Por: Eduardo Gutiérrez Arias
Siguiendo la recomendación de Ramiro Bejarano en su columna del Espectador del domingo 22 de agostos pasado, compré el libro recientemente reeditado de Germán Arciniegas “Entre la libertad y el miedo”, sobre las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado donde sobresale el capítulo “Como se destruye una democracia: Colombia”. Allí el autor describe magistralmente como el Partido Conservador que ganó la presidencia en 1946 por la división liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán, va transformando progresivamente el Régimen Político, de una democracia liberal burguesa, a una dictadura de corte neofascista. Este proceso se inició en el gobierno de Mariano Ospina Pérez y se consolidó en el de Laureano Gómez. Como el partido liberal tenía las mayorías en Cámara y Senado, cerró el Congreso, decretó el estado de sitio y la censura de prensa, se prohibieron las manifestaciones y actos públicos y en pueblos y veredas de mayoría liberal, la policía política del régimen llamada “chulavita” inició las matanzas y persecuciones contra la oposición. El Partido Liberal renunció a su participación electoral y de esta manera el candidato Conservador Laureano Gómez, como candidato único “triunfó” en las elecciones de 1950, profundizando durante su gobierno el régimen de terror antipopular. La violencia oficial durante estos dos gobiernos dejó cerca de 50.000 muertos. Siguiendo el ejemplo de la campaña macartista en Estados Unidos contra los sindicatos y todo lo que tuviera sospecha de “comunismo”, aquí también el Partido Liberal y toda forma de oposición fueron declaradas como conspiraciones comunistas contra la patria, la democracia y la religión cristiana.
Pero lo verdaderamente trágico para Colombia es que pasados 70 años de aquellas sangrientas dictaduras, el país no ha podido borrar la herencia del neofascismo que ellas dejaron. Recientemente tres instituciones nacidas del proceso de paz (la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) denunciaron cómo desde el 1 de febrero del 2016, han sido asesinados 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las Farc y piden un plan especial del Estado contra este fenómeno, pero en el alto gobierno nadie les presta atención. Tampoco avanzan las investigaciones por los llamados “falsos positivos” que comprometen a miembros de las fuerzas armadas en este delito de lesa humanidad, del cual las autoridades han registrado más de 6.400 casos y cuyos ordenadores fueron generales y autoridades civiles del más alto nivel.
Los partidos que han manejado el Estado en los últimos 30 años llevan en su ADN la herencia del neofascismo y solamente separándolos del poder podrá Colombia construir una democracia verdadera.
