes el informe entrega cifras consolidadas de las personas que desaparecieron forzosamente en Huila, en el marco del conflicto armado. A pesar de ello, no existe un consenso oficial que dé cuenta de la cantidad real de los desaparecidos.
“Esto se debe a la disparidad entre las cifras que manejan distintas fuentes institucionales, así como a la falta de coordinación entre las mismas entidades a la hora de crear un registro único oficial, hechos que llevan a considerar que puede haber un gran subregistro en el número de casos”, se explica en el informe.
Y es que el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta un total de 512 víctimas directas de este delito en todo el departamento desde 1985. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) registra 752 personas desaparecidas en el Huila hasta 2018. Entre tanto, el Sistema de Información Red de Desaparecidos (SIRDEC) consolida 406 casos a la fecha.
Radiografía del flagelo
El diagnóstico “Huila: siguiendo las huellas de la vida”, muestra de manera desagregada el número de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en 14 municipios priorizados, según las mencionadas fuentes oficiales, entre los cuales se encuentran Algeciras, Garzón, La Plata, Neiva y Pitalito.
En este sentido, la capital huilense reporta 123 casos en el RUV, 128 en la plataforma del CNMH y 99 en el SIRDEC, mientras el Valle de Laboyos consolida 68, 106 y 55 registros respectivamente, en estas mismas fuentes institucionales de desaparecidos. Por su parte, la Despensa Agrícola del Huila registra 35, 38 y 34 víctimas en las mencionadas entidades, siendo estas las tres poblaciones con las más altas cifras.
Según el informe, el trabajo de campo adelantado en los 14 municipios seleccionados en el marco del proyecto posibilitó a los investigadores acceder a un diálogo directo con familiares de personas dadas por desaparecidas y así conocer de primera mano sus testimonios.
“Si bien los resultados aquí expresados se convierten en un importante aporte al estudio del fenómeno de la desaparición en el Huila, solo describen una parte del flagelo en su totalidad. Esto se debe, por un lado, a que la muestra con la que se desarrolla el presente análisis (139 casos) es relativamente pequeña”, afirma un aparte del diagnóstico.
El primer elemento a mencionar es que se identificaron dos formas predominantes de desaparición en el marco del conflicto armado en estos municipios: aquellas que se dieron por la vía del reclutamiento ilícito, y, por otra parte, las desapariciones forzadas. Cada una de estas tiene una serie de elementos particulares.
De esta manera, la desaparición forzada consolida 79 casos en dichas poblaciones, siendo La Plata, Oporapa y Baraya las localidades con más registros al reportar 14, 13 y 12 desaparecidos respectivamente. Mientras en relación al reclutamiento ilícito, Oporapa, Neiva y Garzón presentan los más altos números con 9, 7 y 7 víctimas de este delito cada uno.
“Sin duda, de acuerdo a nuestros registros, la modalidad de desaparición forzada es la prevaleciente con el 58%. Seguida del reclutamiento ilícito con el 39%, y con muy bajo porcentaje el secuestro”, explica el informe.
Indica, además, que los mayores eventos de desaparición en los municipios seleccionados se dieron entre los años 2001 y 2004, periodo en el cual se puso en marcha la política de la Seguridad Democrática, manteniéndose con ligeros descensos hasta el 2016, fecha en la cual se firma el Acuerdo de Paz.
La desaparición forzada
Los investigadores detallaron que este trabajo de campo posibilitó identificar el responsable de la desaparición forzada de 34 casos, lo que corresponde al 41% del total. Esto se debe a que es un delito de alta impunidad y ocultamiento de los autores, ya que en muchos eventos los familiares afirmaron no tener conocimiento debido al accionar de grupos armados que no se identificaban.
“Dicho patrón es concordante con las dinámicas de desaparición forzada a nivel nacional asociadas a grupos paramilitares e incluso a la fuerza pública. En el actual contexto de reconfiguración del conflicto armado, social y político regional, el silencio y el miedo son factores determinantes para la identificación de los perpetradores”, puntualiza el informe.
Ahora bien, durante las visitas a los 14 municipios priorizados se pudieron identificar un total de 30 desapariciones forzadas asociadas a las Farc-Ep en el periodo que comprende del año 1980 al 2012.
“Según los relatos de sus familiares estas desapariciones pudieron ser efectuadas como una forma de castigo por: posibles negativas ante una orden, personas que tenían relacionamiento con la fuerza pública, violar algún código de comportamiento impuesto por este grupo armado, ser señalados negativamente por milicianos o porque la víctima estaba en contra de los intereses del grupo. Este es un patrón, es decir, una acción repetitiva que ha estado presente en las dinámicas territoriales de desaparición en el Huila”, explican los investigadores.
Igualmente, a raíz del trabajo de campo se recolectaron seis casos de desaparición forzada asociados a miembros de la fuerza pública en los 14 municipios seleccionados, cinco de ellos de sexo masculino en edades entre los 22 y 26 años. “Estos tienen en común que las víctimas ya habían sido previamente objeto de señalamientos, persecuciones y amenazas en distintas ocasiones. En dos de estos casos, las víctimas tenían un relacionamiento con el movimiento guerrillero, en otros dos eventos eran personas que ejercían un liderazgo comunal en sus territorios. Al tener cuenta estos elementos, las características particulares, los tiempos, formas y las intencionalidades, es posible señalar que la desaparición forzada llevada a cabo por miembros de la fuerza pública fue usada como una forma de castigo en contra de identidades políticas diferentes, de personas que para los perpetradores representaban una especie de amenaza a intereses particulares”, se analiza en el diagnóstico.
Y para los casos de las desapariciones forzadas asociadas a los grupos paramilitares en el departamento, se identificaron 8 casos, estos siguieron un patrón similar al de la fuerza pública en cuanto a su finalidad, es decir se hicieron con fines de anular identidades políticas alternativas, buscando sembrar el terror más allá del núcleo familiar de la víctima directa, como una práctica de castigo, venganza y odio. Cabe anotar que, indica el informe, en la mayoría de casos este actor buscaba disminuir la magnitud de los homicidios y masacres, apelando al ocultamiento de los cuerpos mediante la inhumación en fosas comunes y/o arrojándolos a los ríos, socavones, despeñaderos, entre otros. En muchos hechos la perpetración de la desaparición se hizo bajo el anonimato o con operaciones encubiertas y uso de prendas de las fuerzas militares.
Reclutamiento ilícito
Otra modalidad puesta sobre la mesa en el informe, es la desaparición por reclutamiento. En los municipios priorizados se conoció de un total de 58 personas reclutadas ilícitamente por las Farc-Ep, de las cuales 33 casos fueron niños, niñas y jóvenes menores de edad, mientras que 25 casos corresponden a personas mayores de edad. Señala el diagnóstico, que para lograr el reclutamiento este grupo apeló a distintas estrategias tales como la persuasión, la coacción y en otros casos la manipulación, todo esto con el fin de lograr aumentar el número de combatientes en sus filas y con ello fortalecer su estructura armada.
“Las tácticas persuasivas fueron las de mayor uso, para ello apelaron al ofrecimiento de condiciones de vida que muchas de sus familias no podían garantizar por las condiciones socioeconómicas, también evocaron la posibilidad de escapar a los maltratos intrafamiliares, en algunos casos fueron motivados por familiares o conocidos que ya hacían parte de la estructura guerrillera, la opción de ganar poder y autoridad a través de la participación en el grupo armado, la idea de auto sostenerse a partir del trabajo al interior de la organización, entre otras razones más, que podían hacer que se vincularan al grupo armado. Todo ello mediado a su vez por el papel de mando que ejercían las Farc-Ep en estos territorios que sin duda también ejercía un grado de presión sobre ellos”, explica el informe “Huila: siguiendo las huellas de la vida”.
Hoy, desde la 9 de la mañana y hasta mediodía, la Corporación Plataforma sur de Procesos Sociales estará haciendo la presentación de este diagnóstico a través de su cuenta de Facebook. “Lo que pretendemos es mostrar el delito de desaparición en el marco del conflicto, el cual se ha mantenido oculto”, afirmó Belén Alarcón, directora de dicha organización.
